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(22-8-2017)
Asfaltado de calles, arreglo de colegios y centros de mayores, reparación de cementerios… 577 proyectos de obra pública del Ayuntamiento de Madrid, con una inversión total de 302 millones, están en cuestión. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, «rechaza los requerimientos de anulación» del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El control presupuestario y la regla de gasto vuelven a enfrentar a la Administración central y al Gobierno de Ahora Madrid.

La regla de gasto y el control del presupuesto vuelve a enfrentar al Gobierno de Rajoy con el Ayuntamiento de Madrid. En un nuevo capítulo en la guerra económica entre la administración central y la municipal, el Gobierno quiere que Manuela Carmena anule parte del presupuesto (302 millones de euros) que tiene previsto emplear este año para pequeñas obras públicas. Este presupuesto irá destinado a 577 proyectos: son los fondos con los que Madrid está asfaltando calles, arreglando colegios, centros de mayores, reparando cementerios, y otras obras similares. Parte de ese dinero, el 43%, ya está en ejecución.

En esta ocasión, ha sido Delegación de Gobierno de Madrid, que dirige Concepción Dancausa y depende del Gobierno, quien ha enviado este verano dos requerimientos a Manuela Carmena. En ellos exige a la alcaldesa que anule los acuerdos plenarios del 28 de junio y del 20 de julio, en los que se aprobó invertir 302 millones del superávit municipal del año anterior en centenares de pequeños proyectos de obra pública. Dichos acuerdos fueron la respuesta del Consistorio de Madrid al recorte previo en el presupuesto de 238 millones que le impuso Hacienda por incumplir la regla de gasto.

La corporación local se acogía así a la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Esta ley permite que el superávit obtenido por las corporaciones locales en 2016, una vez aprobada la liquidación del Presupuesto, se destine a inversiones financieramente sostenibles como son las obras que ahora están en cuestión. El Consistorio cerró las cuentas con 1.055 millones de superávit.

El propio Gobierno hacía referencia a esta disposición a finales de junio. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Hernández de Moya, aseguró, -ante las críticas de las corporaciones locales que exigen más flexibilidad en el gasto- que el conjunto de los ayuntamientos tenían margen y «flexibilidad» para efectuar sus inversiones, al disponer al cierre de 2016 de más de 2.747 millones de euros para efectuar inversiones financieramente sostenibles. Una posibilidad que han utilizado otros municipios como Badalona.

577 proyectos amenazados

El Ayuntamiento se acogió a esta norma pero el Gobierno no considera que se pueda aplicar en este caso porque esta inversión, asegura, es incompatible con el recorte impuesto por Hacienda. Las inversiones que están en cuestión afectan a 577 proyectos de obra municipal que Madrid tendría que detener. Ninguna de ellas es un macroedificio o una nueva M-30. Son obras menores de reparación y mantenimiento de las calles y centros municipales.

En concreto, las partidas amenazadas van desde la reforma de edificios municipales, como escuelas infantiles o centros de mayores, hasta las obras de asfaltado y mejora de las calles, como las que se están produciendo estas semanas en el barrio de Chueca de ampliación de aceras. Actualmente están en proceso un total de 170 proyectos por un importe total de 130 millones. Algunas ya están, incluso, concluidas, aseguran desde el Consistorio. También se está destinando a reposición de autobuses de la EMT (82 millones) para la mejora de la red de transporte urbano en la que también se incluye Bicimad.
Según la interpretación de la ley que hace el Delegación de Gobierno, el Ayuntamiento debe anular esas partidas extraordinarias porque ponen en riesgo el objetivo presupuestario y son contrarias a la «no disponibilidad de crédito» de 238 millones aprobada por la corporación local. Pero según el Ayuntamiento, ese dinero no forma parte del presupuesto de 2017, sino del superávit del año anterior para inversiones financieramente sostenibles, como dispone la ley, por tanto, no anula el recorte efectuado en el presupuesto.

El Gobierno municipal «rechaza los requerimientos de anulación». Así se lo ha hecho saber este martes el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, a Delegación de Gobierno. «Pedir que paralicemos actuaciones que ya están en fase de trámite o finalizadas en algunos casos es un verdadero dislate político y sin base legal alguna», defiende el concejal de Ahora Madrid en declaraciones a eldiario.es. «Es además una irresponsabilidad política poner palos en las ruedas en la realización de las inversiones que necesita la ciudad», añade.

Dancausa y no Montoro

La pugna económica de Hacienda con el Ayuntamiento comenzó con la llegada de Ahora Madrid al Consistorio. Desde entonces, el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro no ha dejado de exigir recortes a la capital, a pesar de que cierra sus cuentas con superávit y amortiza deuda a un ritmo muy superior al de otras administraciones. Hacienda llegó a enviar hace unos meses unas cartas amenazantes donde planteó el cese del concejal de Economía y Hacienda.

La novedad esta vez radica en el remitente: no es Hacienda sino la Delegación de Gobierno quien envía los requerimientos. Es la primera vez desde que comenzó la guerra económica entre la administración central y la local que Concepción Dancausa entra en escena. Lo hace acogiéndose al artículo 65 de la Ley 7/1985 de Bases de régimen local que permite a la Administración General del Estado en defensa de la legalidad básica estatal «requerir» un acto o acuerdo «de alguna Entidad local si infringe el ordenamiento jurídico». Delegación de Gobierno considera que es el caso del Ayuntamiento de Madrid.

La relación entre el Ayuntamiento de Madrid y Concepción Dancausa siempre ha sido tensa, en gran medida porque parte del Gobierno municipal ha pedido su dimisión en numerosas ocasiones, por unos hechos por los que está siendo investigada de su época en Mercamadrid. Concepción Dancausa fue imputada el pasado mes de mayo por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que admitía a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía por fraude en una operación de Mercamadrid. La denuncia de la Fiscalía partía de la documentación entregada por la actual presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Desde el Ayuntamiento relacionan con los requerimientos con estos hechos.