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Entrega de 417.000 firmas para pedir que no se pongan en marcha tribunales exclusivos para las multinacionales

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Hoy lunes 26 de febrero representantes de la campaña No al TTIP, CETA y TISA, que cuenta con el apoyo de más de 350 entidades, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas, hacen una entrega simbólica de 417.000 firmas al Ministro Luis de Guindos.

La petición, llamada ‘¡No a los tribunales exclusivos para las multinacionales
!’,

solicita al Ministro de Economía, Industria y Competitividad que:
*       abandone los planes para establecer un tribunal multilateral de
inversiones
*       rechace los nuevos acuerdos comerciales y de inversiones que
incluyan estos tribunales corporativos
*       se comprometa a eliminar dichos tribunales de los acuerdos ya
existentes.

Fotos de la acción

La Unión Europea está impulsando un Tribunal Multilateral de
Inversiones(MIC). Una justicia paralela para los inversores que da las
multinacionales, privilegios exclusivos pero ninguna obligación.

El 13 de septiembre de 2017, la Comisión Europea publicaba la «Recomendación
de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones
sobre un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral
para la solución de diferencias en materia de inversiones».

En los próximos días el Consejo tiene que tomar una decisión en este sentido
y, en el caso de aprobar el mandato, definir qué directivas para la
negociación otorgará a la Comisión Europea que representará a la UE en las
negociaciones.

Las fechas en las cuales se tomará esta decisión en el Consejo no son de conocimiento público. Únicamente tenemos información, gracias a las entidades de la sociedad civil, de que en la próxima reunión informal de Ministros de Comercio de la UE del 27 de febrero en Sofia, Bulgaria, se discutirá sobre este asunto.

La campaña No al TTIP, CETA, TISA alertó sobre los ISDS, ese sistema
jurídico paralelo que permite a los inversores llevar a juicio a los Estados
si consideran que ciertas decisiones democráticas afectan negativamente sus beneficios.

Casi 150.000 personas participaron en una consulta popular para
mostrar su rechazo a estos privilegios injustificados. Y en vez de
eliminarlos, ahora nuestros políticos están intentando implementarlos a
nivel mundial… ¡pero con otro nombre!

Al Estado español y a los contribuyentes nos afecta este tema directamente.

A día de hoy llevamos 36 demandas interpuestas por inversores extranjeros en
las que se piden 7.565,8 millones de euros en indemnizaciones.

El MIC sólo expande el sistema de arbitraje de inversión y es incompatible
con el Estado de Derecho.

El miedo a ser demandados por estos tribunales provoca que los gobiernos
actúen con mucha más cautela a la hora de tomar decisiones. Los tribunales
corporativos son una herramienta para presionar a los gobiernos y conseguir
que estos reduzcan la protección de la ciudadanía o el medio ambiente.

Además amplía la impunidad de las empresas que violan los Derechos Humanos.

Por si fuera poco, todo esto costará mucho dinero, y será la ciudadanía a
quien le toque pagar.

Para difusión:
Entrega de 417.000 firmas para pedir que no se pongan en marcha tribunales
exclusivos para las multinacionales

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Enviado a INOFO-DOC-UTOPÍAS, por Pepa Úbeda, desde Valencia
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exclusivos para las multinacionales

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¿Último round para acuerdo entre el Mercosur y la UE?

Esperando se formalice mejora en cuota cárnica, inician diálogo en Asunción.

Primero fue en diciembre y en Buenos Aires, pero fracasó. Luego vino enero y el lugar fue Bruselas, pero tampoco se concretó. Ahora la expectativa estará centrada por unos días en Asunción, donde nuevamente se reunirán para negociar los representantes del Mercosur y la Unión Europea (UE) con la pretensión de consensuar las cuotas de acceso de varios productos sensibles y culminar con un anuncio político que los encamine a la firma de un acuerdo comercial.
Al comienzo de la semana habrá intercambios entre los equipos negociadores del Mercosur, que prepararán las ofertas que desde el miércoles discutirán con sus pares europeos, en una instancia que se prolongará hasta el 2 de marzo.

Los analistas Marcos Soto (senior manager de la consultora PwC) e Ignacio Bartesaghi (director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica) coincidieron en diálogo con El País en que se trata de una instancia clave porque el acuerdo no puede demorarse más, así como también que sería un buen escenario retomar la negociación con la formalización de la mejora de la oferta de acceso cárnico de la UE.

Ambos bloques iniciaron el camino hacia un acuerdo en el 2000 con la pretensión de liberalizar el comercio, pero por diferencias políticas se abandonaron las conversaciones cuatro años después. El actual proceso comenzó en 2010 y desde el vamos se planteó un acuerdo menos ambicioso, dado el interés de las partes en proteger varios sectores que entienden sensibles para sus economías.
Un rubro relevante es la carne. La pretensión del Mercosur de tener ingreso preferencial con 140.000 toneladas anuales chocó contra la postura de Europa, que ofertó 70.000 toneladas, lo que fue insuficiente para el bloque regional. Pero en la última negociación trascendió la intención de ampliar esa cuota a 99.000 toneladas, algo que la UE aún no formalizó.

«Que no se hayan mostrado tan rígidos como antes y aceptaran modificar la cuota me parece una señal de que quieren acordar», dijo Soto acerca de la postura del bloque europeo.
Ambos reconocieron que el acceso preferencial para la carne está lejos de lo ideal para el Mercosur, pero llamaron a ser «pragmáticos» para concretar de una vez el acuerdo.
«Se repite que no podemos negociar 19 años y llegar a un mal acuerdo, lo que es verdad, pero también lo es que un mal acuerdo implica que lo hubo, y siempre se puede mejorar en nuevas instancias de diálogo. Cualquier acuerdo es dinámico y creo habría que priorizar firmarlo aunque no sea el mejor ni deslumbrante para el Mercosur o Uruguay», señaló Soto.

La postura del gobierno uruguayo parece ir también en ese sentido. El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo a principios de mes que tenía confianza en cerrar esta instancia en Asunción con un compromiso político para la firma del acuerdo. «Son tres pilares: el político, de cooperación y económico. Los dos primeros están casi cerrados y faltan los ajustes necesarios para el tercero», expresó a Radio Uruguay.

Una visión similar aportó ayer el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, quien dijo a la agencia EFE que «están dadas las condiciones políticas» para avanzar entre los bloques y mostró «esperanzas de llegar a un acuerdo» durante los días que oficiará como anfitrión de las negociaciones.
En representación de la UE, el portavoz Daniel Rosario comentó desde Bruselas que el bloque «está comprometido con alcanzar un acuerdo a la vez ambicioso y equilibrado». Agregó que «los negociadores intentarán superar los desacuerdos que aún persisten».

Diferencias.
Los puntos de debate son los mismos desde hace varios meses, aunque a medida que pasa el tiempo ciertos rubros cobran o pierden fuerza. Tras los avances respecto a la carne, ahora las conversaciones se centrarían en los pedidos de Europa a cambio de esa concesión, que incluyen permitir el acceso a los mercados del Mercosur de sus productos industriales y agrícolas, como automóviles, autopartes y lácteos.

Soto dijo no estar seguro que estos pedidos «sean moneda de cambio», porque explicó que «los negociadores piden todo» y después sobre esa base dialogan con su contraparte.
Uruguay ya adelantó que rechaza incluir a los productos lácteos en la negociación. «Se podría pensar en alguna cuota muy reducida de quesos que nosotros no producimos y para un futuro bastante lejano», señaló Nin Novoa. Es que el sector lechero local tiene problemas de rentabilidad y «someterlo a una competencia frente a productos subsidiados como los europeos es colocarlos en una situación muy desigual», analizó el senior manager de PwC.

Por otra parte, Loizaga adelantó «negociaciones muy duras, muy fuertes» vinculadas al acceso de autopartes de origen europeo sin pago de aranceles en la región —rechazado por Argentina y Brasil que aplican políticas proteccionistas para defender sus industrias—, y al ingreso preferencial de productos agrícolas del Mercosur en el viejo continente —como el etanol, que tiene a Brasil como el actor más interesado en ampliar la cuota ofrecida por la UE de 600.000 toneladas anuales—.
«Si no se cierra ahora es muy probable que no se cierre nunca más. Las ventanas de oportunidad se acaban», sentenció Bartesaghi. Dentro de dos semanas se sabrá si se logró esa declaración política de consenso entre los bloques, o si en Asunción reinará la misma desazón que en Buenos Aires y Bruselas.

Y para la muestra “un botón”…
Telefónica ingresó al grupo de los que demandan al Estado colombiano
Va tras los $ 1,08 billones que pagó del laudo por la reversión de activos.

La multinacional española tomó la misma decisión que su competidor Claro.
Foto: 
Juan Medina / Reuters
 
MOVISTAR
 
DEMANDAS CONTRA EL ESTADO
 
TELEFÓNICA
Por: Economía y Negocios
 
EL TIEMPO, 24 de febrero 2018 , 10:00 p.m.

Por estos días, las relaciones del país con los inversionistas españoles que tienen actividad en territorio colombiano no pasan por su mejor momento, a juzgar por las decisiones tomadas esta semana y en los últimos meses de emprender millonarias demandas contra el Estado colombiano, por las medidas adoptadas por diferentes entidades.

El caso más reciente es el de la multinacional española de telecomunicaciones Telefónica, que informó esta semana que interpuso el jueves una demanda contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una dependencia del Banco Mundial.

La decisión, que era esperada hace varios meses, se dio por el millonario laudo arbitral que obligó a Colombia Telecomunicaciones (Coltel), que opera bajo la marca Movistar, a pagar 1,6 billones de pesos por concepto de reversión de activos. 

De esta suma, Telefónica debió asumir 1,08 billones de pesos, toda vez que controla el 67,5 por ciento de Coltel, mientras que el 32,5 por ciento es del Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Dicho valor, más las arandelas de intereses y gastos del proceso, es lo que entró a reclamar la firma española ante el Ciadi, a través de la firma de abogados White & Case.

El proceso llega un año después de que la también española Gas Natural Fenosa anunciara la decisión de acudir a un proceso arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), por la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de iniciar la liquidación de la distribuidora de energía Electricaribe.

La demanda es por 1.000 millones de dólares, unos 2,8 billones de pesos aproximadamente, y según se pudo establecer, la compañía ibérica ya radicó el documento previo de sustentación ante la Uncitral y los tres árbitros del proceso ya fueron elegidos.
Crece la cuantía
A finales del año pasado, el también operador de telefonía móvil Claro, controlado por la firma América Móvil, prensó una demanda ante el Ciadi, buscando el retorno de los 3,1 billones de pesos que debió pagar por el laudo arbitral de la reversión de activos, acción que estuvo precedida por la intención de someter una reclamación a arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia (TLC México-Colombia).

Dicho arbitraje versaba sobre la pretendida reversión de ciertos activos para la prestación del servicio móvil que opera Comcel, razón social de Claro, la cual no pudo avanzar porque no se tenía claro el monto del laudo.

Estas demandas, que son las más recientes, se suman a los procesos sometidos ante el Ciadi por Glencore, que controla la minera Prodeco y la tercera parte de Cerrejón, ambas productoras de carbón térmico; y la de la minera Eco Oro. La primera demandó al país por una multa de 60.000 millones de pesos que la Contraloría le impuso a Prodeco por una modificación en el cálculo de las regalías y que no estaba justificada. La demanda podría sumar 400 millones de dólares, mientras que Eco Oro reclama 300 millones de dólares por perjuicios derivados de la prohibición de la minería en zonas de páramo donde tenía títulos de exploración.

Y aunque no se conocen mayores avances del proceso, el mayor monto de las aspiraciones lo tienen las firmas Tobie Mining y Cosigo Resources (la primera es accionista de la segunda), que en el 2016 notificaron la demanda y la solicitud de constitución de tribunal arbitral conforme al reglamento de arbitraje de la Uncitral, de las Naciones Unidas. Aspiran a que se les reconozcan 16.000 millones de dólares por la declaratoria del parque natural Yaigojé Apaporis, en el Vaupés, dos días después de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) adjudicara el título minero a Cosigo.

Se trata de la concesión Taraira Sur, ubicada en el departamento de Vichada, donde se encuentra un yacimiento de oro que tendría unos dos millones de onzas. Adicionalmente, desde diciembre del 2016 la farmacéutica suiza Novartis anunció el inicio de una demanda ante el Consejo de Estado contra la declaratoria de interés público del medicamento imatinib, para la leucemia, por parte del Ministerio de Salud.
Tres casos colombianos llegaron al Ciadi los últimos dos años
Los últimos dos años han sido particularmente movidos para el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.

Según las estadísticas de esta entidad, mientras en el 2015 no hubo ningún registro de solicitudes de arbitraje y las dos que llegaron de América del Sur provinieron de Argentina y Perú, en el 2016 Colombia sí aportó a la cuota con un caso de los cinco que llegaron, de los cuales los otros fueron de Argentina (2), Uruguay y Venezuela. 

Y en el 2017 fueron dos los nuevos casos registrados ante el organismo que involucran a Colombia, en un año más activo en esta materia para la región, toda vez que de América del Sur se registraron 10 solicitudes de arbitraje, siendo Venezuela y Perú los países de mayor número, con tres registros cada uno. En los años precedentes, es decir en el 2014 y en el 2013, el país no apareció en estos registros de solicitudes arbitrales.

Por laudo arbitral, Telefónica demanda al estado colombiano

Algunas de las leyes más sonadas en los últimos 5 años en Colombia

‘Para reducir demandas millonarias, el Estado debe ser más eficiente’

Negociaciones TLC-UNIÓN EUROPEA CON MERCOSUR

Hola,

Ante lo que podría ser el último round de la negociación del TLC UE-Mercosur
esta semana y hasta el 2 de marzo en Asunción, y el eventual anuncio
político de su próxima firma y conclusión antes que se cierre de nuevo la
‘ventana de oportunidad’ que supone el actual alineamiento de los gobiernos
del Mercosur en materia de política económica exterior y de integración con
sus pares de la Comisión Europea, les invitamos a circular entre sus aliados
y redes de trabajo (incluidos movimienos sociales, parlamentarios y medios
de comunicación) y sumar sus firmas de adhesión a estas «12  razones por las
que decimos NO al acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea», (pegado
abajoy en http://accionesbiodiversidad.org/archivos/186 )  un documento
elaborado por la Alianza Biodiversidad de la que hacemos parte, a iniciativa
de Acción por la Biodiversidad (Argentina), Base-IS (Paraguay) y GRAIN
(Argentina y Chile), a partir del documento de análisis preliminar publicado
por REDES en diciembre de 2017 tras la filtración de la mayoría de los
últimos documentos de negociación.

Agradecemos su amplia difusión y sus adhesiones individuales en
http://accionesbiodiversidad.org/archivos/186 a más tardar el LUNES 26 de
FEBRERO. En el mismo plazo, favor enviar sus adhesiones como organizaciones
a  info@biodiversidadla.org

Información en prensa sobre la ronda de negociaciones en Asunción esta
semana:
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/round-acuerdo-mercosur-ue.html
http://www.adndigital.com.py/reuniones-union-europea-mercosur-seguiran-hoy-a
suncion/

Cualesquier articulaciones que podamos poner en marcha para que esta
expresión de rechazo esté acompañada de movilización en Asunción y el resto
de los países implicados, más que bienvenida. Para ello cuenten con
nosotros!

12 razones por las que decimos
NO al Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR – Unión Europea

Nuestra agricultura, nuestros bienes naturales y nuestra alimentación en
riesgo inminente

En la última instancia de diálogo de 2017, se buscaba un acuerdo político, pero no fue posible. Foto: EFE

La posible firma del Acuerdo que los países del Mercosur buscan aprobar de
manera urgente representa una inmensa amenaza a nuestros derechos
conquistados en heroicas luchas populares,  a nuestra soberanía y  economías
y a la posibilidad de nuestra integración regional con justicia
socioeconómica y ambiental. Compartimos aquí 12 razones por las que nos
oponemos e  invitamos a sumarse al rechazo a la firma del Acuerdo vinculadas
a nuestra producción de alimentos, nuestra Soberanía Alimentaria y Nacional
y nuestros bienes comunes. Hacemos un llamado ante la próxima reunión de
negociadores en Asunción a movilizarnos como pueblos para expresar un
rotundo NO al Acuerdo en su conjunto.

1- Porque el Acuerdo ha sido negociado en forma secreta y sin consultar a la
sociedad civil, los parlamentos y las organizaciones populares de los
sectores que se verían afectados en nuestros países. Los únicos documentos
que se han hecho públicos, que no son los definitivos y no dan cuenta de la
historia de la negociación (y por ende del proceso de concesiones mutuas en
su transcurso) surgieron de filtraciones, entre ellas las que difundió
Greenpeace Holanda como Mercosur Leaks
(http://bilaterals.org/?-eu-ftas-&lang=es).

2- Porque el Acuerdo busca beneficiar a las grandes empresas del norte y las
elites agroexportadoras  del Mercosur, y se lo disfraza como un «Acuerdo de
Asociación» mientras la agenda en negociación entre ambos bloques incorpora
los elementos más nocivos de la agenda del libre comercio, que es cada vez
menos libre y trata de asuntos cada vez más amplios que los típicamente
comerciales, afectando seriamente la capacidad y el margen de maniobra de
los gobiernos en materia de políticas públicas para el bienestar general.

3- Las elites  del Mercosur buscan con este Acuerdo fortalecer la
exportación basada en la ganadería industrial y la soja. De firmarse el
Acuerdo profundizará los problemas que el agro negocio ya está produciendo en
la región: deforestación, expulsión de campesinos, contaminación por
agrotóxicos, destrucción de las economías regionales, pérdida de Soberanía
Alimentaria y creciente vulnerabilidad alimentaria. Los campesinos y
campesinas y pequeños productores familiares son quienes producen la mayor
parte de los alimentos en la región. El modelo impuesto por el Acuerdo
impulsa el control territorial por parte del agro negocio y profundizará la
violencia, criminalización y persecución que hoy sufren las comunidades
campesinas en toda la región.

4- Porque nuestras semillas serán criminalizadas y privatizadas y estará
prohibido su intercambio y su libre circulación. Esto ocurrirá porque en
materia de Propiedad Intelectual se está negociando en todos los aspectos
relativos a su regulación. En el ámbito de las semillas el texto filtrado
dice «cada Parte protegerá los derechos sobre obtenciones vegetales, de
conformidad con el Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales adoptado en París el 2 de diciembre de 1961, revisado
por última vez en Ginebra el 19 de marzo de 1991 (ACTA UPOV 1991)». Esto
significa la imposición de las Leyes Monsanto en todos nuestros países.

5- En el mismo capítulo de Propiedad Intelectual  se impone la adopción del
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Tratado PCT) que promueve la
facilitación del patentamiento a escala global. Esto puede significar la
imposición de la posibilidad de patentes sobre la vida, cuestión que en la
actualidad es rechazada por las legislaciones nacionales en el Mercosur.
Asimismo, el capítulo en negociación impone nuevas restricciones a la
utilización de datos de prueba en la industria farmacéutica, lo que podría
repercutir en restricciones a la producción de medicamentos genéricos
cercenando el derecho de acceso a la salud e imponiendo fuertes cargas a los
presupuestos nacionales en materia de salud pública a partir de un
encarecimiento de los fármacos disponibles.

6- Las empresas nacionales se verán desplazadas ya que el capítulo de
servicios permite que las inversiones extranjeras de empresas que
establezcan sus filiales en el país de la contraparte queden sujetas al
tratamiento preferencial que ofrece el Acuerdo. Esto significará un
retroceso pues la postura inicial de MERCOSUR era no negociar en materia de
inversiones.

7- El acuerdo restringe seriamente la soberanía de nuestros países para
definir programas y políticas de mayor importancia, tales como la adopción
de medidas contra el cambio climático, por la seguridad y soberanía
alimentaria y por el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa
e informada. Responde a una clara vocación de profundización del modelo
primario exportador, la cada vez mayor adopción de compromisos que limitan
la implementación de políticas a favor de la diversificación de la matriz de
producción, políticas soberanas de ciencia, innovación e investigación,
promoción industrial y promoción de emprendimientos alternativos y
sustentables.

8- Las empresas europeas podrían acceder a las licitaciones públicas
realizadas por entidades gubernamentales de la más amplia circunscripción
territorial. Esto se debe a que en materia de Compras del Estado las
exigencias de la Unión Europea significan en los hechos la imposición de las
condiciones del Acuerdo Plurilateral de Contratación Pública de la OMC que
no ha sido firmado, y por lo tanto no obliga, a ninguno de los países
miembros de MERCOSUR.

9- Mientras que se declaran objetivos de promoción de la incorporación de
las PYMES a las cadenas transnacionales de valor, el encuadre de la relación
birregional en los estrictos esquemas del libre mercado vuelve poco creíble
las ya de por sí débiles afirmaciones de carácter desarrollista. La renuncia
a las compras públicas como herramientas de promoción del desarrollo
productivo en sectores ¨de industria naciente¨ o de la economía social y
solidaria es una señal muy negativa para las PYMES y representa una clara
contradicción con los objetivos de promoción a estas unidades productivas
que se proclaman.

10-  Las medidas sanitarias y fitosanitarias seguirán siendo usadas por la
UE para impedir el acceso de productos agropecuarios del Mercosur a su
mercado, más que como herramienta legítima de protección de la salud de su
población, ya que esto es lo que tradicionalmente ha hecho. Las intensas
discusiones en torno al capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
reflejadas en la versión filtrada de junio de 2017 e intensificadas según
fuentes en Bruselas, nos sugieren que la UE seguirá profundizando esta
tendencia.

11- El capítulo sobre Empresas del Estado que ha sido incorporado por la UE
a la mesa de negociación hará que los Estados se comprometen a que sus
empresas funcionen bajo estrictas consideraciones comerciales, se limita la
capacidad de que éstas incidan en la promoción de sectores de la producción,
se menosprecia la función pública a favor del interés general que también
debe expresar el Estado a través de sus empresas. Se trata de una materia
que se ha venido reiterando en diversos acuerdos de libre comercio de la UE,
con algunos aspectos comunes en su contenido.

12- La incorporación de un capítulo sobre comercio electrónico introduce
otro frente de asimetrías en la relación birregional. La obligación de
asegurar el libre flujo de datos, la protección de los códigos fuente y la
permanencia de reglamentaciones nacionales lo más laxas posible para la
operación de las transnacionales, son elementos estratégicos de este
capítulo. Se busca congelar las condiciones de preeminencia de las grandes
empresas del Norte y profundizar su capacidad de concentrar riqueza. La
fijación de estos estándares no hace más que profundizar el oligopolio
transnacional en la economía digital y deja poco margen para la construcción
de políticas que presenten alternativas a una inserción periférica de las
economías de la región en el marco de la Revolución 4.0.

Finalmente remarcamos que este acuerdo será un paso hacia un Tratado de
Libre Comercio aún más amplio que con nuevos capítulos implicará nuevas
amenazas hacia nuestros pueblos.

Estos son las 12 principales motivos por los que consideramos que no puede
ser aprobado el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR – Unión Europea

Documento producido por la Alianza Biodiversidad integrada por

* Acción por la Biodiversidad, Argentina
* REDES – Amigos de la Tierra, Uruguay
* Grupo Semillas, Colombia
* Acción Ecológica- Ecuador
* Anamuri, Chile, por la Campaña Mundial de la Semilla de Vía Campesina
América Latina
* BASE-IS, Paraguay
* COA, Colectivo por la Autonomía, México
* CLOC-Vía Campesina
* Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica,
* Centro Ecológico, Brasil
* ETC Group, México
* GRAIN, Argentina y Chile

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