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El arzobispo de México quiere vetar -- Roberto Blancarte

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Milenio
El arzobispo de México quiere tener el poder de veto en la decisión que debe tomar la Cámara de Senadores para elegir al nuevo presidente de la CNDH. Se imagina, quizás con razón, que los senadores panistas escucharán su condena y que los priistas los secundarán.

En suma, cree que, así como en otras ocasiones ha hecho el Poder Ejecutivo de la nación, ahora el Poder Legislativo también se inclinará ante sus pretensiones. Supone quizás el arzobispo de la ciudad que puede señalar con su dedo flamígero y acabar con candidaturas, para además, de ser posible, impulsar las suyas. Piensa probablemente que los vientos están a su favor, pues se imagina con alguna razón que la aparente oleada conservadora que ha invadido al país se reflejará en la designación de quien dirigirá los próximos años la CNDH.

No creo que la principal preocupación del arzobispo sean los derechos humanos de los mexicanos. Ya se ha visto, en su defensa a ultranza de Marcial Maciel, por lo tanto de sus fechorías y crímenes contra la niñez, que los derechos humanos no están por encima de la corporación que representa ni de la institución que pretende salvaguardar. Lo único que probablemente quiere es vetar a todos los candidatos que, de una u otra manera, católicos o no, se atrevieron a defender los derechos de las mujeres, la visión científica del mundo, el juicio de la Suprema Corte de la Nación y las libertades que el Estado laico debe garantizar.

El arzobispo cree, quizás con razón, que los senadores de nuestra República laica asumirán una actitud de sumisión y de obediencia ante la autoridad eclesiástica, en pleno sesquicentenario de las Leyes de Reforma; que se olvidarán del legado de Benito Juárez, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y terminarán haciéndole caso, por encima de la historia y del espíritu laico de nuestras instituciones. En suma, el arzobispo cree, insisto, quizás con razón, que tiene poder de veto. Cree que puede inclinar la balanza a favor de algún candidato que haya demostrado su apego a las directrices episcopales.

Como lo ha logrado en ciertos puestos del Ejecutivo, ahora cree que el Senado también se plegará a sus inclinaciones y vetos. El arzobispo de la ciudad, acostumbrado como está al juego del poder político, más que a la labor pastoral, confunde su participación en el debate público: tiene por supuesto derecho a dar su opinión, como cualquier otro mexicano, pero no puede utilizar su posición para tratar de imponer, a través de vetos, a su propio candidato. Su idea de un buen defensor de los derechos humanos no es la de una persona autónoma e independiente, sino de alguien que defienda la visión que la jerarquía tiene de los derechos humanos, aunque ésta no sea compartida por amplios sectores de la población.

El objeto del ataque del arzobispo es un católico. Se llama Emilio Álvarez Icaza y el principal defecto que esta persona tiene es el de ejercer, como muchos otros católicos mexicanos, su libertad de conciencia, lo que le ha permitido disentir de las posiciones de la jerarquía de su iglesia, de la misma manera que lo hacen las millones de mexicanas católicas que diariamente toman una pastilla anticonceptiva o utilizan algún método para programar el número y espaciamiento de hijos; del mismo modo que lo hacen todos los católicos mexicanos que van al cine a ver las películas que la jerarquía quisiera prohibir y asisten a las exposiciones artísticas que muchos obispos quisieran censurar.

El gran “pecado” de Álvarez Icaza es, como buen ombudsman, el estar a favor de la libre conciencia y por lo tanto a favor de los derechos de las mujeres. Su gran culpa es haber sido congruente en la defensa de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, no solamente de aquellos con los que él pueda estar de acuerdo ideológica o doctrinalmente. Como él mismo lo dijo: “soy católico, pero respeto las decisiones de los ciudadanos y de la Suprema Corte de la Nación”.

¿Qué más le podemos pedir a un presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ser congruente y autónomo respecto de cualquier fuerza política y religiosa? Desde mi perspectiva, el intento de veto del cardenal Norberto Rivera es la mejor garantía de la necesaria independencia de Álvarez Icaza. Sabemos ya, a ciencia cierta, gracias a esta pretensión del arzobispo, que este candidato a la CNDH no estará sujeto a la influencia de los jerarcas de su iglesia, mucho menos de ninguna otra. De la misma manera que sabemos que Emilio Álvarez Icaza ha sabido mantener su autonomía respecto a los poderes civiles y presiones de partidos y grupos de interés.

El Senado, por supuesto, puede convertir esta designación en otro juego de partidos y de influencias de los llamados “poderes fácticos”. Podría otorgarle poder de veto a ésta o cualquier otra persona o institución. Pero cometería un grave error si en lugar de considerar a los candidatos por sus capacidades y trayectoria, designara por cálculos políticos y acomodo de fuerzas, a quien debe dirigir la CNDH. Al final, lo único que podemos pedir los ciudadanos es lo que solicitó Álvarez Icaza con la claridad que lo caracteriza: “que el Senado tome su decisión dentro del marco que rige el Estado laico”.

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