Enviado a la página web de Redes Cristianas
Elena Caal y María Reyes son miembros de Protección Internacional (PI), una organización
que está presente en Guatemala, Colombia, República Democrática del Congo, Kenia,
Indonesia, Tailandia y Bruselas, donde tienen su sede Central, y de donde procedían para
impartir ayer en Gijón una charla-coloquio, sobre los objetivos de esta organización en
general y su incidencia particular en Guatemala, donde ellas trabajan.
Protección Internacional se pone al servicio de personas, colectivos y organizaciones
comunitarias campesinas y de los pueblos indígenas para la defensa de sus derechos
relacionados con la tierra, la identidad étnica y sus bienes naturales, que con frecuencia son
atacados por actos de represión violenta, tanto personal como colectivamente. Su acción
operativa consiste en organizar a las Comunidades como unidades de Resistencia Pacífica de
hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas, que se unen para ?defender y proteger la
sagrada agua, los animales, la naturaleza, sus Derechos Humanos y el futuro de sus
Comunidades, contra los invasores de sus territorios y de sus ríos, con las hidroeléctricas y la
minería extractiva??.
Elena Caal prestó atención especial a las desastrosas consecuencias de las centrales
hidroeléctricas en Guatemala, promovidas por empresas multinacionales, que afectan
directamente a las Comunidades Indígenas, obligando a muchos miles de personas a
abandonar sus tierras sin rumbo ni protección alguna, coaccionadas por el gobierno del país
que incluso pone la policía nacional civil al servicio de esas multinacionales para que puedan
invadir sus tierras con total impunidad. Elena y María con su organización programan
jornadas colectivas de reflexión y análisis sobre los impactos de los proyectos hidroeléctricos
y extractivos que tienen lugar, principalmente en Alta Verapaz, dejando a las Comunidades
sin tierra y sin agua, y llevando la energía a otras regiones, dejando a las Comunidades sin
ella y sin los beneficios de la minería, sin ni siquiera generar algún puesto de trabajo para
los miembros de las Comunidades.
Por ello hacen especial incidencia política para defender
los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, que con frecuencia son artificialmente
criminalizados por las empresas multinacionales y las entidades del propio Estado, como si
esas personas hubieran cometido un delito solo por defender sus tierras y sus derechos.
Son más de veinte Comunidades las organizadas en Resistencia Pacífica, porque las
empresas compran voluntades, o amenazan de muerte a hombres, mujeres, jóvenes e incluso
niños y niñas.
?Ellas nos privan a nosotros y a nuestros animales de espacios para poder
comer, invaden nuestros lugares sagrados como santuarios y cementerios, arruinando nuestra
espiritualidad ancestral; hacen megatúneles en los cerros para desviar el agua, encuentran en
ellos metales preciosos de los cuales no reportan nada a las Comunidades a las que desunen
dando algo a alguno de sus miembros más significativos. El desvío de los ríos deja sin agua
nuestras casas, nuestros animales y nuestros cultivos. Las extracciones de minerales
contaminan nuestros ríos, que en vez de dar vida la matan por donde pasan, causando
enfermedades en la flora, en la fauna, en nuestros cultivos y en nosotros mismos, acarreando
al mismo tiempo la desaparición de la pesca tradicional??.
A preguntas del público Elena contesta y concreta que una empresa que causa estos grandes
deterioros en Guatemala es la española Cobra-ACS, de Florentino Pérez, implicada en la
destrucción del río Cahabón, generando, según la ONG Alianza por la Solidaridad, la
pérdida del 90% del caudal de este río, afectando a unos 29.000 indígenas que viven
en su entorno, a lo largo de 30 kilómetros. Esta compañía Cobra-Acs, sin embargo,
no se considera responsable de los impactos sociales y ambientales de la inversión,
por lo que se mantiene al margen de cualquier obligación con las comunidades
indígenas afectadas. (Ver Infolibre: Miércoles, 24 de octubre de 2018).
A otra pregunta del público María contesta que los tres poderes del Estado (legislativo,
ejecutivo y judicial) fallan totalmente, viciados de corrupción, con lo que el Estado no está
dando una mínima respuesta positiva a las reivindicaciones de las Comunidades Indígenas.
De ahí que su Indice de Fragilidad Estatal esté en 81,8
Otra persona del público hace la observación de que el pueblo de Guatemala está cada más
consciente de la lamentable situación del país y su presión pacífica consiguió que un
Presidente y una Vicepresidenta estén en la cárcel por corrupción.
Por todo ello nos piden que demos difusión a esta lamentable situación de las comunidades
indígenas de Guatemala y otras muchas de América del Sur que están pasando también por
situaciones muy difíciles como sucede estos días con Honduras.
La exposición fue completada con la proyección de dos vídeos donde vimos a muchas
personas de las comunidades reivindicar sus derechos y la defensa de su río Cahabón.