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ESPAÑA 2.013 (Historia y fracaso de nuestro actual proceso democrático) -- Román Díaz Ayala

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El presente texto se escribe con unos días de antelación a la comparecencia de prensa del Presidente Rajoy para informar sobre los resultados de su primer año de mandato. Faltan apenas unos días para el Nuevo Año y la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado correspondientes al 2.013, que fueron aprobados sin ningún tipo de enmienda significativa dada la holgada mayoría del Partido Popular.

No ha existido necesidad alguna de negociar en el Parlamento, son un ahondamiento del programa de desmantelamiento sistemático de la anterior configuración social que llamábamos “Estado del Bienestar”, con un programa de recorte de gastos en servicios esenciales y un desvío del grueso de la carga recaudatoria sobre las clases populares, una disminución general de ingresos salariales y de las pensiones, sobre las capas menos favorecidas.

El inminente ejercicio presupuestario será el primero en que el Partido Popular no pueda alegar que su acción de Gobierno esté contaminada por la herencia recibida.

Treinta y siete años han transcurrido desde aquel noviembre de 1975 cuando fallecía después de una larga agonía el anterior Jefe del Estado e iniciábamos el proceso de apertura hacia la Democracia. Un año ha sido tiempo suficiente para desandar el camino.

Casi todos los actores sociales de aquel entonces han fallecido o han ido abandonando la escena pública, unos pocos que quedan pierden el protagonismo de primera fila. La única excepción la tenemos en la Jefatura del Estado, pues su Majestad el Rey Don Juan Carlos, un hombre muy joven por aquel entonces, está sufriendo en carnes propias y en su entorno familiar, afectados por algunos escándalos, la batalla por la sucesión. Algunos de sus familiares “políticos” han socavado con sus conductas irregulares y presuntamente delictivas el prestigio de la nueva monarquía.

La contestación en las calles ha tomado matices dramáticos: suicidios ante los desahucios o por la pérdida de trabajo, enjuiciamientos y multas gubernativas a manifestantes que ejercían sus derechos ciudadanos, acción violenta de cuerpos policiales que nos retrotraen a épocas pasadas…El otoño caliente augura un próximo estallido social, a una España en llamas. Cataluña arrima la leña.

Unos y otros han logrado que el nacionalismo catalán, una de las grandes riquezas de la identidad española se tiña de independentismo irredento. El nacionalismo catalán, en el que se miraban los otros nacionalismos españoles era el ejemplo de como construir la convivencia en una patria común.

El nacionalismo vasco, por razones históricas y etiológicas, tiene desde siempre divididos a nuestros paisanos de Euskadi, porque allí no se entiende sin un sentimiento de independencia que trasciende a otras regiones, Navarra y el otro lado de los Pirineos; una aldea de irreductibles frente al opresor. Por eso el nacionalismo vasco nunca fue peligroso para la integridad territorial, salvo con la presencia del terrorismo. El pueblo castellano tiene una gran raíz vasca en sus orígenes históricos.

Son muchas los interrogantes que acosan a la ciudadanía, hasta preguntarse en qué se equivocó la generación artífice de la Transición Política, máxime cuando hasta una iniciativa tan justa y tan llena de sentido como la Memoria Histórica sustanciada en una ley, está siendo borrada por las instituciones del Estado.

El modelo de organización, la España de las autonomías, está siendo sistemáticamente cuestionado tanto por la derecha que nunca lo aceptó, como por diversos colectivos progresistas que lo consideran un fracaso histórico. Si el planteamiento era bueno, porque daba respuesta a una aspiración histórica, ¿por qué no se las ha instrumentalizado de una forma más eficiente?

¿Por qué se ha instalado el discurso sobre España tal que fuera un Estado Nacional, y ó un Estado Plurinacional? ¿No sería porque esa ambigüedad calculada de llamar nacionalidades históricas en la Constitución cuando no se quería usar el término “naciones”, ha dado pie a la derecha ultramontana a pensar que habían cedido demasiado? ¿Y por qué no se declaró expresamente que España es un Estado plurinacional, donde un nacionalismo centralista es plenamente inviable, fruto de una época inmediatamente anterior, que los españoles queríamos dejar atrás?

La calle se hace preguntas del siguiente tenor: ¿Después del reinado de Juan Carlos I, no sería el momento de plantearnos una organización republicana del Estado?

Y si el actual partido gobernante, abanderado de la derecha más tradicional oprime a las comunidades hasta el punto que los nacionalismos se ven desamparados por nuestra actual Constitución interpretada por una visión de esta derecha que además goza del mayor poder político de la democracia, ¿puede extrañar a alguien que exploren otras vías ajenas al consenso general en el resto del Estado?

Los ciudadanos ante la evidencia de comportamientos asociales de diversas instituciones o colectivos, quieren saber por ejemplo, desde cuándo la Iglesia Católica permanece como una institución del Estado, siendo así que era comúnmente interpretada la Constitución en el sentido de que España se constituía en un Estado laico, dando este valor al “no confesionalismo” expreso. ¿Por qué la Iglesia sigue siendo generosamente subvencionada cuando en los acuerdos de hace ya treinta y cinco años ésta aceptó autofinanciarse? Hasta los mismos católicos ven con mucha preocupación que el Gobierno de los Obispos haga prevalecer el poder religioso sobre estructuras e instituciones del Estado, en abierta confrontación con las libertades públicas.

Su Majestad el Rey, en su saludo navideño a todos los españoles le dice a los políticos que “no todo es Economía”, y sin embargo, en nombre de las realidades económicas, la Constitución, y el Consenso General Social han sido vaciados de contenido, de todos los derechos ciudadanos reconocidos constitucionalmente, entre otros, la Educación, la Salud, la Cultura, la Vivienda, el Trabajo, la Justicia gratuita, etc.

Y si el Gobierno de los Jueces y los altos tribunales del Estado no se llegan a pronunciar, o sancionan como conforme a ley las muchas y variadas acciones legislativas del Partido Popular y otros actos de gobierno del Ejecutivo, porque su interpretación de la Constitución vigente así se lo permite, tendríamos entonces que plantearnos seriamente que la única posible salida de la crisis hará necesario abrir un proceso constituyente. No bastará con una convocatoria de Elecciones Generales, cuando toque.

Los españoles están en la calle, la conjunción de fuerzas del movimiento de protesta se ha consolidado. Existen ya, conatos de desobediencia civil que se pueden generalizar.

Esta es la España que nos ofrece el Partido Popular para el 2.013

26.12.2.012

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