Juan Pablo II y Benedicto XVI, referentes ideológicos de Juan Luis Cipriani, instalaron en la Iglesia católica el ambiente político y religioso característico del neoconservadurismo del primero y el integrismo del segundo. Durante un periodo histórico marcado por el fin del mundo bipolar, el protagonismo pro imperial de los halcones norteamericanos y la reciente crisis financiera, la Iglesia de Roma ha constatado su declive como institución de confianza y referencia espiritual, ocupando cientos de sus sacerdotes pederastas el banquillo de los acusados de la justicia mundana.
La incoherencia religiosa, ética y política en el proceder de la jerarquía eclesial ha vuelto a manifestarse esta vez en Lima provocando el inconformismo de una sociedad civil, creyente o no, crítica; capaz de indignarse frente a la negación de lo que está garantizado a cualquier ser humano, religioso o laico: el derecho a expresar libremente sus opiniones sin tener que sufrir represalias por ello.
A partir de sus reflexiones afincadas en planteamientos liberadores, el padre Gastón Garatea ha manifestado una vez más su deseo de que se concrete la vigencia de los derechos humanos dentro y fuera del ámbito eclesial. Asume tales derechos desde una perspectiva histórica reivindicada como una experiencia valiosa que se centra en las personas más que en el dogma, la propia institución o la representación del poder religioso en este mundo.
La sociedad civil movilizada está asumiendo, por ello, que no sólo corresponde una condena moral frente a la intolerancia de quienes se asumen dueños de la “Verdad”, sino el respeto de la laicidad como una garantía política y jurídica para la vigencia de los derechos y como pauta de conducta pública y ciudadana, más allá de profesar o no alguna fe religiosa.
El padre Gastón Garatea ha apostado siempre por el respeto de pueblos, credos e individuos diferentes, no aislados ni asimilados, sino partícipes en el debate y la controversia que les concierne a través de un amplio y auténtico diálogo intercultural, interreligioso y de géneros. Si bien el diálogo no se exige, el respeto del derecho a la libertad de expresar una opinión reclama una obligación de la que no debe sustraerse ni siquiera un prelado, menos aún al ejercer su ministerio en un estado que ha consagrado, muy a pesar de Cipriani, un régimen democrático.
El talante del padre Gastón Garatea, desde su militancia a favor de la vigencia de los derechos humanos, contrasta con las actitudes de la jerarquía católica romana o limeña de las últimas tres décadas, para ello basta recordar posturas lamentables protagonizadas por los dos últimos pontífices y el propio Cipriani, incapaces de adoptar una condena firme, expresa y consecuente con el “No matarás”, con el que el padre Gastón fue fiel, a diferencia de los jerarcas, al enfrentar con campañas desde Perú, Vida y Paz la inclusión de la pena de muerte en la Constitución vigente. Una contradicción eclesiástica que tiene su cara contraria en las decisiones de estados laicos que van desterrando la pena capital de la vida de sus sociedades.
Asimismo, el padre Gastón Garatea, quien hizo parte de sus estudios para ser sacerdote en Chile, no olvidará, acorde con un ejercicio de memoria histórica reivindicada desde la creación de numerosas comisiones de la verdad y habiendo conducido el Área de reconciliación de la CVR peruana, las posturas que mantuvo el beatificado Juan Pablo II frente a la dictadura chilena de Augusto Pinochet, con su descuido, por decir lo menos, ante la lucha contra la impunidad por las graves torturas, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas ordenadas directamente por el militar golpista. Tan horrendos crímenes que no podían ser pasados por alto, ni olvidados, no fueron callados más tarde, en su afán de justicia, por los gobiernos y jueces democráticos y laicos de la transición chilena.
Se iba verificando, de ese modo, ya desde aquella visita y el cercano encuentro entre el papa y el tirano, las señales de la actitud poco propicia del ahora beato para enfrentar y sancionar irreparables atentados cometidos hacia el interior de la propia Iglesia, y en contra de innumerables fieles que se hallaban bajo su égida pastoral, cuando brindó todo su apoyo y silencio a Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, denunciado en innumerables ocasiones ante él por crímenes sexuales.
Al padre Gastón, le ha correspondido en esta ocasión ser el blanco de una práctica rabiosamente instalada en el proceder de jerarcas neoconservadores e integristas: las órdenes a callar, no enseñar ni publicar aquello que no resulte conforme a la interpretación de la cúpula ortodoxa y oficial, lo cual, consagrado como un actuar permanente concreta una vulneración a las libertades de pensamiento y expresión de versados pero silenciados fieles.
Se reedita de ese modo un estilo propio de aquellas “sociedades cerradas” que condenaba Popper, y de las que es un claro ejemplo la muy anhelada y nada democrática “sociedad perfecta jerárquica y desigual por voluntad divina” proclamada por León XIII y Pio X, ansiada hoy por quienes pretenden el monopolio de la verdad; al mismo tiempo, en consideración con carácter absoluto de sus premisas de fe se hace impensable que alguna vez puedan llegar a compartir la moderna filosofía de los derechos humanos fundada en el bienestar de las personas -y no en el de la Iglesia- surgida desde el tránsito a la modernidad; una época, para ellos, abominable.
(*) Integrante del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia de la Universidad Carlos III de Madrid
