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El Supremo desmonta la oposición a Ciudadanía pero pide vigilar si se adoctrina en los textos -- Julio Martínez-Susana Pérez

Publicado en

El País

Anula las cuatro sentencias dictadas por los tribunales superiores de Andalucía y Asturias
No admite la objeción de conciencia a la asignatura de Ciudadanía, pero anima a los padres a presentar un recurso contencioso-administrativo contra los textos en el caso de que consideren que éstos «se erijan en árbitro de las cuestiones morales controvertidas que pertenecen al ámbito de debate de la sociedad civil».

El Supremo, en el texto completo de la sentencia sobre cuatro recursos relacionados con esta materia, hecho público hoy, desmonta completamente las dudas sobre la constitucionalidad de la asignatura y deja claro que debe cursarse.

Diez de los 29 jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la rama conservadora y liberal, han emitido votos particulares, siete de los cuales discrepan con la mayoría sobre el derecho a la objeción de conciencia y el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos. Los otros tres votos son concurrentes, es decir, hacen matizaciones pero están de acuerdo con el grueso de la sentencia. La advertencia de esta minoría se centra en el contenido de los reales decretos autonómicos que «contienen apreciaciones morales que rozan la inconstitucionalidad», según razona uno de los argumentos. Estos jueces consideran que no se garantiza en esta materia la «neutralidad ideológica».

En cualquier caso, la consecuencia de esta sentencia es que todos los alumnos tendrán que cursar obligatoriamente esta asignatura. Ciudadanía es, según el Supremo, totalmente compatible con el derecho a la libertad religiosa e ideológica que proclama la Constitución. El texto especifica también que, aunque el Estado no puede llevar sus competencias educativas tan lejos que invada el derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa y moral de sus hijos, «los padres tampoco pueden llevar ese derecho tan lejos que se desvirtúe el deber del Estado de garantizar una educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se ha apresurado a advertir a las familias y a las comunidades autónomas, al responder a preguntas sobre esta materia en el Senado, que a partir de ahora no asistir a Educación para la Ciudadanía «tendrá las mismas consecuencias que puede tener no asistir a la asignatura de Matemáticas o no hacer los exámenes de Matemáticas».

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