El País Barcelona
Carlos Jiménez Villarejo, fiscal Anticorrupción de 1995 a 2003, cuando el PP forzó su relevo, participa activamente en el movimiento ciudadano de apoyo a Baltasar Garzón. El sábado viajó a Jaén para tomar parte en un acto de respaldo al juez.
Pregunta. ¿Cree que existe una cacería contra el juez Garzón, como se ha dicho en algunos sectores?
Respuesta. Las intenciones me son indiferentes. Yo me atengo a los hechos objetivos de las resoluciones judiciales y de los escritos de las partes. Y de ellos se desprende que hay un acoso orga-nizado y sistemático contra el juez, sobre todo si se estudia cómo se han producido las querellas, perfectamente calculadas y estudiadas. Me preocupa porque supone la persecución de un juez que es un ejemplo.
P. ¿Qué le parece que el Tribunal Supremo permita ejercer la acusación a Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel?
R. Me parece un atropello desde el punto de vista del derecho procesal. No es posible que una persona que está siendo perseguida por la justicia penal por delitos graves, como el blanqueo de capitales, se pueda constituir como parte para perseguir al juez que acordó las intervenciones telefónicas que son uno de los fundamentos probatorios contra él. ¿Por qué ha sido ofendido este señor para que se le permita acusar? Es él quien está siendo investigado.
P. Pese a ello, ha logrado que se admita una querella contra Garzón.
R. La admisión de esa querella constituye la forma más grave producida hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y los corruptos, porque transmite un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad. Si la respuesta a la actuación judicial es la persecución del juez, consentida y tolerada por el Tribunal Supremo, incluso por magistrados progresistas, aún se pone más de relieve que la persecución de la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente.
P. ¿Cree que la ciudadanía entiende que se admitan las querellas contra el juez por actuaciones tan diversas como el caso de las fosas, la trama Gürtel y los cursos subvencionados por el Banco de San-tander?
R. Lo que ha acordado el Supremo no se puede sostener ni jurídica, ni social, ni moralmente. No es admisible y socava los cimientos del Estado democrático, porque es poner al poder judicial bajo los pies de los caballos de los corruptos. Y eso significa que los corruptos han conseguido ya una victoria al someter a un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a investigarlos. Eso signi-fica para el Estado de derecho una inmensa derrota jurídica y moral.
P. Lo ha acordado el Tribunal Supremo, la cúspide del sistema judicial español.
R. El Tribunal Supremo no está libre del error, que nadie crea que son más inmunes. Son tres quere-llas admitidas y tres errores que demuestran el poder que tiene la extrema derecha en España, capaz de someter objetivamente al Tribunal Supremo a sus dictados. En los tres casos ha sido menosprecia-da la postura de la fiscalía y las decisiones del Supremo se sostienen únicamente sobre los argumen-tos de la extrema derecha y del Partido Popular. Y esto es dramático para un país, porque están aflo-rando las sombras del pasado.
P. ¿Es delictivo participar en unos cursos subvencionados por un banco y que luego se archive una causa contra directivos de ese banco?
R. Llevamos 25 años en que las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, han celebrado congresos comiendo en la mano de los bancos y cajas de ahorro, que han aportado cantida-des importantes, han pagado gastos de alojamiento y seguramente algo más. ¿Por qué no se pregun-tan los jueces y fiscales cómo encaja esto en el ejercicio libre e independiente de su función si cual-quiera de ellos ha tenido algún asunto con las entidades que les han subvencionado tan generosamen-te?