El derecho a la vivienda exige llaves
Maricarmen Abascal falleció dos semanas después de ser sacada de su casa en camilla. Su caso ha adelantado las elecciones y ha convocado una huelga general.
Madrid — Maricarmen Abascal murió el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón. Tenía 87 años. Dos semanas antes, la habían sacado de su piso de Retiro en camilla, con un despliegue policial de operativo antiterrorista.
Vivía allí desde los 17. Setenta años. La misma casa donde murieron sus padres. La misma casa de la que salió para no volver.
Las imágenes dieron la vuelta al país: la camilla, los agentes, y cientos de
jóvenes gritando "¡Maricarmen, no estás sola!" Una señora mayor, sola,
despojada de su hogar, y una generación que no la conoce pero que sabe
perfectamente lo que significa que te echen de donde vives.
Su abogada lo dijo sin adornos: "Si no llega a producirse el desahucio, su
muerte no habría llegado tan rápido". A veces la justicia mata sin querer,
pero mata.
Un contrato, una empresa y un laberinto que nadie quiere recorrer
Maricarmen pagaba unos 500 euros al mes. En 2018, el edificio fue
comprado por Urbagestión. La empresa quiso subirle el alquiler a 1.600. Su
pensión era de 1.400. Setenta años de vida no caben en una hoja de cálculo,
pero el mercado no lee hojas de vida: lee contratos.
Legalmente, todo era impecable. El contrato había vencido. La propiedad
podía disponer. La ley, dicen, es igual para todos. Otra cosa es que sea justa
o que quien la aplica tenga sentimientos humanos y sentido común.
Aquí aparece el laberinto que el profesor Luis Nogues Sáez
[Público.es/opinión/08/10/2026] describe con precisión: en España, la
vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Pero
cuando el desahucio está en la puerta, quien aparece no es la Agencia de
Vivienda Social de Madrid, sino los servicios sociales del Ayuntamiento y
el SAMUR Social. Un dispositivo asistencial, sin competencias ni
patrimonio inmobiliario, gestionando una emergencia habitacional.
Nogues lo llama "descompresión competencial". Traducido: quítame el muerto de
encima y pásaselo al de al lado.
A esto se suma que, desde marzo de 2024, ya no existe el convenio entre el
CGPJ y la Comunidad de Madrid para detectar casos de vulnerabilidad
antes de un lanzamiento. Se quedó sin renovar. Sin ruido. Sin titulares.
Los datos que nadie quiere mirar a la cara
España tiene un parque de vivienda pública de alquiler que representa el
0,9% del total. Países Bajos: 30%. Austria: 24%. No es una diferencia. Es
otra especie.
En 2023 se ejecutaron en España 26.659 desahucios. La mayoría, por
impago de alquiler.
El artículo 47 de la Constitución dice: "Todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Setenta años de Maricarmen
fueron, supuestamente, el ejercicio de ese derecho. Hasta que dejó de serlo.
Hasta que una empresa decidió que su contrato valía más que su vida. Y la
jueza Elena Cortina Blanco decretó la ejecución.
Alguien dirá: pagaba muy poco. Claro. Ese es el argumento. Una empresa
compra un edificio sabiendo que dentro vive una señora con un contrato
antiguo. Lo compra barato precisamente por eso. Y luego aprieta hasta que
la señora se va. O se muere. Da igual el orden.
¿Eso es inversión? ¿O es otra cosa que no me atrevo a nombrar?
La desigualdad social: cuando el código postal decide tu vida
La crisis de vivienda no es un problema de oferta y demanda. Es un
mecanismo de selección social. Según el Informe sobre Desigualdad en
España 2026, el 45% de la población considera que la crisis de la vivienda
le genera "una gran preocupación".
Entre los inquilinos, ese porcentaje
asciende al 73,6%. En la franja de 25 a 40 años, comprar una vivienda se
ha vuelto "prácticamente imposible". La herencia y el lugar de nacimiento
determinan el bienestar residencial. España tiene una tasa de pobreza
infantil del 24%, una de las más altas de la UE.
No es una brecha. Es un abismo. Y Maricarmen cayó por él. Setenta años
pagando una renta que nunca fue de mercado generaron una plusvalía de
más de 400.000 euros. Ella la produjo. Otro la disfrutará.
La polarización política: cuando el debate deja de ser debate
El mapa político español se ha fracturado. Según el CIS, el 24,7% de los
ciudadanos se autoubica en la "extrema izquierda", el porcentaje más alto
desde 1982. Simultáneamente, el bloque de extrema derecha se consolida.
El investigador del CSIC Luis Mullor lo resume así: "El votante de centro
está desapareciendo". Ambos polos se expanden. El espacio para la
negociación se contrae.
En este contexto, la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse
en un campo de batalla. El Congreso tumbó los decretos-ley de vivienda
—incluida la prórroga del escudo antidesahucios— con los votos de PP,
Vox y Junts. Estos partidos defendieron su trinchera.
Una sociedad polarizada no es una sociedad que debate. Es una sociedad
que grita. Y mientras grita, alguien muere en una camilla.
Cuando la calle se convierte en el único órgano competente
Tras el desahucio, Madrid se llenó. Acampadas en Sol. Manifestaciones en
cuarenta ciudades. El derecho a la vivienda dejó de ser un tema de expertos
y se convirtió en un grito.
Entonces pasó lo impensable: el Congreso tumbó los decretos-ley de
vivienda. Sánchez anunció un adelanto electoral: 29 de noviembre.
Y luego ocurrió algo sin precedentes: una huelga general convocada por
organizaciones sociales, no por los sindicatos tradicionales. El motivo no es
el salario. Es la vivienda. Por primera vez, la vivienda dejó de ser un
problema individual y se convirtió en una huelga.
En Madrid, la magistrada Raquel Catalá, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 29, ha paralizado ya ocho desahucios exigiendo al
Ayuntamiento y a la EMVS soluciones habitacionales estables, no un
colchón de SAMUR Social. La justicia, felizmente a veces, llega antes que
la política. Aunque sea por la puerta de atrás.
Lo que Maricarmen dejó dicho
Desde el hospital, Maricarmen mandó un mensaje: "No he podido
conservar mi casa, pero he luchado para que otros aprendan a luchar por la
suya".
Murió sin volver. Su piso vale ahora más de 400.000 euros. Ella pagó,
durante setenta años, con una renta que nunca fue de mercado, la totalidad
de esa plusvalía. La generó ella. La disfrutará otro.
El Sindicato de Inquilinas lo resumió: "Lo que tenemos que hacer es lo que
ella nos pidió: seguir luchando por lo que es nuestro".
Los partidos obligados a hablar de vivienda porque una señora de 87 años
murió después de que la echaran. Ese es el nivel de nuestra democracia:
necesita un cadáver para abrir un debate.
El Evangelio de los sin techo
Hay un versículo que debería leerse en cada pleno municipal antes de
aprobar un desahucio. Lucas 2,7: "Y lo acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos en el mesón." No había lugar. Dos mil años después,
seguimos repitiendo la misma escena.
El papa Francisco lo dijo sin rodeos en 2024: la dignidad humana se
concreta en tres derechos irrenunciables —tierra, techo y trabajo— y
exigió a las instituciones eclesiales que pusieran sus inmuebles vacíos a
disposición de quienes no tienen hogar. En Washington, ante personas sin
techo, fue aún más directo: "Hoy no existe ninguna justificación social,
moral o de cualquier tipo para la falta de vivienda."
Las tres T del Papa —tierra, techo, trabajo— son exactamente lo que falta
en el debate español. Se discute sobre competencias, sobre identidades,
sobre decretos, sobre calendarios electorales. Se discute sobre todo,
excepto sobre lo esencial: si una sociedad puede permitir que una mujer
muera en un hospital porque "no había lugar para ella" en su propia casa.
Maricarmen no volverá a su casa de Retiro. Pero su muerte ha puesto
nombre a lo que la política lleva años evitando nombrar: que la vivienda no
es un mercado, es un derecho. Que la desigualdad no es una estadística, es
una camilla. Que la polarización no es un debate, es una excusa. Y que
ninguna democracia puede permitirse llegar tarde a todo, excepto a la hora
de ejecutar un desahucio.
Una democracia que llega a tiempo con la policía y tarde con las llaves no
es humana, es indigna. Necesita cambiar de prioridades. La dignidad no
puede esperar al siguiente decreto bajo una tienda de campaña.