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España es una de las naciones de Europa con mayor porcentaje de centros escolares del tipo de educación «concertada». Este tipo de educación se realiza en centros cuya propiedad, ni gestión, no es del Estado, sino de entidades privadas. La mayoría de estos centros son de la Iglesia, un 70%, y el otro 30% de entidades civiles no eclesiásticas. Estos centros ponen, pues, el local, y los profesores, pero estos son pagados con la aportación económica del Estado. Esta situación, ciertamente nueva en España, que no la hubo ni en tiempos de Franco, surge en los años ochenta, en tiempos de Gobierno del partido Socialista, PSOE, presidido en el momento por Felipe González, cuando el Estado español, fruto del gran crecimiento de la población, debido en parte a la colaboración de la inmigración, y a la nueva normativa de la España democrática de imponer la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis (16) años, carecía de presupuesto para construir el ingente número de centros escolares que se precisaban.

Sobre los conciertos educativos en España, es bueno recordar lo siguiente:

A) La opción de los conciertos educativos es más barata para el Estado que gestionar directamente la educación en sus propios centros, como se comprueba con las siguientes cifras: la educación concertada escolariza al 29% de los alumnos, con tan solo el 17,7% del gasto público en educación. Y salen más baratos porque los profesores suelen tener más horas, más alumnos por clase, y menos salario. Pero hay más motivos: no suelen estar ubicados en zonas rurales, donde este servicio es más caro, porque los centros privados cubren su presupuesto con ayudas externas a las del Estado, como por ayuda directo de la Iglesia en centros de congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, además de otras ayudas, si bien más pequeñas, de las propias familias. A eso se puede añadir que la escuela concertada de un beneficio fiscal del Estado: que no paga el IVA, con lo que se ahorran unos 1.500 millones de euros al año. Y si son centros de la Iglesia, tampoco pagan el IBI.

B) Estos conciertos suponen al Estado alrededor de seis mil millones (6.000) de euros al año. Se encuentran más, normalmente, en autonomías ricas que en las pobres, y en algunas de las primeras, como Euskadi y Madrid, en poco tiempo habrá más alumnos en la educación concertada y privada que en la pública.

Un aspecto importante a destacar es el siguiente: el dinero público sirve para hacer una peligrosa e injusta segregación de alumnos, separando a ricos y pobres. En los centros públicos un tercio de los alumnos provienen de un entorno socio-económico humilde, mientras que en los privados y concertados este número cae al 7,5%. Y esto sucede porque en los centros concertados, las familias pagan pagas extras, cuyo importe depende del centro. La media se sitúa entre los 60 y los 100 euros al mes. Pero hay algún caso extremo, como uno de Barcelona, que llega a los 850 euros mensuales.

Otra diferencia notable entre la escuela pública y la concertada es el número de repetidores, que es mucho mayor en la pública que en la concertada, fundamentalmente porque los centros de la enseñanza pública acogen mayoritariamente, se puede decir que casi en exclusiva, la integración de clases menos favorecidas. Pongamos un ejemplo esclarecedor: si en España un alumno pobre, en general, tiene 5.5% más veces de probabilidades de repetir, en Madrid, que es la segunda región de Europa con mayor segregación escolar, la probabilidad de esta lacra educativa de la repetición de curso entre alumnos pobres es abismalmente mayor: sucede diez veces más. Y parece que este ascenso de la desigualdad educativa madrileña se debe, en gran parte, a ciertas consecuencias provocadas por malas prácticas de la llamada trama Gurtel, en el Gobierno autonómico de Madrid, comprobadas ya judicialmente, como cobrar comisiones a cambio de facilitar suelo público para estos colegios.

La gran mayoría de los alumnos de la enseñanza concertada estudia en centros educativos religiosos, hasta llegar casi al 70%. Y hay un detalle que agrava este alto porcentaje: algunos de estos centros religiosos separan a los alumnos por sexo, con el plus de alarma social que puede devenir de esta práctica, al estar avalada por sentencia del Tribunal Constitucional. El caso no tendría esta gravedad si esto sucediera en centros estrictamente privados, sin ninguna aportación económica por parte del Estado.

Todo esto nos lleva a comentar la desproporcionada reacción, hasta llegar a la desmesura, a mi entender, de la jerarquía de la Iglesia y de las derechas de este país, PP y Vox, a las palabras de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá. Ésta no ha cuestionado ni la enseñanza concertada, ni, desgraciadamente, el Concordato, o mejor, los convenios con el Vaticano. Muchos, desde dentro de la Iglesia, esperamos que algún día se enfrente con valentía y prudencia esta situación, que no deja de ser una traba poco evangélica, y que dificulta la implantación del espíritu del Vaticano II.

En este tema, para cualquier ciudadano español medianamente informado, y razonablemente sensato, da mucho qué pensar el notable interés de la Iglesia, mejor será afirmar, y más exacto, la Jerarquía de la Iglesia, en mantener el status quo de una situación que perdura ya mucho tiempo, e, incluso, mejorarlo. Pero lo que está en juego no es ni la libertad genérica de la enseñanza, tampoco de la religiosa, ni la concreta libertad de elección del centro educador. Tiene toda la razón el Estado cuando asegura por boca de la ministra del ramo que la Constitución no garantiza directamente ese derecho selectivo de la elección del centro, y que no niega ni dificulta «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», protegido por el artículo 27 de la carta constitucional.

El problema es otro, que a su vez se divide en dos: a), por un lado, si deben pagar, entre todos los ciudadanos de un Estado aconfesional, el gasto que deviene de la enseñanza y estudio de una religión concreta; b), y por otro, y este, para mí, mucho más importante y decisivo, si un Estado puede. permitir, o mejor, tolerar, o peor, provocar la injusticia de que una normativa concreta, en este caso, en el mundo educativo, cause una discriminación social del todo injusta: que los que puedan elegir centro de enseñanza para sus hijos solo puedan ser los padres que disponen de ese plus económico necesario para sufragar los gastos extras que, de manera a mi modo de ver, de manera anticonstitucional, exigen los colegios con concierto educativo con el Estado.

Y, ya en clave eclesial, puede constituirse en un profundo escándalo, y para muchas familias españolas desfavorecidas ya lo es, y grave, que la Iglesia, que copa el 70% de los colegios concertados, sea connivente con semejante discriminación, segregadora e injusta. Y los que además de miembro de la Iglesia, lo somos de manera viva, por nuestro ministerio y misión, cambiamos el escándalo, que ya resulta muy raro y difícil en la Iglesia pecadora, con al que está cayendo, lo cambiamos, digo, por una profunda y dolorosa indignación.(Y no es preciso recordar que «Los católicos y la vida pública», y el CEU, que es uno de sus promotores, y ya nos sorprendió negativamente al invitar a dar una conferencia en su centro al cardenal Sarah, uno de los principales y mas descarados enemigos del papa Francisco, no tienen por qué identificarse tanto con cl PP, porque hay católicos de todas las tendencias políticas posibles).