Un equipo de abogados de la Comunidades Rurales Para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes) van a presentar hoy (12) un recurso de apelación sobre la detención de los integrantes de la entidad y más ocho personas, presas desde el último 2 de julio, acusados de asociaciones ilícitas y actos de terrorismos. La petición será presentada con el objetivo de disminuir el plazo de tres meses de detección dictado por la Jueza del Tribunal Especializado de Instrucción, de Colonia Escalón de San Salvador.
Según la Cripdes, las condiciones en que están los hombres y mujeres detenidos son infrahumanas. La entidad informa que los hombres, presos en el Centro Penal La Esperanza en Mariona, estarían durmiendo en el suelo, con limitaciones de agua, mala alimentación y severas restricciones para recibir visitas familiares. Preocupa también a la organización las condiciones de inseguridad de los detenidos.
Sobre el asunto, la Cripdes anunció que va a responsabilizar al Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, al Ministro de Gobernación, René Figueroa y al Director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, por cualquier daño a la integridad física, moral y psicológica de las personas en los cárceles.
La organización denuncia también que las oficinas, tanto de Cripdes como de la Fundación Cordes, están siendo severamente vigiladas por la policía nacional civil, que sigue constantemente transitando por allí en coches oficiales, en horas del día y de la noche. «Aun cuando podríamos pensar que se trata de una estrategia para implantar el terror psicológico en nuestro personal y toda la gente que nos visita de las comunidades rurales y de otras organizaciones, no descartamos cualquier mala intención para con Cripdes y Cordes», denuncia.