*Bruselas, junio 30 de 2011. *En Colombia no se puede ejercer la labor de defensa de DDHH ni representar a las comunidades que han sido y son víctimas tanto de crímenes de Estado como de los grupos paramilitares de extrema derecha que en muchos casos actúan en connivencia con la fuerza pública; no se puede defender a las comunidades de los abusos y crímenes de las guerrillas de izquierda, así como tampoco sus defensores y defensoras se pueden librar del permanente acoso a que son sometidos por otras instituciones del Estado, entre ellas, el servicio interno de inteligencia
y, en algunos casos, la misma justicia.
*Oidhaco* no entiende cómo la UE afirma que Colombia avanza en DDHH, cuando la realidad es que las amenazas, asesinatos, persecuciones, montajes judiciales, difamación y desprestigio tanto de las organizaciones como de los activistas, siguen ocurriendo. En Colombia los defensores, así como líderes comunitarios viven en permanente estado de zozobra porque defender a las víctimas allí se paga con la vida.
Esta semana ha llegado a 10 organizaciones de mujeres con sede en Bogotá, una amenaza de muerte contra 18 de sus integrantes; les dan 20 días para abandonar la ciudad y si no “estarán muertas”. Las ONGs amenazadas están relacionadas con población desplazada o víctimas del conflicto armado, entre ellas, La *Ruta Pacífica de Mujeres*, a la que pertenecía la líder de los procesos de restitución de tierras, *Ana Fabricia Córdoba*, asesinada el pasado 7 de junio en Medellín.
La *Comisión Intereclesial de* *Justicia y Paz *que, entre otras labores, acompaña desde 1996 a las comunidades negras de Jiguaminadó y Curbaradó del noroeste colombiano, en su reclamo por la restitución de las tierras que les fueron arrebatadas a través de la violencia, ha sido
víctima de robo de documentación de los ordenadores en su oficina que contenía información sobre el proceso judicial contra el ex general Rito Alejo del Río, procesado por pertenencia a grupos paramilitares, y otra, referente a una demanda proyectada contra el ex presidente Álvaro Uribe.
Sus activistas son actualmente víctimas de seguimientos y escuchas telefónicas ilegales, así como de tácticas locales e internacionales para desprestigiar su labor con el fin de dividir a las víctimas y generar desconfianza sobre su compromiso demostrado tras 16 años ininterrumpidos de asesoramiento y acompañamiento.
En un periódico local a esta ONG y otra institución de prestigio nacional e internacional como el *CINEP*, fueron denunciadas por actuar conjuntamente con “el proyecto político-militar de las FARC”. Esto en Colombia significa una sentencia de muerte contra los activistas.
El M*ovimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de* Estado – *Movice*- en su Capítulo de Sucre, provincia al norte de Colombia, ha recibido en tan solo dos semanas cinco escalofriantes amenazas de muerte. En ellas se nombra específicamente cuáles son las siete personas que van a ser
asesinadas en los próximos días. Algunas de ellas son beneficiaras de medidas cautelares de protección emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tan solo un año, dos integrantes de esta organización de Sucre han sido asesinados; todo por acompañar a las víctimas en el proceso de retorno a la finca La Europa, ocupada ilegalmente por una empresa.
Poblaciones indígenas, que se encuentran en territorios donde se libra la guerra entre narcotraficantes, paramilitares de extrema derecha, guerrillas y ejército nacional, así como en lugares de explotaciones mineras, son desterradas, amenazadas, vejadas y asesinadas. La *Organización de Indígenas de Antioquia* –OIA- ha denunciado el asesinato de cinco miembros de sus comunidades en el fin de semana pasado. Hace dos semanas militares asesinaron a otro indígena en la región de Arauquita al noreste del país y fue presentado como un guerrillero caído en combate.
Días después el mismo ejército reconoció el crimen como una “equivocación”. Una niña de 18 meses fue muerta por un bombardeo del ejército en un territorio indígena al norte de Colombia, porque “parecía un campamento guerrillero”.
En las provincias de Nariño, Valle y Cauca, al suroeste colombiano, en lo que va del año han matado al menos a 20 indígenas, entre ellos el líder Hugo Ulcué, crimen que fue condenado por la OEA. En esta última zona las comunidades indígenas durante este año han recibido diversos panfletos de
grupos paramilitares en los que se les advierte que “empezaremos a exterminarlos sin piedad”.
Ante este panorama, con sólo cuatro ejemplos de los múltiples que a diario suceden en Colombia contra activistas y líderes comunitarios, *Oidhaco* le pide a la UE que “emplee todas las herramientas necesarias para que el Gobierno colombiano cumpla con su obligación de ofrecer garantías a las víctimas, sus representantes y defensores, así como también que, inmediatamente, tome medidas efectivas para su protección”.
Esta organización insiste nuevamente a la UE “para que escuche a las víctimas colombianas, las apoye públicamente, y exija a Colombia una verdaderam mejora en DDHH, antes de debatir sobre la ratificación del TLC con ese país”.
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Oidhaco (Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia)
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