El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 310 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, la proposición de ley sobre Deuda Externa. La normativa, promovida por CiU, contó con el apoyo de PSOE, PP y PNV, mientras IU y ERC votaron en contra al considerar que la ley «es insuficiente y le falta ambición». Las ONG también señalaron la insuficiencia de la norma.
La futura ley regulará la gestión de la deuda «como un instrumento para erradicar la pobreza y avanzar en el desarrollo de una política de cooperación comprometida, justa y que responda a las demandas de la sociedad actual», indicó el portavoz de Cooperación Internacional de CiU, Carles Campuzano, quien informó de la aprobación de una enmienda transaccional por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de un año, presente ante el Congreso un plan para renegociar y en su caso cancelar la deuda contraída con España por los Países Altamente Endeudados, así como la originada a través de los créditos FAD.
Cooperación al desarrollo
Campuzano insistió en que la norma «vincula la gestión de la deuda externa a la política de cooperación al desarrollo», que habrán de dirigirse fundamentalmente a los países en vías de desarrollo con menor renta y mayor nivel de endeudamiento.
Por su parte, el diputado socialista Eduardo Madina, indicó que la proposición «no es una ley de condonación ni de cancelación de créditos», pero remarcó que «es un paso decisivo» en la ayuda a los países en vías de desarrollo. El portavoz del PP, Gonzalo Robles, añadió que se trata de «una buena ley, con criterio».
El debate parlamentario se vio alterado por un grupo de activistas de una organización defensora de la abolición de la deuda, quienes protestaron desde la tribuna de invitados, desplegando una pancarta y lanzando octavillas al hemiciclo. Al tratar de ser retirados «con firmeza pero sin violencia», como ordenó el presidente del Congreso, Manuel Marín, dos de ellos se ataron a la barandilla.
Por su parte, la campaña «Sin duda, sin deuda», compuesta por Cáritas, Manos Unidas, Confer, Justicia y Paz y la plataforma Redes, emitió un comunicado mostrando su esperanza por que la normativa cambie en el Senado y dé nuevos pasos en la condonación de la deuda. En la nota, las ONG exigen un «compromiso firme» en la apertura a la participación de la sociedad civil en los procesos de gestión de la deuda externa, dando prioridad al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
«Es imprescindible la cancelación de la deuda de los países más pobres y que se asegure la participación en las operaciones de gestión de la deuda externa, única garantía de que los recursos se destinarán a la erradicación de la pobreza», indicó el comunicado.