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El informe anual del Departamento de Estado de EEUU sobre Derechos Humanos critica el trato de favor hacia la Iglesia Católica por parte del PSOE

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Religión Digital

Zapatero suspende en libertad religiosa y en inmigración
El trato a los inmigrantes (sobre todo a los menores de edad y los demandantes de asilo), la posición predominantes de la Iglesia Católica, los crímenes racistas y determinados casos de abusos policiales, son lo puntos negros de España, según el informe sobre los Derechos Humanos que publica cada año el Departamento de Estado norteamericano.

El gabinete que dirige Hillary Clinton se refiere a Epaña como un país en el que se respetan «los derechos de sus ciudanos», alaba el trabajo del Gobierno contra ETA; el refuerzo de la ley del menor y la persecución de la violencia de género; o el funcionamiento de la Justicia en general, aunque no pasa por alto el gran número de casos pendientes de juicio.

Basándose en las denuncias de algunas ONG, el documento del Departamento de Estado critica la labores del Gobierno en cuanto al trato que se dispensa a los inmigrantes menores de edad y a los solicitantes de asilo. El informe explica que es frecuente que los menores permanezcan en los centros de retención de Canarias mezclados con personas más mayores y se hace eco de las críticas de Save the Children sobre la repatriación de los niños.

El texto es especialmente crítico con el claro trato de favor a la Iglesia Católica por parte del Gobierno. Cita a España como un país a priori aconfesional de acuerdo con lo que dice la Constitución pero para nada laico en la práctica. Así, se hace eco de los impuestos que recibe la Iglesia con la casilla de la declaración de la renta además de otras subvenciones que serían muy distintas para religiones como la judía o la musulmana.

De este tipo de discriminación pone ejemplos como las dificultades de determinadas confesiones para construir lugares de culto en algunas localidades, o el hacinamiento de la comunidad musulmana en garajes que se convierten en mezquitas improvisadas por la negativa de los ayuntamientos a cederles espacios para rezar, convirtiéndolos en «ciudadanos de segunda clase», según la definición hecha por el Observatorio para la Libertad religiosa el 20 de febrero del año pasado. Asimismo critica iniciativas como la del Partido Popular para vetar el velo en los colegios e institutos.

Como ejemplo claro de esa discriminación aparece la situación del Centro Cultural islámico de Valencia, que pidió al ayuntamiento del PP espacio para construir una mezquita sin obtener una respuesta en dos años.

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