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El obispo de San Sebastián afirma que la Iglesia no debe influir en el voto

Publicado en

El País

Juan María Uriarte cree que «el votante tiene derecho a ser tratado como un adulto»
El obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, ha pedido a los responsables eclesiales que eviten «con sumo cuidado cualquier signo o apariencia de proclividad partidista, particularmente en tiempo electoral o preelectoral» porque «la Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático, pero no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional».

En la sesión ordinaria del Consejo Pastoral Diocesano celebrado este sábado bajo el tema de la Pastoral Familiar, Uriarte ha añadido que los criterios éticos que se propongan, «lejos de tener la pretensión de inclinar el voto concreto de los ciudadanos incluso de los creyentes, han de orientarse a que éstos lo emitan con libertad, con realismo y en conciencia», sin «proteccionismos ni intervencionismos de ningún signo» porque «el votante tiene derecho a ser tratado como un adulto».

Estas afirmaciones de monseñor Uriarte se han producido como respuesta, en el turno de ruegos y preguntas, a cuestiones planteadas por los consejeros sobre los asuntos «que preocupan a la comunidad cristiana de Guipúzcoa, en particular las que se refieren a las próximas elecciones». Uriarte ha explicado que ninguno de los programas presentados puede albergar la pretensión de tener la «exclusividad» de representar el Evangelio. «El voto en conciencia reclama una decisión responsable inspirada por una visión ética de la vida, asumida tras un análisis de los programas y reciamente orientada a la consecución de una paz realizada ‘entre todos y para todos’ que, junto a otros factores, conlleve una cancelación definitiva de la violencia de ETA», agregó.

El obispo ha reconocido que, no obstante, en momentos electorales los responsables de la Iglesia católica «pueden proponer criterios éticos que ayuden a emitir un voto ponderado y responsable». En este sentido, ha explicado que esa propuesta incluye los criterios «relativos a los derechos humanos», pero también «otros» que tienen «rango de magisterio auténtico» en la diócesis donostiarra, como el que afirma que «el diálogo es una herramienta insustituible para la paz que tanto deseamos».

Uriarte asegura que los responsables de la Iglesia tienen «el derecho cívico» de dirigirse públicamente a los católicos y «a todos aquellos que quieran escucharles» para exponerles el mensaje del Evangelio. «En momentos electorales pueden proponer criterios éticos que ayuden a emitir un voto ponderado y responsable. Ninguna instancia social o política debería, en principio, considerar una injerencia este proceder eclesial», señaló.

El obispo ha asegurado que los criterios morales se refieren en primer lugar a los derechos humanos individuales y colectivos «que constituyen el nervio de una opción ética». Sin embargo, ha dicho, hay que «recordar en esta tierra nuestra» algunos «otros» criterios morales ya enunciados en otras ocasiones y que «tienen rango de magisterio auténtico» en la diócesis de San Sebastián.

Sobre estos «otros» criterios ha afirmado que mientras los modelos políticos presentados por los partidos «respeten los derechos humanos y se implanten y mantengan dentro de cauces pacíficos y democráticos, la Iglesia no puede ni sancionarlos como exigencia ética ni excluirlos en nombre de ésta» porque ninguno de dichos modelos políticos supone en principio un «dogma que requiera un asentimiento incondicionado», tal y como se reconoció en la carta colectiva de los obispos vascos Preparar la paz, del año 2002.

Uriarte ha recordado también que «el diálogo es una herramienta insustituible para la paz que tanto deseamos y necesitamos», en consonancia con lo que afirmó «netamente» Juan Pablo II en el año 2000, sobre que «el diálogo se presenta siempre como instrumento insustituible de toda confrontación constructiva, tanto en las relaciones internas de los Estados como en las internacionales».

«-El diálogo- ha de instaurarse, aunque no en el mismo nivel y con el mismo contenido, con todas aquellas instancias de quienes pende el futuro de la paz. Sólo aquellos grupos e instituciones políticas que representan a nuestra ciudadanía plural y excluyen la coacción o la amenaza tienen atribuciones para debatir, acordar y proponer la forma jurídico-política de las relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Estado español», ha concluido.

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