Los carmelitas descalzos de Burriana han hecho algo más que cumplir con el protocolo aprobado hace poco por el Vaticano al poner en conocimiento de la fiscalía un presunto caso de pederastia que se remonta al año 2007. Lo que en verdad ha hecho la orden a través del provincial de Aragón y Valencia es predicar con el ejemplo, decir alto y claro que la política del encubrimiento es un insulto a las víctimas y reclamar al resto de la Iglesia la misma determinación para que la penitencia y la absolución bendecida en el confesionario no excluya la aplicación del Código Penal.
Lo mismo puede decirse del apoyo dispensado por el obispo de Segorbe-Castellón a la actuación de los carmelitas. Sus palabras –«es inadmisible en la Iglesia y en la sociedad el caso de supuestos abusos a un menor»– van más allá del cumplimiento disciplinado de las directrices dadas por la Conferencia Episcopal Española en su último plenario. Son, por encima de todo, una respuesta adecuada a las reclamaciones hechas por colectivos católicos de muy diverso origen, alarmados con frecuencia por la pasividad de la jerarquía eclesiástica.
De una institución que se fundamenta en la guía moral y la ejemplaridad de sus clérigos, es lo menos que cabía esperar. En el seno de una sociedad que tiende al laicismo, la neutralidad confesional de los poderes públicos y la multiplicación de sensibilidades religiosas, nada puede ser peor para la cohesión de la Iglesia católica que esconder la cabeza bajo el ala. En cambio, apartar al sospechoso de la comunidad en la que practicó sus presuntas fechorías y someter los hechos al criterio de los tribunales es una decisión que la honra frente a todos, sean o no creyentes.
