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El lobby de Monsanto y Semillas Baer para aprobar leyes sobre transgénicos -- María Elba Troncoso

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Manipulación genética, graves enfermedades, miles de millones de dólares en juego y el control del mercado alimenticio, parecen componentes de una película de intriga, sin embargo son los componentes claves de proyectos de ley de Obtentores Vegetales y Transgénicos, iniciativas marcadas por el lobby y una campaña de ocultamiento de la información
Nuevamente un movimiento social está impulsado la discusión en torno a un tema que afecta la salud de los chilenos, pero que no ocupa los titulares de los medios tradicionales del país. La campaña «Yo no quiero transgénicos en Chile» ha puesto en el tapete dos proyectos de ley que están siendo discutidos en el Congreso: los Transgénicos y Obtentores Vegetales.

Ambas iniciativas tienen directa relación con la calidad, cantidad y costo de productos alimenticios de primera necesidad y de acuerdo a sus detractores, a pesar de la trascendencia de su discusión, existe una campaña de desinformación y un fuerte lobby de empresas privadas para su aprobación.

Los transgénicos son alimentos genéticamente modificados a los que se les ha introducido uno o más genes de otras especies, para dar a ese producto las características del nuevo gen introducido. Los alimentos Transgénicos son el Maíz, el Raps, la Soya, la Canola y el Algodón.

En tanto, la Ley de Obtentores Vegetales, que actualmente se discute con urgencia en la Comisión de Agricultura del Senado, tiene que ver con la protección de los derechos de los productores de semillas y la ratificación del convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV.

Si bien ambas normas son distintas, tienen un denominador común: Monsanto, la multinacional agrícola más polémica del mundo. Esta empresa es el mayor vendedor mundial de semillas transgénicas y herbicidas en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Sus críticos consideran que sus productos son un riesgo para la salud humana, de animales, plantas y para el medio ambiente en general.

En abril pasado, un reportaje de Cambio21 develó intensiones de Monsanto de controlar el mercado de las semillas, cuando denunció una serie de irregularidades en el INIA que beneficiarían a la multinacional y a Semillas Baer, de propiedad del padre de la senadora Ena von Baer (UDI), la otra empresa del país dedicada a la producción de semillas. Amparadas en estas dos leyes, ambas empresas pasarían a constituir un duopolio que en la práctica tendría el control del mercado de las semillas y los precios de los productos.

El lobby de Monsanto y Baer

Para el ex Seremi de agricultura, ex director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y ex diputado Leopoldo Sánchez, existen fundadas dudas respecto al aporte de ambos proyectos.

«El problema es que hay un negocio tremendo que subyace a estas normas y que si no se controla adecuadamente se puede prestar para muchos abusos. Hay que resguardar el derecho de los propietarios de semillas y que estos no terminen siendo obligados a usar material modificado pagando derechos», afirmó al ser consultado por Cambio21.

El experto declaró que «sin duda detrás de esto hay un negocio» y advirtió respecto a la posibilidad de que «se pueda convertir en una práctica gansteril».

Tampoco tuvo dudas respecto a que este caso es un ejemplo de cómo opera un lobby amparado en ocultamiento de la información. «Aquí hay toda una nebulosa en torno a los organismos genéticamente modificados».

En la misma línea, Iván Santandreu, biólogo y cofundador de Chile sin Transgénicos, aseguró que la norma de obtentores vegetales «busca darle garantías a grandes compañías multinacionales», como Monsanto y Semillas Baer.

Entrevistado por Cambio21, alertó respecto a que «estos grandes monopolios generan pérdida de agrobiodiversidad y autonomía alimentarias», y calificó la norma que se tramita como «mala derechamente», porque entre otras cosas «no tiene contrapeso y los pequeños agricultores están desprotegidos; y por otra parte, prácticas ancestrales como guardar las mejores semillas serían criminalizadas».

Respecto a la Ley de Transgénicos, recordó que muchos países han prohibido el cultivo y que al contrario de lo que plantea la norma que se discute «nuestro país debería diferenciarse por tener una producción limpia como valor agregado» y citó estudios de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, encargados por el ministerio de Agricultura, que «confirman que no tiene beneficios para el país, por lo que la discusión es bastante tonta y no tiene sentido».

Derechamente, sindicó a Monsanto y otras empresas como semillas Baer de montar un plan comunicacional para desinformar y hacer lobby. «Hay empresas editoriales que simplemente estas materias no las divulgan. Por ejemplo, el Ejecutivo puso urgencia a la Ley de Obtentores Vegetales y a la semana siguiente la Revista del Campo de El Mercurio publicó una columna de opinión sobre la importancia de esta Ley. Ahí uno se da cuenta cómo estos medios están engarzados con los grupos de poder».

Por su parte, el senador Guido Girardi (PPD) insistió en que es un «error que Chile avance en el camino de los transgénicos, porque no tiene ninguna rentabilidad y no es un negocio».

Explicó en Cambio21 que «Chile tiene una superficie arable muy pequeña y tendríamos que competir con países que tienen inmensos territorios, como Estados Unidos, Brasil y Argentina, que son grandes productores de semillas transgénicas» y agregó que «al contrario, sería mucho más inteligente que nuestro país compitiera como país libre de transgénicos».

Atribuyó esto a que en «hay una visión cortoplacista, mediocre, que no entiende lo que está pasando en el mundo, y los problemas al daño al patrimonio genético. No hay una mirada estratégica de cómo Chile tiene que competir con el territorio que tiene».

Los riesgos para la salud y el ecosistema

Quince países de la Unión Europea y en América Latina Perú, Ecuador y Venezuela, han declarado algún tipo de prohibición a los organismos genéticamente modificados. Recientemente, 800 científicos de todo el globo agrupados en el Institute of Science in Society, hicieron pública una carta abierta donde llamaron a los gobiernos a «cesar las cosechas genéticamente manipuladas ahora, antes que los efectos se tornen irreversibles en la salud de las personas y la salud de la Tierra en general».

Al respecto, Leopoldo Sánchez explicó que «cuando uno se salta en la evolución 500 mil o un millón de años al introducir un gen de una especie a otra, nadie está en condiciones de decir que no va a pasar nada. Ese es el problema».

Los especialistas destacan que los transgénicos son un grave riesgo para la biodiversidad, puesto que tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas. Como han sido desarrollados para resistir pesticidas, conllevan un incremento del uso de tóxicos, contaminación genética y desarrollo de resistencias en insectos. Esto implicaría la muerte de los suelos agrícolas y una seria amenaza para especies tan importantes como las abejas.

Además los químicos aplicados a los cultivos transgénicos podrían traspasarse a quienes los consumen, provocando alergias y resistencia a los antibióticos. Entre las últimas investigaciones destaca una realizada en Francia, que mostró que ratas alimentadas con maíz de Monsanto sufrieron cáncer, muerte prematura y daños en hígado y riñones, entre otros.

Cabe destacar que actualmente no existe ninguna normativa que obligue a los productores y distribuidores a identificar los productos como transgénicos, por lo que los usuarios no tienen la libertad de elegir su consumo.

Quién es Monsanto

Con 112 años de existencia, Monsanto es la mayor compañía mundial de semillas del mundo. Actualmente produce el 90% de organismos genéticamente modificados del mundo y sus ganancias superaron los mil 480 millones de dólares sólo el primer trimestre de este año.

Uno de sus productos más célebres y repudiados es el Agente Naranja, usado durante la guerra en Vietnam para destruir los cultivos y selvas de ese país y que causó la muerte y cáncer a miles de civiles inocentes. Posteriormente produjo y comercializó el DDT y los PCB o askareles, químicos causantes de graves daños a la salud humana y al ambiente, que actualmente están prohibidos en todo el mundo.

Uno de sus productos más polémico usado actualmente es el glifosato, comercializado con el nombre Roundup y que es el herbicida número uno en todo el mundo. Según estudios publicados en la revista científica Investigación Química en Toxicología «Aún en dosis diluidas mil veces, los herbicidas Roundup estimulan la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas hormonales, genitales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres».

En este punto destaca que las semillas de soja y maíz genéticamente modificadas por Monsanto están hechas para tolerar el glifosato, a lo que se suma que no se reproducen, por lo que los productores deben comprar a Monsanto cada año las semillas.

Cambio21 solicitó una entrevista formal con Monsanto Chile, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Experto llama a proteger los conocimientos ancestrales

Para el máster en agronomía, ex jefe nacional de insumos tecnológicos del INIA y consultor de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Belfor Portilla, existe mucho prejuicio e ignorancia en el tratamiento de temas que tienen que ver con los recursos genéticos.

«Aquí se meten en una coctelera los obtentores vegetales y los transgénicos, se mezclan las leyes y se sale a asustar a la gente y muchos de los problemas se podrían aclarar con una nueva Ley de Protección de los Conocimientos Tradicionales», afirmó al ser consultado por Cambio21.

Al respecto, detalló que «internacionalmente no hay mecanismos que protejan los conocimientos tradicionales asociados a las culturas de los pueblos originarios que han generado múltiples beneficios a la humanidad y no han percibido retornos o beneficios compartidos por lo que han sabido conservar as través de milenios».

El experto señaló que este vacío se está tratando de llenar con el trabajo que hace dos años está realizando un grupo intergubernamental, bajo el alero de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para proteger los conocimientos tradicionales mediante un mecanismo de propiedad intelectual.

Declaró «que el problema es que hay posiciones antagónicas y poca claridad» e insistió en que cuando haya un cuerpo normativo que proteja los conocimientos ancestrales se va a limpiar mucho la cancha, para discutir con tranquilidad los transgénicos y los obtentores vegetales», pero que «el gobierno no quiere sacar el tema en este momento por temor a que se politice».

Respecto a la ley de obtentores vegetales, Portilla dijo que hay que considerar dos cosas. «Por un lado Chile necesita que se proteja la tecnología propia contra el pirateo de tecnología y por otro que no nos consideren unos piratas, ya que, por ejemplo en el sector frutícola, donde el 99% de la fruta que se exporta proviene de genética de otros países, tenemos que generar un ambiente de protección adecuado».

Detalló que «hay que generar un marco normativo que proteja la creación científica y técnica y al mismo tiempo la estimule, de modo que se sigan generando nuevos aportes en materia de genética vegetal».

En cuanto a los transgénicos, se mostró partidario de que cada elemento se evalúe caso a caso «si sale un producto que viene con un pasaporte porque ha sido aprobado en otros países, se puede someter a las pruebas necesarias dentro del ambiente chileno y luego le damos las autorizaciones y lo mismo para todos».

En ese sentido llamó a que «no caigamos en esa cerrazón de impedir el avance de la tecnología, porque a través de ella se pueden tener avances gigantescos en términos de enfrentar sequías, introducir vitaminas y otras cientos de cosas beneficiosas», pero insistió en que «cada agricultura tiene sus características y hay que tener cuidado por lo que cada evento debería analizarse caso a caso».

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