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El Encuentro Estatal para la Paz en Colombia se ha celebrado en Madrid, el 12 y 13 de
abril, con el objetivo de sumar voluntades desde el Estado Español al trabajo que vienen adelantando distintas iniciativas populares colombianas, coordinadas en la Ruta Social Común para la Paz, en aras a la construcción colectiva de la Paz con Justicia Social en Colombia.
Nos hemos reunido convencidos de que es esencial para este proceso la participación de la diáspora colombiana, las personas exiliadas, desplazadas, refugiadas, asiladas y migrantes, así como de las personas y organizaciones que, desde su trabajo en
solidaridad con el pueblo colombiano, han venido compartiendo su anhelo y apoyando
su esfuerzo por conseguir una Paz duradera.
Estamos seguros que esta tarea de las organizaciones sociales afianza y fortalece el
actual proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, en la búsqueda de una solución política negociada al conflicto social y armado colombiano, diálogo que creemos debería extenderse al resto de fuerzas insurgentes: ELN y EPL.
Presentamos en este documento las aportaciones y propuestas que han surgido fruto de
la reflexión común de este Encuentro.
LA PAZ INTEGRAL Y LA CONSTRUCCI?N DE UN NUEVO PAÍS CON JUSTICIA SOCIAL, ECON?MICA Y AMBIENTAL
El actual modelo capitalista favorece la hegemonía de las multinacionales, convirtiendo a los estados nacionales en agentes al servicio de sus intereses, en continuidad histórica con las viejas dependencias coloniales. Los organismos multilaterales han sido herramientas de la élite para imponer sus intereses económicos, que han llevado a un mundo más injusto, desigual e insostenible, excluyendo a las mayorías.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y Colombia, como
instrumento del mercado para facilitar la ocupación, el despojo y la explotación de
territorios con graves efectos socio-económicos y medioambientales, acentuará las
enormes desigualdades existentes en Colombia y será un claro obstáculo para la paz.
La expansión y consolidación del paramilitarismo en todo el país, no obstante las
supuestas negociaciones y las anunciadas desmovilizaciones se constituye en un
obstáculo insalvable para las aspiraciones de justicia de las víctimas que reclaman la restitución de sus tierras y territorios. La violencia en Colombia no solo viene marcada por el conflicto armado si no que se ha visto permeada por el narcotráfico.
Las graves violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, el
genocidio y los crímenes de guerra que durante décadas han golpeado a millones de
colombianos y colombianas, permanecen en la impunidad, impidiendo sistemáticamente
los derechos de las víctimas a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación Integral y a las Garantías de No Repetición.
Independientemente de las lecturas jurídicas de los gobernantes y de que el Estado los reconozca o no, estos crímenes son reales.
En este contexto las mujeres afrocolombianas, indígenas y campesinas se ven afectadas
doblemente por el conflicto social, económico y armado al sufrir el desplazamiento, el despojo y la pobreza generalizada, llegándose a alcanzar en Colombia, por su
dimensión e intencionalidad, un feminicidio.
Estas graves violaciones a los Derechos Humanos se siguen sucediendo en estos
momentos, cuando las organizaciones populares y las defensoras y defensores de
Derechos Humanos sufren una grave arremetida de amenazas, agresiones y represión
por lo que no consideramos que se pueda hablar de postconflicto.
Nuestros reclamos los hacemos como víctimas individuales y colectivas de crímenes de
estado que han sufrido el conflicto y la exclusión social, reconociendo que el conjunto de víctimas es heterogéneo y considerando que ni el Estado, ni la insurgencia puede representar a las víctimas y al movimiento social en la diversidad de sus expresiones, por lo que exigimos que se tengan en cuenta nuestras propuestas de Paz.
POR ELLO CONCLUIMOS:
– La Paz real y duradera no llegará con el silenciamiento de los fusiles, aunque
este es inexcusable, apostamos por la Paz con Justicia Social, que sea construida
desde abajo y con una amplia participación en diferentes escalas: local, regional,
nacional e internacional, que permita un diálogo entre todas las voces.
– Un Acuerdo de Paz deberá incluir un modelo económico, comercial y financiero
que contemple las aportaciones de los movimientos sociales, como un paquete
integral de propuestas económicas alternativas, que permite la construcción de
un ?nuevo país?? y la erradicación de las causas estructurales del conflicto social
colombiano, que dieron origen y han profundizado el conflicto armado.
– El Proceso de Paz debe examinar el papel de la inversión extranjera directa y de
las corporaciones transnacionales, detener su impunidad y juzgar su
responsabilidad en las violaciones a los Derechos Humanos, como quedó
demostrado en la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos.
– Es imprescindible que se hagan públicos los intereses económicos de los
diferentes grupos empresariales extranjeros en Colombia.
– Es necesario que se detenga la aplicación de los Tratados de Libre Comercio
(TLC) en ejecución, así como los que están en fase de negociación y
ratificación, sometiéndolos a consulta popular y a la verificación del
cumplimiento de las cláusulas de derechos humanos, de los derechos laborales y
de sostenibilidad ambiental. Del mismo modo es imprescindible que se haga una
valoración adecuada de su impacto en el tejido económico, productivo y
comercial del país.
– Es necesario un proceso de paz integral, en el que el reparto y uso del territorio
juegue un papel fundamental, por ser la acumulación de tierras una de las causas
de origen del conflicto. Esta acumulación ha puesto y sigue poniendo en peligro
la supervivencia de las comunidades, como tejido social y productivo
colombiano.
– El Estado debe garantizar la aplicación del Derecho a la Consulta Previa a las
comunidades asentadas en zonas de riqueza estratégica, según el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución de Colombia. Que
dichas consultas se realicen con el debido y constitucional amparo de las
autoridades competentes, impidiendo la intromisión de intereses empresariales
ajenos a las comunidades que, con intención de deslegitimar y enturbiar sus
resultados, recurren a prácticas fraudulentas de usurpación y amenaza.
– Se debe reconocer el agua y el alimento como un derecho humano para todas las
personas. No deben estar en manos y bajo el control de las multinacionales.
– Se debe desarrollar una campaña de educación para la aceptación y el respeto de
las formas de producción y consumo tradicionales de la hoja de coca,
despenalizándolos y construyendo una economía alternativa para su variado
aprovechamiento (alimentario, medicinal, higiénico, etc) y persiguiendo su
apropiación por parte de la mafiosa economía del narcotráfico nacional e
internacional. Igualmente se debe sancionar socialmente la ?cultura del mafioso
exitoso?? y sus correspondientes contravalores de corrupción, mercantilismo,
violencia y machismo, auspiciados irresponsablemente desde los monopolios
empresariales de la comunicación.
– Se debe iniciar una profunda transformación en la estructura de tenencia de la
tierra y los territorios que desemboque en una verdadera Reforma Agraria
Integral, que garantice y promueva la Soberanía Alimentaria, el cuidado de la
vida, una economía alternativa comunitaria, basada en la producción local,
respetuosa con la naturaleza al servicio de las comunidades y no del capital
transnacional.
– Una paz estable y duradera, se construye a partir de la consolidación de lo
público en las estructuras del Estado, que implica indefectiblemente, pensar en
la concreción de una educación pública nacional e inversión en investigación,
tecnología y desarrollo. Un cambio en el modelo de desarrollo necesita un
cambio en el modelo educativo que garantice la plena cobertura educativa; con
gratuidad real y acceso a todos los niveles, terminando la monetarización de la
educación publica y garantizando la existencia de programas académicos de alta
calidad y que respondan a las necesidades de la sociedad; se debe ampliar el
número de universidades públicas y crear programas de formación docente a
través de un sistema de becas para el tercer y cuarto ciclo.
– Se debe asumir como camino ineludible los principios y exigencias en la
aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, camino que el movimiento de derechos humanos
colombiano ha trazado como superación del estado de impunidad de los
crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio.
– El proceso de Paz no puede permitir la impunidad de las violaciones a los
derechos humanos. Experiencias como las de España y el modelo de transición
aplicado en El Salvador y Guatemala para la firma de acuerdos de paz, han
demostrado que la reconciliación no es posible sin verdad, justicia y reparación
integral.
– Es imprescindible garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia
y la reparación, para asegurar la no repetición. Para ello ha de hacerse una puesta
en valor de la diversidad, dando un papel protagónico en la construcción de una
ruta para la paz a las comunidades indígenas, las afrodescendientes, el
campesinado, las personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas,
líderes estudiantiles, ??, y en especial a las mujeres, que han sido, doblemente
víctimas.
– Es necesario que se incorpore la perspectiva de género tanto en el análisis de las
causas y consecuencias del conflicto, como en las propuestas de paz duradera
que se adelante para poder superar el modelo patriarcal que ha oprimido a las
mujeres.
– Para poder llevar a cabo un verdadero proceso de Paz y materializar los posibles
acuerdos, es necesaria una pedagogía política de paz.
– Es imprescindible el desmantelamiento del paramilitarismo, que como estrategia
terrorista del Estado Colombiano constituye un grave obstáculo al proceso de
Paz. Así mismo es necesaria la depuración de las Fuerzas Armadas.
– Se debe cuestionar y denunciar el papel que juegan los medios de comunicación
posicionados con el poder. Exigimos que ejerzan su función informativa
visibilizando todos los condicionantes y actuando con responsabilidad.
– Debe haber un cese bilateral de las hostilidades y que se inste desde el Estado
colombiano a que se elimine a la insurgencia de las listas de organizaciones
terroristas.
PARTICIPACI?N POPULAR EN LA CONSTRUCCI?N DE LA PAZ
Entendemos la situación del exilio como uno de los tantos efectos que ha provocado en
la sociedad colombiana una larga historia de exclusión y abandono; donde fueron
inexistentes las garantías reales para la participación política, la expresión y el ejercicio de una ciudadanía constructora de país. El imperio de una estructura de poder que no soporta el mínimo cuestionamiento a favor de adecuarse a las demandas básicas de una población urgida de atención y que, por el contrario, responde con medidas de coerción económica y social, restringiendo y anulando el horizonte de redención para millones de personas, constituyendo además practicas sistemáticas de amenaza a la integridad y la vida, es suficiente motivo para que se desate un movimiento de gentes que ven en la frontera un medio de escapatoria y salvaguarda.
En términos generales definimos el exilio como la condición de la persona o grupo
humano que siendo objeto de amenaza y/o persecución del Estado, y/o teniendo temores
fundados de que sean afectadas su integridad, vida, libertad, y justicia y por tanto, su dignidad y garantía de sus derechos, se ve obligada a abandonar forzosamente su territorio sin perspectivas de pronto retorno.
Esta situación significa una ruptura de pertenencias y vínculos familiares y sociales, conllevando sentimientos de desarraigo de su proyecto personal y colectivo, generando la destrucción del tejido social, que en muchas ocasiones expresan una derrota política en la persona de líderes sociales y opositores políticos, que al tener que salir del país han tenido que vivir la desactivación de su accionar político, lo que se traduce además, en un debilitamiento importante de las organizaciones populares y sociales.
Solo recientemente parece visibilizarse la magnitud de este fenómeno en la nación
colombiana. Las cifras de exiliados, que en países fronterizos como Venezuela, Ecuador y Panamá resume valores de varios cientos de miles, no alcanzan a traducir el drama que se esconde tras de cada historia de vida. La persona exiliada no solo debe afrontar la soledad y el extrañamiento, lejos de su familia y nicho social, sino que también debe acudir a arduas batallas para hacerse un espacio en el lugar de destino, teniendo que sobreponerse, en muchos casos, a circunstancias humillantes y denigrantes de su persona, a desconocidos entramados normativos, a brechas lingüísticas que le colocan en desventaja social para una pronta inserción laboral y, según en que país, a formas de condena y marginalización que le convierten en objeto de explotación y xenofobia.
La migración y el exilio colombiano tienen por causas principales la Injusticia y
Violencia estructurales que devienen en un estado de afectación y vulnerabilidad
permanente en la población colombiana. Reconocemos que las personas exiliadas han
sufrido una doble vulneración de sus derechos civiles y políticos por sus ideas y
compromisos con el país.
Otras de sus causas son:
– La ausencia de un régimen de Derecho que garantice la Vida (Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y ambientales), la libertad (Derechos civiles y políticos) y la
justicia (superación de la impunidad y derechos de las víctimas: justicia, verdad,
reparación y garantías de no repetición).
– El Conflicto Social y armado de larga duración, degradado, con violaciones graves,
masivas y sistemáticas de derechos humanos e infracciones al derecho Internacional
Humanitario, provocando una crisis humanitaria, que se traduce en una militarización
de la vida civil y en un planificado incumplimiento de las garantías constitucionales, instalándose un estado de cosas inconstitucional que se refleja de forma dramática en la situación de millones de desplazados y en la violación de derechos fundamentales de la población carcelaria.
– La consolidación de un régimen presidencialista, rompiendo el equilibrio de los tres poderes constitutivos del estado de derecho, tornándose autocrático/tiránico, haciendo un uso delincuencial del monopolio de las armas, promoviendo un modelo de control político y social paramilitar y expresándose como terrorismo de estado.
– La ausencia de Democracia que se refleja en un sistema electoral corrupto, permeado
por el poder narco-paramilitar que ha garantizado la hegemonía de estos poderes
fácticos, tanto a nivel municipal, regional y nacional como en los ámbitos legislativo, ejecutivo, judicial y en los cuerpos de seguridad del estado colombiano. Consolidando un gobierno que es anti-democrático. Esto se refleja en la poca participación de las colombianas y colombianos al momento de votar.
– La ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política y su exterminio, como en los casos de los movimientos políticos gaitanista y Frente Unido del Pueblo, el genocidio contra la UP, Aluchar, Frente Popular, la AD; así como la persecución y aniquilación de movimientos cívico-populares, movimientos indígenas,
afrodescendientes, estudiantiles, sindicales, de mujeres, lgtb, que naufragan en la
violencia y el terror. También el magnicidio de candidatos presidenciales demócratas
como Jorge E. Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, Carlos
Pizarro León-Gómez, han impacto profundamente las garantías del pueblo colombiano
en el ejercicio de sus derechos a la participación política.
– La estigmatización y criminalización de la disidencia por parte de las empresas de
información en manos de las grandes corporaciones nacionales e internacionales que
defienden el interés del statu quo. La persecución y exterminio de comunicadores y
periodistas, así como de medios de comunicación alternativa, impidiendo el ejercicio
del derecho humano de estar informado.
– La globalización capitalista neoliberal, patriarcal y depredadora de la naturaleza que, bajo la hegemonía de las empresas trasnacionales profundiza la inequidad y se traduce en un clima favorable para las violaciones de Derechos Humanos, poniendo en riesgo la vida misma y fortaleciendo las relaciones de dependencia neocoloniales en los ámbitos tecnológico, económico y cultural. Son los TLCs y su criminal impacto en la vida de las personas y territorios, los que han agudizado el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas, afrodescendientes y pueblos indígenas.
– El país en su obsesión por profundizar la apertura neoliberal ni siquiera ha realizado las transformaciones necesarias que este proceso le exige en materia de infraestructuras, educación, ciencia, tecnología, etc., para enfrentar los impactos (la mayor parte de ellos negativos en términos de equidad y respeto por el medio ambiente), que supone la apertura de fronteras a las economías más potentes del planeta. Es claro que Colombia ha orientado la mayor parte de sus energías hacia afuera, a la negociación de TLC por ejemplo, y no ha tenido el mismo interés de puertas adentro.
– El paulatino desmonte de lo público y las recientes reformas en las políticas educativas que han llevado a la privatización de las instituciones educativas en todos sus niveles.
Ello a partir de una estrategia gubernamental, que se puede cifrar en la concesión a
agentes privados, tanto de la prestación del servicio de educación, como de la
administración de las instituciones públicas donde esta se imparte. Así, la emigración también conlleva un proceso de ?fuga de cerebros??, por la cual estudiantes y profesionales se ven obligados a abandonar el país porque no existen programas que permitan seguir con sus procesos de cualificación. En lo que concierne concretamente al cuarto ciclo, es preocupante el rezago tecnológico y científico del país. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en la baja inversión en el área de Investigación y Desarrollo (I+D).
POR ELLO CONCLUIMOS:
El exilio y la migración como sujeto político:
– Nos convocamos porque tenemos la intención de construir un proceso político
para la participación desde el exterior y reconocemos que el conflicto social y
armado en Colombia ha sido la causa de una diáspora de más de cinco millones
de personas.
– Nos negamos a seguir siendo objeto político, social y cultural de la guerra.
Somos una parte fundamental para la construcción social y política de un nuevo
país desde nuestra autonomía.
– Nos reconocemos como victimas del conflicto social y armado, de los crímenes
de Estado, con una verdad que contar y en esperas de un proceso de justicia,
verdad, reparación integral; respetamos que otras víctimas se organicen en sus
propias iniciativas porque la justicia debe ser bilateral para que exista la paz.
– Consideramos que un amplio segmento de población colombiana, que emigró
por razones económicas, lo hizo a causa del conflicto social existente en el país,
que niega las posibilidades para tener una vida digna.
– Consideramos indispensable que las propuestas del exilio y la emigración sean
tenidas en cuenta en la mesa de diálogo, somos más de 5 millones de
colombianas y colombianos que estamos fuera del país por diversas razones.
Esto equivale a un 10% de la población. Es necesaria la realización de un censo
para saber cuántos somos y en dónde estamos, así se puede definir un
mecanismo que garantice la representación política del colectivo emigrado que
este acorde con la realidad y las necesidades del mismo.
– Las organizaciones de la sociedad civil que nos encontramos fuera de Colombia
nos reconocemos como sujeto político constructor de la paz y seguiremos
desarrollando tres capacidades: propositiva, autonomía frente al gobierno y las
insurgencias, desobediencia civil frente a la guerra.
– El Gobierno Colombiano debe recoger aquellas propuestas que se vienen
construyendo en Colombia con las que se está impulsando un modelo de
desarrollo humano y sostenible, autónomo, endógeno y ajeno al etnocentrismo.
En esta tarea las colombianas y colombianos emigrados pueden y deben aportar
su experiencia, para proponer alternativas al modelo de desarrollo vigente que es
claramente insostenible desde un punto de vista social, político y ecológico.
– Nuestro trabajo se orienta por tres principios: coordinar, articular y definir
alianzas con distintas dinámicas, tanto en Colombia como en España.
– Las distintas propuestas para la construcción de una paz integral, que
elaboremos las personas exiliadas y emigradas, las articularemos a la dinámica
que lleva en Colombia el movimiento social alrededor de la Ruta Social Común
para la Paz, porque consideramos que es necesario avanzar en la consolidación
de espacios unitarios del pueblo, para lograr el reconocimiento como sujetos
políticos.
– Las mujeres exiliadas en algunas ocasiones han tenido que pasar por una
revictimización al caer en las redes de tratas de personas o al sufrir violencia de
género en la sociedad de acogida, por lo que es necesario que se creen
mecanismos reales de protección y acompañamiento.
– Las mujeres exiliadas exigimos la participación en los diálogos de paz porque el
gobierno ha aprobado la resolución 1325, que le obliga a abrir los canales de
participación a las mujeres.
– Los acuerdos que se realicen en la mesa de diálogo y que estén referidos a los
derechos sociales, económicos, políticos y culturales, debe ser refrendados por
un mecanismo de consulta previa con la ciudadanía colombiana, incluida la que
se encuentra en el exterior. Apostamos por una construcción política de la paz
que sea incluyente y participativa.
– El discurso de negación del conflicto social y armado de los últimos gobiernos y
el planteamiento de un escenario de postconflicto, ha venido cerrando las puertas
a las personas que necesitan acogerse a medidas de protección.
Propuestas sobre reparación
– Se debe avanzar en la recolección de historias de vida como insumo fundamental
para una paz duradera. La construcción de la memoria histórica de las victimas,
del exilio y la migración debe hacerse desde una perspectiva de género,
intergeneracional e interétnica.
– Todas las disposiciones de reparación a las víctimas que se encuentran fuera del
país deben implementarse garantizando que la reparación se dé
independientemente del país en el que se encuentren y respetando la decisión de
la víctima frente a su deseo de regresar o no al país.
– Exigimos la participación de las víctimas que se encuentran en el exterior en el
diseño de medidas para la verdad, justicia, reparación y no continuidad.
– Realizar una reasignación presupuestaria de la nación; el presupuesto de la
guerra debe ir a la construcción de la paz.
– Nos preocupa el retroceso que se ha dado en la definición de víctimas en la ley
de víctimas y que ésta propicia que se den reparaciones violando el principio
internacional de no devolución de los exiliados al país de origen.
– La reparación no es solamente la indemnización, nuestros muertos no se pagan.
Exigimos verdad porque ésta no nos hace daño, es como el fuego quema y
cauteriza.
Garantías para el retorno:
– Una de las condiciones esenciales para el retorno es que se lleve a cabo un
proceso serio de justicia, paz y reparación para las víctimas del conflicto armado
y se creen las bases para una paz duradera, las cuales se edifican sobre la
reforma agraria y la soberanía popular para garantizar el derecho a la vida en
plenitud
– El retorno lo pensamos como un proceso integral en el que se cuente con
garantías de dignidad y seguridad.
– Defendemos unos programas de retorno que deben constituirse como una
política de Estado; para esto debe existir una mayor implicación de las
instituciones (SENA, entidades financieras, universidades, consulados), así
como una asignación presupuestaria suficiente.
– Los planes y proyectos deben ser accesibles para que atiendan las necesidades y
particularidades de los emigrados. Un primer paso es la puesta en marcha del
Sistema Nacional de Migraciones, para esto proponemos que se constituyan
Casas del Emigrante, como espacios de acogida de las colombianas y los
colombianos retornados en las que se ofrezcan los siguientes servicios: apoyo
psicológico, orientación laboral, apoyo para la reconstrucción de redes.
– En la actual crisis económica que se vive en España el colectivo de personas
migrantes es el más vulnerable y frente a esta situación la opción que muchos
están tomando es la de emprender una segunda experiencia migratoria porque no
ven garantías sociales, políticas y económicas para regresar a Colombia.
– La exigencia de garantías para el retorno es un elemento central de nuestro
trabajo. Para ello, nos comprometemos a generar espacios para la articulación de
las distintas dinámicas organizativas de los colombianos y colombianas en el
exterior, sólo mediante la unidad en la acción lograremos que sean tenidas en
cuenta nuestras exigencias y propuestas.
–
Propuestas organizativas:
– En términos organizativos reconocemos que existe un acumulado que se debe
recoger. La diáspora colombiana se ha venido organizando alrededor de
diferentes espacios políticos, culturales, religiosos, de género, pero creemos
necesario trabajar por una mayor articulación.
– Es fundamental defender los acumulados de las organizaciones y de las
colombianas y colombianos en el exterior. Para conseguirlo, se pueden generar
foros amplios de participación o sumar a los ya existentes, de forma que se dé
continuidad con la construcción política y la consolidación de procesos de
participación ciudadana.
– Proponemos la realización de un foro europeo para tratar el tema del exilio y la
migración, para esto seria necesario generar un proceso de foros por países, que
siga el modelo del foro agrario realizado en Bogotá.
CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS DESDE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA
Entendemos la solidaridad internacionalista como un proceso de diálogo sincero, un
encuentro entre los pueblos, un intercambio de experiencias y realidades, un proceso de reflexión compartida que se construye horizontalmente. La solidaridad internacionalista ha de ser una herramienta política de transformación y no un simple aparato burocrático.
Es imprescindible superar las dicotomías Desarrollo-Dependencia, Norte-Sur.
En este sentido, valoramos extraordinariamente los tradicionales vínculos con los
movimientos sociales, las organizaciones populares y las comunidades colombianas,
que nos han permitido un acompañamiento más eficaz y un conocimiento real de la
situación del país.
Estamos convencidos de que el proceso de diálogo iniciado en La Habana es el mejor
camino para acabar con un conflicto armado interno, que ya dura 50 años. Pedimos al
gobierno colombiano que se abra este camino también al resto de organizaciones
insurgentes. La comunidad internacional debe jugar un papel fundamental en el apoyo y
facilitación del proceso de Paz.
La Paz en Colombia solo será posible si se actúa sobre las causas estructurales del
conflicto. Por ello, consideramos que la Paz será estable si se nutre de la agenda
construida durante décadas por los movimientos sociales y en particular por el
campesinado, comunidades indígenas, negritudes, ambientalistas, sindicalistas y
defensoras y defensores de Derechos Humanos. Reclamamos la necesidad de habilitar
espacios que garanticen la participación de las organizaciones sociales en el proceso de paz y en el desarrollo posterior de los posibles acuerdos.
El largo conflicto político, económico, social y armado que vive el pueblo colombiano
necesita espacios para el diálogo y el debate. Todos los esfuerzos para encontrar la Paz con Justicia Social en Colombia son imprescindibles y pasan de forma ineludible por acabar con la lacra de la violencia contra las mujeres, uno de los ejes centrales de la guerra, la violencia política y la violencia social en Colombia. Es imprescindible un enfoque de género para la superación del conflicto.
Consideramos la Memoria Histórica como una herramienta fundamental de lucha contra
la impunidad. Las víctimas tienen derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a las Garantías para la No Repetición. Tenemos que rescatar la Memoria de las víctimas, de las personas exiliadas y refugiadas, y la de la propia Solidaridad Internacionalista.
No es posible escribir la Memoria Histórica sin las mujeres, sin los pueblos indígenas y sin las comunidades negras.
POR ELLO CONCLUIMOS:
– Renovamos y fortalecemos nuestro compromiso con los movimientos sociales,
las organizaciones populares y las víctimas del conflicto social y armado que
vive Colombia, que en el momento actual tienen su expresión en la Ruta Social
Común por la Paz.
– Expresamos nuestra firme voluntad y compromiso de fortalecer el trabajo y la
cooperación de la solidaridad internacionalista con las personas exiliadas,
desplazadas y refugiadas en el Estado español, víctimas de la violencia directa y
estructural que sufre Colombia. Así mismo, reforzaremos nuestras líneas de
cooperación con las organizaciones de personas migrantes.
– Expresamos nuestro compromiso en la construcción de la Paz con Justicia Social
en Colombia.
– Es un hecho la escalada de la violencia contra la población civil en las áreas
donde además de guerra hay conflicto social, por eso acompañamos el reclamo
de las organizaciones de Derechos Humanos a las partes en la mesa, para que se
esfuercen en acordar un cese al fuego y de hostilidades bilateral, y una tregua
indefinida. Solicitamos concertar un Acuerdo Especial de Aplicación Inmediata,
como lo contempla el Derecho Internacional Humanitario. Se trataría de acatar
las normas humanitarias por todas las partes, fuerzas regulares e insurgencias,
mientras persistan las hostilidades, aliviando los sufrimientos de la población
civil y de las propias personas combatientes.
– Pedimos al gobierno colombiano un tratamiento acorde a los Derechos Humanos
y al Derecho Internacional Humanitario para las cerca de diez mil personas
presas por delitos políticos, como la rebelión.
– Exigimos a la UE y al Gobierno español un apoyo público al proceso de paz en
Colombia, acompañándolo, facilitándolo y dando seguimiento a los eventuales
acuerdos. Exigimos una implicación activa de la UE y del Gobierno español en
la consecución de una Paz con Justicia Social en Colombia, incidiendo en este
sentido a las partes negociadoras. Se hace así imprescindible que la insurgencia
colombiana sea excluida de la lista de organizaciones consideradas terroristas
por la UE.
– El Congreso, el Senado y los Parlamentos Autonómicos deberían posicionarse
claramente a favor de la Paz con Justicia Social en Colombia, solicitando una
mayor implicación del Gobierno español. Proponemos la creación de un grupo
de trabajo conjunto por Colombia compuesto por representantes de los
diferentes parlamentos. Creemos importante animar la realización de misiones
de verificación con representantes políticos de todo el Estado, para mantener así
su conocimiento directo de la realidad colombiana.
– En términos más amplios, debe haber un incremento de la presión política
internacional por parte de organizaciones sociales, partidos políticos e
instituciones, a favor de la Paz con Justicia Social en Colombia. Desde la
Solidaridad Internacionalista debemos seguir trabajando en la presión a las
autoridades de nuestros estados para que adopten un papel más activo en la
exigencia del respeto a los Derechos Humanos en Colombia y en la tarea de la
consecución de la Paz con Justicia Social.
– Exigimos al gobierno español la no ratificación del TLC entre la UE y Colombia
que impone un modelo económico y comercial dañino para las clases populares
colombianas, dificultando la consecución de un acuerdo negociado de
superación del conflicto social y armado, así como el control efectivo del
comercio internacional de armas que perpetúa los conflictos y causa
desplazamiento. El gobierno español está incumpliendo el reglamento de la
Unión Europea con la venta de armas, los acuerdos de cooperación militar y de
inteligencia por lo debería suspenderlos. Ha de reconocer, así mismo, su
implicación en las violaciones a los derechos humanos por su connivencia y
facilitación de estas inversiones.
– Instamos también al gobierno español a la publicación de los intereses
económicos de los diferentes grupos empresariales españoles en Colombia; debe
someter a las empresas trasnacionales con capital español a mecanismos de
control y observación sobre su conducta, a fin de que dichas inversiones no
signifiquen prácticas violatorias de los derechos humanos y de las comunidades
en Colombia.
– Constatamos el fracaso de las actuales políticas de lucha contra el narcotráfico y
el efecto agravante en la crisis humanitaria que acarrea su alto componente
militar. Exigimos a los gobiernos involucrados un replanteamiento inmediato y
urgente de dichas políticas, ya que el fenómeno sigue siendo un factor
estimulante de la guerra y los intentos erráticos por contrarrestarlo se traducen
en renovadas formas de agresión a las comunidades asentadas en zonas rurales
y de selva.
– No será posible la Paz con Justicia Social en Colombia si no cesa la
criminalización y la persecución de las defensoras y defensores de los DDHH en
Colombia y en el exilio. Pedimos el cese de su persecución, estigmatización y
represión, además de garantías para su labor. Al mismo tiempo, exigimos que no
se entorpezca la labor de acompañamiento de la Solidaridad Internacionalista y
se garantice su seguridad.
– Somos conocedores de la grave crisis de Derechos Humanos que vive Colombia.
No existe una situación de postconflicto: sigue habiendo guerra, sigue habiendo
violencia directa y estructural. Por ello se hace imprescindible la creación y
mantenimiento en el Estado Español de Programas de Atención a Víctimas de
Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, como el que existe desde
hace doce años en Asturies.
– Es necesario mejorar la coordinación de las organizaciones que trabajan en
solidaridad con Colombia. Apostamos por la coordinación como herramienta
que permite un trabajo más eficaz. Valoramos el acumulado de la Plataforma
Estatal como experiencia de trabajo en común.
– Creemos que es muy importante mejorar la capacidad de la Solidaridad
Internacionalista de acceder a los medios de comunicación, para contrarrestar la
imagen distorsionada que ofrecen de la realidad colombiana, generalmente
vinculada al discurso oficial y a los intereses de los grandes grupos económicos.
Para ello, debemos renovar nuestro discurso, haciéndolo más accesible a la
opinión pública y, en especial, más atractivo para la juventud, de quienes
necesitamos urgentemente su participación.
– Proponemos como acciones conjuntas a realizar:
a) La observancia permanente del proceso de dialogo abierto en La Habana
y las iniciativas y esfuerzos comunes para tejer la paz con justicia social en
Colombia.
b) Instar a la presentación de preguntas e iniciativas parlamentarias de forma
coordinada.
c) Crear un mecanismo coordinado de difusión, para la incidencia pública y
el análisis de la situación colombiana y el proceso de Paz.
d) La organización coordinada de un acto unitario por la Paz con Justicia
Social en Colombia.
El Encuentro Estatal para la Paz en Colombia se compromete finalmente a organizar un
nuevo Encuentro, para el segundo semestre del año, en consonancia con las actividades
programadas en Colombia por la Ruta Social Común para la Paz. Se organizará así
mismo un acto público unitario de calle, coincidente con la celebración de ese
Encuentro.
Madrid, 12 y 13 de abril de 2013