Los ciudadanos sabemos que, según la Constitución Española, la justicia emana del pueblo, sus sentencias deben estar motivadas y debe ser imparcial (Artículos 117-127). A poco que sigamos el caso Garzón, nos damos cuenta de que a este juez, justo colegas de profesión quieren condenarlo incumpliendo esas tres características: han desoído el clamor del pueblo que enaltece y aplaude a Garzón, han buscado llevarlo al banquillo, sin pruebas, con escandalosa parcialidad.
No voy a señalar en qué grado de complicidad están presos por la campaña de acoso, sostenida por una orquestación mediática reaccionaria que, con bulos, calumnias y mentiras, trata de destruir la credibilidad del juez Baltasar Garzón. Los jueces saben muy bien de donde arranca esta campaña, quiénes la mueven y por qué razones. Los ciudadanos nos informamos y ponderamos argumentos.
En este caso, resulta desconcertante que al juez más conocido por su independencia y valentía no se le reconozca ningún mérito y se le someta a un acoso escandaloso: ninguna prueba, investigación omitida, artimañas inusuales, requerimientos desatendidos, una trama que deja traslucir todo menos ecuanimidad y reconocimiento. Nada es casual. Surgió al iniciar Garzón su investigación sobre la trama corrupta Gürtel, con la cual políticos y no políticos han podido comprobar que se les acabó la impunidad.
Un hecho como este, de consumarse, quedará en la historia como prueba de la parcialidad de los jueces del Tribunal Supremo y de su descrédito creciente.
