InicioRevista de prensatemas socialesEl Ministerio de la Vivienda paga a las empresas del boom

El Ministerio de la Vivienda paga a las empresas del boom

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Diagonal

El 18 de septiembre de 2007, cuando la crisis internacional presenta síntomas muy serios de agravamiento, se constituye, tras una reunión con Rafael Taguas, director de la Oficina Económica del presidente, y otra con Mariano Rajoy, el grupo de las 14 inmobiliarias más grandes de España formado por: Martinsa- Fadesa, Colonial, Chamartín, Hercesa, Metrovacesa, Nozar, Rayet, Realia, Renta Inmobiliaria, Restaura, Reyal Urbis, Sacyr Vallehermoso, San José y Parquesol. El lobby está dirigido por Fernando Martín, presidente de Martinsa- Fadesa y cuenta, como mediador estrella, con un antiguo secretario general de Economía con el PSOE: Pedro Pérez.

El propósito del lobby está claro desde el principio: utilizar al Estado para que medie ante los bancos en el nuevo contexto de endurecimiento del crédito y legisle a favor de estas promotoras, mientras éstas agitan la amenaza de los riesgos macroeconómicos que se derivarían de una caída demasiado aguda y prolongada del mercado inmobiliario español, el principal de ellos, el colapso de la demanda privada. La impresión de que este grupo de inmobiliarias no está formado por los operadores de mayor capacidad financiera, sino por aquellos que se han quedado ‘atrapados’ en el mercado español, queda reforzada por la ausencia de las grandes constructoras globales de capital español (Acciona, Ferrovial, OHL, ACS, etc).

El lugar de operaciones preferencial del llamado G-14 es, nada paradójicamente, el nuevo ministerio que el Gobierno del PSOE creó para “resolver el problema de la vivienda”: el Ministerio de la Vivienda. Hasta ahora, el gran triunfo del G-14 ha sido la revisión del Plan de Vivienda 2005/2008. El nuevo plan, que regulará la política de vivienda durante este año, prevé modificaciones sustanciales que corresponden a las reclamaciones del lobby de los promotores.

Esta revisión supone una transferencia directa de dinero público hacia las promotoras inmobiliarias, en un momento de agudización del exceso de oferta inmobiliaria y de caída de los precios de la vivienda libre. La revisión del plan establece ayudas de 12.000 euros (6.000 euros nuevos que se suman a los 6.000 ya previstos por el plan) al promotor por cada vivienda que destine al alquiler, sin que en ningún lugar se explicite la cantidad total destinada para cubrir estas ayudas, o lo que es lo mismo, se abre una vía permanente de subvención pública al sector inmobiliario. Por otra parte, esta misma normativa decreta que las promociones de viviendas de obra nueva no vendidas durante más de un año puedan acomodarse a la categoría de viviendas protegidas, mediante una sustancial relajación de los criterios de precios necesarios para que las viviendas puedan ser calificadas como VPO. De esta manera se garantizan públicamente parte de los beneficios de los promotores y, además, el Gobierno puede hinchar sus cifras de construcción de vivienda protegida con fines electorales.

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