El organismo se ampara en el Acuerdo económico entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979 y obvia que estaría facultado por la ley de Transparencia.
El dinero que reciben del Estado las autoridades eclesiásticas españolas nunca ha sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, ante el que sí comparecen, por ejemplo, los partidos políticos o las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), entidades sin ánimo de lucro. ··· Ver noticia ···
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