El ex presidente Cristiani, acusado por el asesinato de jesuitas en El Salvador

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Enviado a la página web de Redes Cristianas

Fuente: Observatorio eclesial
San Salvador. La fiscalía de El Salvador acusó ayer al ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) por su presunta vinculación en el crimen de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres cometido por el ejército durante la guerra civil (1989-1992).

Este día se ha presentado el dictamen de acusación
contra los imputados por los asesinatos. Consta en las
investigaciones que el ex presidente Cristiani estuvo en
la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su
ejecución, consignó la fiscalía en Twitter.

Según el fiscal Rodolfo Delgado, el ex presidente huyó
del país. Cristiani negó las acusaciones y en un comu-
nicado sostuvo que la fiscalía actúa de mala fe y con
claro desprecio a la verdad.
Uno de los fiscales vinculados al caso del crimen de los
jesuitas declaró que al ex mandatario y otras siete personas se les imputan los delitos de homicidio, actos de
terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio
de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl perpetraron la matanza en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio
Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López
y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños
Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina, menor de
edad.

La investigación determinó que días antes de la matanza, Cristiani sostuvo varias llamadas telefónicas con
Ellacuría.

En una de las llamadas, Cristiani le asegura que no debe preocuparse por el registro que se ejecutaba en la
UCA (días previos a los asesinatos) y le pide que permanezca tranquilo y en el lugar. Son más de 20 testigos los que confirman estos hechos, detalló la fiscalía?.

En otro orden, el director de la policía, Mauricio Arriaza
Chicas, sugirió que políticos y periodistas involucrados
en una tregua entre pandillas y gobierno, pactada en
2012, enfrentarán procesos judiciales en los que deberán responder por el delito de apología de la violencia.

No precisó a qué periodistas se refería ni cómo es que
habrían participado en dichas negociaciones.
(jornada.com.mx) 07/06/202