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Este diecisiete de julio se cumple el ochenta y tres aniversario del inicio de la última de las guerras civiles españolas.
Organizada una sublevación militar contra el Estado republicano por mandos militares de los cuerpos del ejército colonial en Marruecos, alentada por los sectores mas reaccionarios del país, pagada por las grandes familias financieras de España, que aún se lo están cobrando, y apoyada internacionalmente por el eje nazi-fascista, la resistencia de la mayoría del pueblo español hizo que lo que estaba concebido como un rápido golpe de Estado se convirtiera en una larga guerra civil, que duró tres años.

El fin de la guerra fue el principio de una de las etapas más negras de la Historia de España, pues provocó el éxodo de cientos de miles de españoles, entre los que se encontraba la flor y nata de la intelectualidad y la cultura; también se abrieron las fosas comunes para miles de asesinados de los cuales, aún hoy, más de cien mil no han recibido una sepultura digna, algo que en todo el planeta sólo ocurre en España y en Camboya.

El régimen político que ocupó este período de treinta y ocho años se caracterizó por la persecución de las minorías religiosas, la oposición política, la cultura libre, la homosexualidad, y de todos aquellos no adictos a un régimen que tenía “por destino lo universal”, y cuyo líder sólo respondía “ante Dios y ante la Historia”. También se caracterizó por la discriminación de la mujer, que era adoctrinada desde la infancia para servir al hombre.

Y, en efecto, no respondió por todo el daño que provocó a la sociedad española, detenciones arbitrarias, torturas, cárcel y asesinatos que se cometieron en su nombre, el de un régimen genocida, que se mantuvo exclusivamente por la represión brutal y el miedo. Ahora está
respondiendo ante la Justicia argentina, pues la Justicia española se muestra incapaz de juzgar estos crímenes.

De los motivos que movieron a los golpistas dan buena cuenta las fortunas que obtuvieron, las cuales no podrían haber ganado nunca honestamente, siendo fruto de la corrupción y del saqueo público. La despedida del dictador con su “lo dejo todo atado y bien atado” también es buena muestra de la influencia que tiene el régimen dictatorial hasta nuestros días, cuando un Estado democrático no puede sacar los restos de este indeseable de una tumba de Estado, ni
recuperar los bienes que expolió.

Cuarenta y dos años después del fin de este régimen aún quedan secuelas en la sociedad española, a las que ha pretendido poner fin la Ley de la Memoria Histórica; sin embargo, los grupos políticos
herederos del franquismo utilizan toda su influencia para que esta Ley no se cumpla.
Y quedan muchas asignaturas pendientes, como los más de cien mil asesinados, cuyos restos continúan en cunetas y fosas comunes; la anulación de las sentencias injustas, la devolución de los bienes expoliados por el régimen a sus víctimas. En Melilla tenemos, también, la asignatura de cumplir esta Ley y retirar del callejero los nombres de aquellos personajes, que están en él por haber apoyado al régimen; así como la retirada de la última estatua pública del dictador genocida, que se mantiene atendiendo a una falaz biografía, creada por los propagandistas de su régimen.

Ofende a las víctimas y su memoria que nombres ligados a la deslealtad, al deshonor y la traición se mantengan en nuestras calles.
Los reconocimientos públicos no se hacen por tratarse de personajes históricos, se hacen porque estamos ante hombres y mujeres ejemplo para la ciudadanía, y no lo son en un sistema democrático quienes sumieron a España en una dictadura sangrienta.

En un sistema democrático, los héroes son los valientes que dieron su vida, no sólo por fidelidad al Estado republicano, sino, honorablemente, por su compromiso vital con sus conciudadanos. Los
nombres del Padre Jaén, Comandante Virgilio Leret y Carlota O´Neill, Comandante en Jefe de la Circunscripción Oriental General de brigada Manuel Romerales Quintero, Comandante en Jefe del Ejército de África Manuel Gómez Morato, Alcalde Antonio Díez Martín, son quizás de los más renombrados, pero fueron muchos los militares, trabajadores, juristas, representantes públicos, etc. que ofrecieron ese testimonio en Melilla por una España democrática.

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE MELILLA