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EL MAGISTRADO PERFECTO ANDRÉS REFLEXIONA SOBRE LA OPOSICIÓN DE LOS OBISPOS A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. S. C.

Publicado en

El Plural

“¿Lo intolerable es la asignatura o la condición de ciudadano con plenos derechos?”
El magistrado progresista Perfecto Andrés Ibáñez alude en un artículo publicado ayer por El País a las palabras de Cañizares de que aceptar Educación para la Ciudadanía es “colaborar con el mal”, para reflexionar sobre las razones que llevan a determinados obispos a oponerse a esa materia.

En el artículo Ciudadanía: el verdadero ‘mal’, Andrés Ibáñez refleja su estupor por este tipo de declaraciones y explica que ya en el pasado el estatus de ciudadano “como atributo de hombres libres con derecho a autodeterminarse en lo que atañe a su conciencia se abrió camino en lucha tenaz con las fuerzas dominantes de la sociedad estamental, incluida la Iglesia”.

Separación entre Estado e Iglesia
Recuerda que “la milenaria institución” tiene un “nutrido y poco brillante palmarés de oposiciones radicales, con frecuencia cruentas, al reconocimiento de prácticamente todos los derechos que forman el actual patrimonio constitucional”. Apunta esta como una de las razones por la que la primera piedra del orden jurídico-político del Estado de derecho “fuera la separación de éste de la moral” y que los actuales marcos democráticos europeos se han construido sobre valores diversos, pero “despejando el terreno de imposiciones despóticas” y consiguiendo principios “laicos por definición” que fundamentan el “contrato social” de la Constitución.

Que marquen los pecados pero no las leyes
Así, advierte contra los fundamentalistas y que la Iglesia puede ver pecados en todas las materias que considere, “pero no imponer esa óptica ni obstaculizar el cumplimiento por el Estado de su deber constitucional de difundir en la ciudadanía la cultura de los valores que permiten vivir en paz con la diferencia”.

Si no quieren ciudadanos, que lo digan
Para el magistrado, ante declaraciones como las de Cañizares cabría preguntarse si es realmente la asignatura EpC lo que molesta a determinados obispos o más bien el propio concepto de “ciudadano igual con plenitud de derechos, como modelo político-jurídico de subjetividad”, y anima a plantear este debate “sin subterfugios”.

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