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Dentro de pocos días Honduras se aventura a unas elecciones caracterizadas por cuatro condiciones que ponen en duda el principio básico de la democracia representativa que requiere que sean elecciones libres y justas.
En primer lugar, la apariencia de todas las formalidades de la democracia participativa, pero en la práctica la consolidación de un régimen autoritario, excluyente y bipolar, en el sentido de manejar un discurso favorable a los derechos humanos y los valores democráticos, pero con una práctica contraria a ellos.

En segundo lugar, el uso perverso del discurso de la violencia y la inseguridad para promover un profundo proceso de remilitarización de la sociedad y el Estado con graves consecuencias para la democracia y el Estado de derecho.

En tercer lugar, la persistencia de graves violaciones a derechos humanos y de altos niveles de impunidad y violencia, que impactan particularmente a quienes defienden estos derechos y que convierten a Honduras en el país per cápita más peligroso del mundo para las personas defensoras.

En cuarto lugar, un control absoluto de toda la institucionalidad democrática por parte del presidente Hernández, quien durante estos 8 años en el poder se ha encargado de establecer una red de favores y controles para garantizar sus planes continuistas a costa de nuestra frágil democracia.

Estas condiciones explican por qué la candidatura ilegal del señor Hernández sigue viento en popa, a pesar de estar basada en la suplantación de la soberanía popular y en la grave violación del principio constitucional que obliga a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república.

Sin duda alguna, estas macabras condiciones y graves vicios ensombrecen el proceso electoral, y lo convierten en una herramienta para legitimar la consolidación de la “agridulce dictadura” que nació con el golpe de Estado de 2009 y que parece gozar de la bendición de la comunidad internacional.

, 14 de Noviembre 2017