El pasado 27 de mayo, el Congreso de los Diputados aprobó un plan de ajuste económico contra la crisis propuesto por el Gobierno español que prevé ahorrar hasta 15.000 millones de euros en 2010 y 2011. La iniciativa quiere reducir costes pero a cambio de recortes en políticas sociales que afectarán a población vulnerable y que, ya antes de la crisis económica, estaba en riesgo de exclusión social.
En diferentes sectores la percepción es que España ya invierte suficientes recursos en política social. Pero nada más lejos de la realidad. Esta percepción es falsa y los recortes aprobados en el Congreso aumentarán todavía más la brecha en inversión en bienestar social. En el Estado español, el 19% de la población vive en situación de pobreza y, según datos de Eurostat, el país ocupa en la actualidad el lugar 16 en porcentaje del PIB dedicado a protección social en la UE.
La media europea se sitúa en el 27,17% mientras que la inversión española en política social significa el 21,06% del PIB. En Catalunya, con un riesgo de pobreza del 16,6%, el gasto representa el 17,8% del PIB catalán, según datos de IdesCat de los años 2008 y 2007.
La inversión en protección social del Gobierno español se centra sobre todo en prestaciones para el paro y la jubilación. Según Eurostat, el Estado español es el segundo país de la Unión en inversión del PIB en prestaciones para desempleados. A la cola se encuentra la inversión en medidas contra la exclusión social y en vivienda, que supondrían abordar cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, como situaciones graves de sinhogarismo y vivienda inadecuada.
Entre las medidas de ajuste económico aprobadas por el Congreso destacan dos: la suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011 y la eliminación de la retroactividad en las prestaciones de la Ley de Dependencia. Aun cuando el Gobierno ha asegurado que no se tocarán las pensiones más bajas (las no contributivas, las contributivas que reciben complementos de mínimos y las del antiguo régimen del SOVI no concurrentes con otras), la situación no deja de ser preocupante: por un lado, las pensiones más bajas no superan el umbral de la pobreza y, por otro, con la suspensión de la revalorización se pierde la oportunidad de usar las pensiones como herramienta para disminuir a la larga el riesgo de caer en la pobreza.
Asimismo, la decisión de eliminar la retroactividad en las prestaciones de la Ley de Dependencia incidirá negativamente en la situación económica de muchas familias y, además, la mayoría de especialistas consideran que los seis meses de plazo para resolver las solicitudes son inviables.
Propuestas de acción:
Ante esta situación, Arrels propone:
?? Priorizar la inversión social como herramienta de prevención de la exclusión social, apostando por la inversión en políticas que luchen contra las causas de la pobreza.
?? Apostar por la eficiencia y una mejor planificación de las políticas y recursos sociales. El último informe de Eurostat calcula que en el Estado español el 25% de la población viviría en la pobreza si no hubiera ningún tipo de política social y que, con inversión social, este porcentaje baja sólo hasta el 19%; esto nos sitúa los terceros por la cola, en Italia y Bulgaria. En otros países con un índice de pobreza inicial similar o superior, como Portugal, Hungría o Austria, el porcentaje tras la inversión puede llegar a disminuir en un 15%.
?? Contar con medidas efectivas para evitar el fraude fiscal y la economía sumergida, que hacen perder recursos que se podrían invertir en iniciativas de lucha contra la pobreza.
?? Invertir las prioridades en la inversión social. Apostar por medidas que generen ocupación en vez de medidas paliativas e insostenibles. También pedimos el impulso de medidas que garanticen derechos básicos como la vivienda social y de inclusión.
?? Recortar gastos de otras áreas no relacionadas con las políticas sociales, como el gasto militar. Según la Fundació per la Pau, con los recortes el Gobierno español quiere ahorrar 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011, una cifra menor a los 17.000 euros que el Gobierno tiene presupuestados para gasto militar sólo durante este año.
Desde Arrels, pensamos que si se adoptaran estas medidas irían en la línea del mensaje que se está dando este 2010 con la celebración del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión y ayudarían a poner las bases para lograr dos hitos importantes que la Unión Europea tiene sobre la mesa: acabar con las situaciones de pobreza en la UE antes del año 2020 y poner fin al sinhogarismo antes del 2015.
Más información:
Reflexiones de ECAS sobre las políticas sociales
Lee la Memoria 2009 de Arrels Fundació