Las escuelas atraviesan un proceso de adaptación a la nueva realidad social, marcada por la falta de adopción de efectivas medidas de forma global. Desde hace 15 años las aulas se enfrentan a un doble reto de primera magnitud. Lo que ha supuesto una importante crisis, la llegada de migrantes y la implantación generalizada (1999) de la obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años en todo el territorio del Estado español. En el curso 1991/92 el número de alumnos de origen migrante en el sistema educativo español era de 36.661. Ahora ese número ha crecido hasta los 608.040, según el propio ministerio.
De esta manera, la sociedad en general y los centros educativos en particular se vieron ante un cambio de una magnitud no vivida hasta entonces. La realidad precedía a la iniciativa de las administraciones educativas que apenas tuvieron tiempo para poner parches y consagrar en la legislación lo que ya era la práctica habitual en los centros. Haciendo de la necesidad virtud, la iniciativa de los centros sustituyó la ausencia de previsión de la Administración.
Y como telón de fondo se empezó a hablar de la caída de niveles, de la cultura del esfuerzo, de la necesidad de buscar la excelencia. Todo este proceso terminaría con la gestación y aprobación en el Parlamento, durante uno de los gobiernos del PP, de la raída Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que afortunadamente duerme el sueño de los justos desde 2004. Se trataba de aprovechar la crisis global de un sistema, para acabar con la reforma educativa del ‘90 que -aunque con numerosas deficiencias- trataba de establecer un tronco común de enseñanzas hasta los 16 años.
La LOCE, sin embargo -hagamos memoria- contaba con los famosos itinerarios, de primera, segunda y tercera en los que se contemplaba un apartado especial por el cual el alumnado migrante, por el hecho de serlo, tenía una rápida salida hacia el mercado laboral.
Hoy, a punto de concluir 2007, creo que es tiempo ya de preguntarse qué ha sido y qué es de nuestros migrantes en el contexto educativo.
La respuesta no es sencilla puesto que en la actualidad las competencias en Educación están transferidas a todas las comunidades autónomas (CC AA). Existen, por tanto, 17 administraciones educativas, más el propio ámbito MEC constituido por Ceuta y Melilla. De esta forma se ponen de manifiesto varios hechos:
Una gran asimetría en la distribución del alumnado migrante entre centros públicos y privados. De esta distribución se derivan procesos de gran acumulación de alumnado con necesidades de apoyo educativo así como grupos de alumnado demasiado homogéneos para poder llevar actividades de éxito escolar.
El carácter bastante descoordinado y disperso de las políticas educativas de atención a la diversidad en este terreno, lo que se traduce en muchas ocasiones en la dependencia de la iniciativa del profesorado.
Dentro de las experiencias en el tratamiento a la diversidad étnica y cultural destacan algunas, tanto a nivel de centro como de CC AA. Entre estas últimas cabe citar a las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística en Andalucía o los Talleres de Adaptación Escolar en Cataluña.
En esta situación, podemos afirmar que existen ya las suficientes alternativas como para caminar hacia un catálogo de buenas prácticas, que permita alcanzar un consenso para dar el siguiente paso en la aplicación de métodos que favorezcan actitudes interculturales en los centros, a la vez que procuren experiencias de inclusión y éxito escolar en el alumnado migrante. Sin olvidarnos, por supuesto, de articular políticas integrales de migración en otros campos además del educativo.
En el ámbito educativo el objetivo ha sido y sigue siendo doble. Por un lado, se trata de procurar una buena formación escolar a jóvenes provenientes de todo el mundo. Es decir, educar en la convivencia intercultural, procurando sentar las bases, desde la niñez, para una futura concordia social. Aunque no se han obtenido los resultados a los que debemos aspirar, sí se han conseguido avances si los comparamos con la situación de partida. Quizá el mayor de ellos sea el hecho de que contar con la diversidad étnica y cultural es hoy una rutina. En el otro lado de la balanza queda pendiente una apuesta decidida por la incorporación de pleno derecho del alumnado migrante, entendido como un derecho al éxito académico pleno. De esta forma, parece claro que cualquier inversión en educación será productiva en un futuro muy cercano, tanto para el nivel de formación como, especialmente, para el modelo de convivencia y para evitar los brotes xenófobos que hoy empezamos a sentir como habituales.
(*) Francisco Javier Esperanza es coordinador de TEE-REDES
