El Gobierno podría recaudar entre 2.500 y 3.000 millones de euros si se decidiera a aplicar el Impuesto de Bienes Inmueble a la Iglesia Católica. Pues adelante. No es tan fácil, se nos dice desde las instancias ‘serviles’. Hay un acuerdo con la Santa Sede que impediría tal decisión. Un acuerdo que perjudica claramente la caja pública no es un ‘acuerdo’, es un atraco a punta de rosario.
En el artículo VI del capítulo IV (‘Sobre asuntos económicos’) de ese acuerdo se dice que llegado el caso «se procederá de común acuerdo a la resolución de las dificultades que puedan surgir de la interpretación de las cláusulas». Las dificultades son obvias, así que debemos exigir a nuestros gobernantes que despeguen sus rodillas de la alfombra celestial y acudan a resolver «la dificultad» a favor de las arcas de este Estado aconfesional, e inteligentemente laico.
