Que el Estado Vaticano se niegue a apoyar con su firma la última propuesta de la ONU, apoyada por todos los países miembros de la Unión Europea, que pretende lograr la despenalización de la homosexualidad en todos los países del mundo, es escandaloso pero no sorprendente.
Estos días hemos podido conocer los datos: casi en 40 países las relaciones sexuales entre personas del mismo género están castigadas con diversas penas por la legislación vigente; además, en 9 países el castigo incluye actualmente la pena de muerte. En cada uno de estos países la justificación está basada en consideraciones de tipo social, cultural y, particularmente, religioso, según su propia interpretación.
Llamamos Santa Sede a la cátedra o sede del obispo de Roma que actúa como Patriarca, Sumo Pontífice o Coordinador General de los patriarcas, pontífices, obispos o coordinadores generales de las cátedras o sedes, igualmente ?santas??, de las diócesis pertenecientes a la Iglesia Católica Romana, extendidas por todo el mundo.
Que esta iglesia, como cualquier otra iglesia o confesión religiosa, interprete los comportamientos de la vida de las personas, individuales y colectivos, de acuerdo con sus propios principios y fundamentos no tiene nada de particular; está en su derecho en una sociedad democrática mientras respete al marco general de su Constitución. Así, sus miembros oirán a sus dirigentes y actuarán en consecuencia desde la plena libertad de elección.
Pero como la Santa Sede tiene su domicilio social, desde el tiempo en que el dictador Benito Mussolini lo acordó así con el papa, en una Ciudad-Estado independiente reconocida por la mayoría de los Estados del mundo, parece que se ve a menudo en la dificultad de conciliar sus principios y fundamentos con las políticas prácticas del momento.
Llama la atención saber en estos días que el Vaticano no firmó nunca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en vigor desde 1948. Llama la atención saber que en el Estado Vaticano estuvo vigente la pena de muerte hasta 1969 (no sabemos si fue aplicada en algún caso reciente pero sería interesante confirmarlo). Y sería interesante saber también si existe allí un Código Penal, qué conductas contempla, qué procesos jurídicos realiza y qué penas aplica.
A menudo, tanto el papa como muchos obispos hacen declaraciones a favor del respeto a los derechos humanos, incluso, como en el caso reciente de algunos obispos españoles, denuncian con grandes palabras, a veces poco respetuosas, actitudes y comportamientos en la sociedad civil, con los que discrepan. Pero, ¿cómo son las cosas dentro de casa?
En el periódico digital El Plural del 06/12/08, Juan Cejudo, miembro del MOCEOP y de Comunidades Cristianas Populares, decía que ?existe una tremenda contradicción en el mensaje que la Jerarquía de la Iglesia pretende transmitir: que está a favor de la vida, incluso de los preembriones o embriones desechados con fines terapéuticos, pero en otros muchos casos parece no importarle la vida cuando pueden apoyar propuestas para evitar la condena a muerte de numerosos homosexuales en algunos países o la pandemia del Sida en África si apoyara el uso del preservativo.?? Y añadía: ?La homosexualidad jamás podrá ser un delito, sólo una opción sexual.??
Por tanto, ¿están el papa y los obispos a favor de la condena a muerte de quienes mantienen relaciones homosexuales? ¿Están a favor de que al menos sean castigados con penas de otro tipo? (En siglos pasados eran quemados vivos en público algunos de ellos, pensando quizá así salvar sus almas: ¿sigue presente de alguna manera esa mentalidad en la Santa Sede?).
Hablemos, con paz.