Es un hito histórico en el país andino, y su potencial para la refundación del país más pobre de América Latina después de Haití es enorme.
La aprobación de la nueva CPE es muestra de un cambio profundo: primero como resultado de un proceso de luchas, desarrollado desde los años 90 con las primeras grandes movilizaciones indígenas-campesinas, que sitúan la demanda de una asamblea constituyente para refundar el país al centro de su agenda.
Es el resultado también de un largo proceso de confrontación-negociación de casi tres años, desde la subida al poder del gobierno de Evo Morales, la elección de la Asamblea Constituyente en 2006, y un sin fin de obstáculos, disputas y retrasos promovidos por la oposición de derecha, maleable alianza de la vieja élite política, sectores oligárquicos terratenientes, Iglesia católica e intereses particulares o regionalistas.
Este proceso de por sí ha marcado un cambio radical en la historia de Bolivia. Constituyentes elegidos entre organizaciones sociales, de origen indígena, campesino, obrero; organizaciones de mujeres (campesinas-indígenas-populares, y feministas urbanas); e intelectuales provenientes de la tradición de la izquierda revolucionaria, han intentado durante dos años recoger, transmitir y plasmar en el texto constitucional, las demandas históricas de las mayorías excluidas de Bolivia.
En este país de estructura política y económica profundamente racista y colonial, dos tercios de la población se identificaron como indígenas o mestizos/as en el censo de 2001. Esta mayoría de la población ha sido históricamente excluida del poder político, de la repartición de los beneficios económicos y, de manera general, del mismo imaginario y simbología nacionales.
Además, desde los años 80, el país ha sido sometido a una liberalización y una privatización de gran envergadura, reflejadas básicamente en la venta – a muy bajo precio – de todos los recursos del país a capitales extranjeros, en una cesión de soberanía nacional ante empresas extranjeras y hasta en la presencia militar (norteamericana).
Por lo tanto, esta nueva constitución del Estado, nace, en primer lugar, de un proceso histórico de recuperación del poder por parte de movimientos populares-indígenas-campesinos que pretenden reflejar las expectativas de la mayoría de bolivianos y bolivianas.
Se trata de una inversión hegemónica entre una clase pudiente y política “profesional” y un gobierno producto de un movimiento social heteróclito, con un nuevo estilo de hacer política -con elementos de democracia directa, con un tono fuertemente nacionalista y populista, no en sentido peyorativo- que pretende refundar el país, es decir, transformar sus estructuras fundamentalmente excluyentes e ineficientes hacia un modelo de Estado plurinacional, modernizado, más democrático e incluyente.
Por lo tanto, esta nueva Constitución Política del Estado tiene múltiples aspectos novedosos e importantes para Bolivia, entre los cuales podemos destacar:
Reconocimiento a las naciones e identidades indígenas-originarias, desde aspectos culturales hasta el derecho a la “autonomía indígena” con control relativo sobre recursos naturales, administración de su territorio y propiedad colectiva de la tierra. Simbólicamente y prácticamente, estos artículos son fundamentales para la lucha histórica de los y las indígenas en un país donde siguen existiendo formas de esclavitud que somete a comunidades indígenas y, sobre todo, un racismo profundo que vertebra la organización social, política y económica del país.
La ruptura con el modelo de Estado neo-liberal impuesto desde los años 80, devolviendo un papel central al Estado en varios aspectos:
En el ámbito económico, la nueva CPE reconoce un modelo de economía mixta, donde es preponderante el capital privado, pero se reconoce la importancia de la economía comunitaria y familiar y, sobre todo, da al Estado un papel central en la gestión y explotación de los recursos naturales no renovables, y reserva al Estado la prestación de servicios básicos como el agua y saneamiento, prohibiendo a partir de la aplicación de la CPE las concesiones de este tipo de servicios a empresas privadas [1] . Se reconoce la propiedad inalienable del pueblo boliviano sobre los recursos naturales del país, destacando el objetivo de redistribución económica para su explotación.
Se reconocen una serie de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, de los cuales el Estado debe ser el garante, devolviéndole un papel de protección social y garantía de igualdad de oportunidades. Destacamos el reconocimiento al derecho de las mujeres a no ser discriminadas, a vivir sin violencia, y el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos (aún sin definir [2]) .
La modernización y descentralización del Estado. La repartición de competencias entre los niveles centrales y descentralizados del Estado es el resultado de la pugna entre el Gobierno y el proyecto autonomista promovido por las Prefecturas y movimientos cívicos de los departamentos del oriente del país. Si bien se han incorporado una serie de medidas planteadas por los “Estatutos autonómicos” elaborados por las élites político-económicas del Oriente, se ha mantenido un rol central para el Estado nacional, insistiendo en su unidad y en sus prerrogativas exclusivas en materia de seguridad nacional e interna, recursos no renovables y su explotación, modelo económico, política exterior etc. Para contrarrestar el proyecto autonomista departamental, se reconocen grados de autonomía para los Municipios, Regiones y territorios indígenas.
Por ultimo, destaca la importancia del tema de tierra en la nueva CPE, con un balance mucho más mezclado. En el referéndum del 25 de enero, los y las bolivianas votaban también para establecer el límite de extensión de las propiedades agrarias entre 5.000 ha y 10.000 ha. Lo interesante es que un 80% de los votantes se pronunciaron a favor de limitar las propiedades a 5.000 ha, superando en 20 puntos el voto favorable a la Constitución.
Ello significa que, más allá del apoyo al proyecto político de los sectores populares reflejado en la nueva CPE, existe una tendencia muy clara en la sociedad boliviana en contra de la concentración de tierras. Ello, paradójicamente, entra en contradicción con la misma Constitución, que si bien teóricamente prohíbe el latifundio, en realidad no se va a aplicar a las propiedades ya existentes, como resultado de la negociación y pacto entre partidos del oficialismo y oposición para viabilizar la constitución. Con lo cual no se toca la actual situación de extrema desigualdad e injusticia en la repartición de tierras, dejando pocas esperanzas para una real reforma agraria.
En conclusión, insistir en que el proceso de cambio boliviano no culmina aquí, más bien podríamos decir que realmente se inicia ahora. Se han echado las bases fundamentales de una propuesta de cambio, aprobadas por la mayoría de votantes, y ahora hay que concretar estos principios en leyes, normas, reglamentaciones. Ahora viene un trabajo arduo y largo, para el que seguramente habrá que hacer nuevos pactos políticos-partidarios, y durante el cual es fundamental que se refuercen la capacidad de propuesta y el papel de control social de los movimientos sociales. Ahora más que nunca es trabajo de todos y todas asegurarse que los cambios planteados en la nueva Constitución se hagan realidad y transformen durablemente el país, hacia el “vivir bien” propuesto en el mismo Preámbulo.
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1.Este aspecto es fundamental si consideramos que las mayores movilizaciones y movimientos sociales que entablan el proceso de cambio en Bolivia surgieron a raíz de la protesta contra la privatización de servicios públicos como el agua en Cochabamba y El Alto (concesiones a las empresas extranjeras Bechtel y Suez-Lyonnaise des Eaux), que provocaron la “Guerra del Agua” en el 2000 y ulteriores movilizaciones, o la exportación del gas boliviano por parte de empresas extranjeras que provocó en reacción la “Guerra del Gas” en 2003, para citar sólo los ejemplos más emblemáticos.
2. Es importante hacer mención de la pugna que se llevó a cabo en la Asamblea Constituyente sobre la propuesta de constitucionalizar el “derecho a la vida desde la concepción”, promovido por una parte de las mujeres del MAS y otros partidos, que de hecho cerraba la puerta a la legalización o simple despenalización del aborto, aún terapéutico (tal como existe actualmente en el código penal). Esta propuesta que fue eficazmente combatida por el movimiento de mujeres hasta que fuera retirada. La nueva CPE sólo protege el “derecho a la vida”.
http://www.acsur.org/El-pueblo-boliviano-aprueba-su
