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El Salvador: En el caso de monseñor Romero organizaciones sociales defenderán la sentencia de la CIDH -- Gloria Silvia Orellana

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Argenpress

La Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, se reunió hoy, con el afán de establecer una agenda para exigir el cumplimiento del dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y denunciar ante la Comunidad Internacional el desacato del Estado salvadoreño, en el caso Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

La decisión de estas organizaciones sociales surge, tras conocer la postura de los agentes del Estado salvadoreño, el pasado 10 de octubre ante la CIDH, quienes solicitaron desligar de la responsabilidad del magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero al Estado.

Además, se ha conocido de ‘reuniones privadas’ entre el Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle y el Gobierno, con el fin de llegar a acuerdos sobre el caso.

Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH contempla: la realización de una investigación judicial completa, que identifique a los autores materiales e intelectuales del crimen y los sancione.

La segunda se refiere a la reparación y cubrir todas las consecuencias de las violaciones, que incluye el pago de una justa indemnización y el tercer mandato es la adecuación interna de la Convención Americana, para dejar sin efecto al Ley de Amnistía General.

La directora de FESPAD, María Silvia Guillén, explicó que como sociedad civil demandarán de las autoridades gubernamentales el cese de la actitud ‘renuente’, en el cumplimiento de las recomendaciones.

‘No se puede negociar el caso de Monseñor Romero, entre las autoridades gubernamentales y el Arzobispo de San Salvador y Monseñor Richard Antal, porque no sólo ofende a los salvadoreños que reconocen en Monseñor Romero a su pastor, sino alrededor del mundo, quienes rinden respeto a su memoria’, señaló.

Guillén agregó que las recomendaciones dadas por la CIDH no eran negociables ‘no nos van a callar, aquí se ha acostumbrado el Gobierno hacer cosas y que nadie les diga nada y eso no lo vamos a tolerar más, porque estamos indignados’.

Asimismo, se pronunciaron por la oficina de Tutela Legal para que no cambie la línea de trabajo que imprimió María Julia Hernández.

Sobre el caso, el director Ovidio Mauricio González afirmó que, Tutela Legal seguirá con el caso y afirmó que ya se resolvió con las recomendaciones de la CIDH.

‘El gobierno tiene que esclarecer a los autores, tiene que indemnizar y derogar la ley de amnistía, ninguna negociación hecha acá, entre gobierno y la iglesia tiene valor jurídico’, sentenció.

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