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Ecuador. Miles de ecuatorianos protestan contra el ‘paquetazo’ neoliberal de Lenín Moreno -- Adoración Guamán

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El martes 2 de octubre, a las ocho de la tarde, Ecuador se paralizó delante del televisor para escuchar al presidente Lenín Moreno desgranar las principales medidas del ya anticipado “paquetazo”. Como si se tratara de un viaje en el tiempo, concretamente una vuelta a los años noventa, asistimos a un revival de aquel ajuste antisocial, encabezado por el Fondo Monetario Internacional y aplicado en el marco del Consenso de Washington, que sumió a América Latina en la conocida como “década perdida”. El nuevo embate neoliberal que arrasa la región (véanse las reformas en Brasil y Argentina), y que ahora se plasma en el paquetazo de Moreno, combina las antiguas medidas con las líneas de las reformas estructurales que se implantaron en los países de la Unión Europea (como España o Grecia), impulsadas por la famosa Troika (de nuevo el FMI) en el “Consenso de Bruselas”.
 

La contestación no se ha hecho esperar; desde la tarde del miércoles 3 de octubre, las calles de las ciudades del país se han llenado de manifestantes que bajo el lema “Fuera Moreno Fuera” (y otros mucho más creativos) claman contra las medidas. Primero los transportistas, luego los estudiantes y, junto a ellos, el movimiento feminista, la izquierda política, múltiples organizaciones sociales, así como el movimiento indígena llenaron las calles el jueves, en una protesta que se extendió en 20 provincias, con 230 concentraciones y que se saldó (oficialmente) con 200 personas detenidas en todo el país. 
 
La respuesta del Gobierno fue rápida y desproporcionada, con un nivel de violencia inaudito. De hecho, aun antes de que las protestas fueran masivas, el jueves por la mañana, el Gobierno decidió decretar un Estado de excepción de 60 días. Este decreto dispone la movilización en todo el territorio nacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a efectos de mantener el orden y “prevenir acontecimientos de violencia” y permite la suspensión del ejercicio de la libertad de asociación y reunión y la limitación de la libertad de tránsito. Como viene siendo habitual en los últimos tiempos de este cambio de ciclo en América Latina, nada de esto ha sido reflejado por los medios de comunicación, cuyas portadas han pasado de calificar la movilización como una protesta exclusivamente de transportistas a llamar a los manifestantes “golpistas” y vándalos. Todo lo contrario, en realidad, las calles de Quito, como las de otras ciudades, se han llenado de personas indignadas que se manifestaban contra un brutal ajuste antisocial.
 
La aplicación del ajuste ha sido la crónica de una muerte anunciada. Las medidas, que estaban ya escritas en el acuerdo con el FMI y que ahora se han plasmado en un borrador de proyecto de ley, pueden dividirse en dos grandes grupos. Por un lado están las que se orientan al asalto directo a las arcas del Estado, disminuyendo los ingresos públicos. Entre ellas se encuentran las exenciones fiscales, las deducciones al impuesto de la renta para grandes capitales o la amnistía fiscal. No es la primera vez que Moreno acomete este tipo de medidas, pero ahora las lleva más lejos. Por otro lado, las reformas se orientan directamente a la merma de derechos sociales de la mayoría de la población, a través de dos vías fundamentales, la primera, el adelgazamiento al máximo del Estado, con la reducción de la Administración pública y del número de funcionarios públicos; la segunda, el recorte directo de los derechos laborales en el ámbito público y privado. Junto a todas estas medidas, la primera que ha entrado en vigor, la más combatida, y la que sin duda tiene un impacto generalizado ha sido la eliminación del subsidio a los combustibles.
 
Para entender el contexto en el que se implanta el “paquetazo” es importante tener presente que, desde el inicio de su mandato, el Gobierno ha adoptado una serie de decisiones en la línea de las anteriores, abonando el terreno para una macrorreforma como la que ahora se anuncia. Medidas como la precarización del trabajo sector a sector, las reformas fiscales para reducir impuestos a los inversores extranjeros y grandes empresas –que ya han supuesto una pérdida para las arcas del Estado del 1,2 % del PIB–, el despido de funcionarios públicos, la supresión de ministerios u organismos de coordinación política, la reducción de la presencia de la Administración en el territorio, han sido aplicadas sin freno, sumiendo a Ecuador en un Estado de reforma permanente y en un empobrecimiento progresivo. De hecho, tanto la tasa de pobreza como la de pobreza extrema han ascendido dos puntos entre junio de 2017 y junio de 2019 y el empleo público, sostén de los servicios fundamentales de educación y sanidad, se sitúa de nuevo en niveles de 2007. 
 
El ajuste actual sigue el camino marcado con un objetivo clave: la brutal devaluación del trabajo y la destrucción del Estado como prestador de servicios públicos. De hecho, en su anuncio del martes, el presidente abonó un discurso peligroso (no desconocido en otros países) como es la criminalización de los funcionarios públicos. En concreto, se vanaglorió de haber despedido a 23.000 funcionarios y de haber rebajado un 20% el salario a cientos de ellos. En la misma línea, el jueves por la mañana el ministro de Economía informó del despido inminente de 10.000 funcionarios. Sobre esta reducción, el Gobierno promueve la culpabilización del funcionariado, a quien acusa de ostentar una suerte de bienestar inmerecido, por lo que van a aplicarles una reducción de 15 días de vacaciones y van a proceder a la confiscación de un día de salario por cada mes (lo que equivale de facto a reducir los días de vacaciones en el sector público de 30 a 4 y a imponer, como señalan algunos economistas, un “impuesto” al trabajo).

Además, para precarizar sobre lo ya precarizado, los contratos temporales que se renueven en la Administración lo harán con un 20% de reducción salarial. El objetivo de estas medidas, reconocido en el texto del acuerdo con el FMI, es reducir los salarios del sector público para arrastrar a la baja los del sector privado, con una doble finalidad: aumentar la oferta de mano de obra capaz de aceptar peores condiciones de trabajo y reducir las capacidades de los servicios públicos para obligar a la población a acudir al sector privado. En palabras de Lenín Moreno, “el país necesita mayor entrega de sus funcionarios en beneficio de los más pobres”. Lo que no dice el presidente es que estas medidas se acompañan de la reducción de impuestos para los grandes capitales.
 
Los trabajadores del sector privado tampoco se han librado de las medidas de ajuste. Según el borrador del decreto que ha circulado, el Gobierno va a lanzar nuevas modalidades de contratación temporal sin causa, que permiten a los empresarios utilizar la temporalidad como vía fundamental de contratación, acabando así con el principio de estabilidad en el empleo. Además, por decreto, el Gobierno pretende reforzar los poderes del Ministerio de Trabajo para regular las “jornadas especiales de trabajo”, es decir, la posibilidad de trabajar durante toda la semana sin recargo salarial. Es llamativo, por ejemplo, la clara inobservancia de los compromisos de Ecuador con la OIT, que se plasma en la regulación del teletrabajo. Al respecto, el borrador de decreto señala que “el empleador podrá ejercer labores de control y dirección remoto frente al teletrabajador, salvo en las ocho horas de descanso obligatorio, que si no han sido previamente convenidas, se entiende que transcurren entre las 22.00 horas y las 06.00, tiempo en el que opera el derecho a la desconexión”. La garantía de 12 horas de descanso entre jornada y jornada pasó a la historia. Por añadidura, el decreto abre la vía a la privatización de la Seguridad Social, haciendo más complejo el modelo de jubilación.
 
Ante estas medidas, la indignación crece en el país y cada vez son más las personas que convocan en redes a sostener la movilización. Las consignas evolucionan y cobra forma la idea de que no basta con que se retiren los decretazos, ni siquiera con que Lenín Moreno abandone el cargo y asuma el poder el joven vicepresidente apoyado por las derechas y con apellido impronunciable. Lo que la gente pide es la apertura de un proceso político democrático donde se cuestione este “neoliberalismo por sorpresa”, traído por un presidente que gobierna en sentido totalmente contrario al programa que propuso en elecciones. La senda de Argentina es contagiosa y el pueblo ecuatoriano está indignado.
 
– Adoración Guamán es profesora titular de Derecho en la Universitat de València y profesora invitada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador.
 
4 de Octubre de 2019
https://ctxt.es/es/20191002/Firmas/28701/Ecuador-Lenin-Moreno-neoliberal-America-Latina.htm
 
COLOMBIA. Empresarios.A profundizar el neoliberalismo para ganar más.

Nota de INFO-DOC-UTP. La idea la explicó Luis Carlos Sarmiento, el colombiano más rico, en el foro de la ANIF, el miércoles 9 de octubre. El Noticiero de Televisión CMI, en su emisión de las 9 P.M., lo presentó exponiendo la propuesta.

El Tiempo: “Proponen que menores de 25 años ganen menos del salario mínimo”
¿Es justo que ganen menos solo por tener poca edad y experiencia? He aquí lo que dicen los jóvenes.

El punto álgido de la controversia es que, por lo general, los jóvenes de hoy, a los 25 años, aunque no han tenido experiencia laboral en algunos casos, si tienen una amplia preparación.
Foto: 
iStock
 
SALARIO
Por: 
REDACCIÓN ECONOMÍA
 
EL TIEMPO, 10 de octubre 2019 , 11:46 a.m.
Partiendo de la idea de que los costos laborales son una de las razones de peso del deterioro laboral en Colombia, lo que tiene al desempleo al alza desde hace 4 años y que en la última medición del Dane, en agosto, se ubicó en 10,8 %, el centro de pensamiento económico Anif volvió a insistir en su propuesta de salario diferencial para jóvenes menores de 25 años, en solo el 75 % de un salario mínimo.

Hay que recordar que el desempleo en los jóvenes es aún más alto que el del promedio de la población: fue de 17,7 %, lo que se ha convertido en otro argumento para proponer la idea de un menor salario.
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Y otro punto crucial, que poco se ha abordado, es el hecho de que el desempleo lo está presionando la población no calificada. Sin embargo, en la propuesta de Anif se habla de jóvenes de menos de 25 años que van a entrar al mercado laboral en el primer año y requieren una etapa de formación y aprendizaje.

(Lea también: Salario mínimo por horas: así sería si se introduce en mercado laboral)

El punto álgido de la controversia es que, por lo general, los jóvenes de hoy, a los 25 años, aunque no han tenido experiencia laboral en algunos casos, si tienen una amplia preparación, lo que implica haber hecho grandes inversiones para estudiar varios idiomas, viajar y formarse hasta con maestrías.

Nota de INFO-DOC-UTP. La idea la explicó Luis Carlos Sarmiento, el colombiano más rico, en el foro de la ANIF, el miércoles 9 de octubre. El Noticiero de Televisión CMI, en su emisión de las 9 P.M., lo presentó exponiendo la propuesta.

AMÉRICA LATINA. La derecha incendia la región: estallidos sociales, realidad real y realidad virtual
Aram Aharonian
Opinión
09/10/2019
-ALAI-+ALAINET
Las políticas neoliberales de varios gobiernos de derecha en nuestra región despertaron la protesta y efervescencia social. Las protestas callejeras en Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, entre otras naciones tienen en común el rechazo a las políticas económicas neoliberales, impulsadas por Washington y el Fondo Monetario Internacional, el repudio a la corrupción de las dirigencias políticas y los abusos empresariales.
 
Son los pueblos los que vienen haciendo el balance de la enorme desigualdad social, la alta concentración de la riqueza en cada vez menos manos, la profundización de la inequidad social y la consolidación de lacras como el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia común como corolario del crecimiento de la pobreza, los procesos migratorios, la pérdida de soberanía y la desvergüenza de los gobiernos y parlamentos, o sea la elite política, el poder fáctico
 
Mientras, las grandes trasnacionales se han ido apropiando de nuestros yacimientos, bosques y fuentes acuíferas, favorecidos por privatizaciones y licitaciones a dedo de empresas nacionales. Son ellas las que van dictando las decisiones políticas, sobornando trasnacionalmente a nuestros gobernantes, amparados por tratados de libre comercio depredadores de nuestras economías y de nuestras soberanías
 
Pero ellas también controlan los grandes medios de comunicación y las redes sociales. Por eso no es de extrañar que los principales medios (diarios, portales, televisoras) de nuestro continente se hayan abstenido de informar lo que realmente sucede en Ecuador hoy, como tampoco lo hacen con las matanzas y el narcotráfico y paramilitarismo en Colombia, la corrupción parlamentaria en Perú, y también la calamitosa situación en Haití que ocultan.
 
La información hoy nos llega directamente a través de los protagonistas, de aquellos que en las calles se juegan el futuro de sus patrias, salteándose la censura de las llamadas redes sociales. Nuevamente la realidad virtual fabricada por los medios hegemónicos -siguiendo las directivas del Departamento de Estado estadounidense y del Comando Sur-, se debate contra la realidad-real: los pueblos en las calles, los estallidos sociales.
 
Y desde las usinas de la desinformación salen lastimosos esfuerzos por imponer sus imaginarios colectivos. Como que la Secretaría General de la OEA “condena enérgicamente los actos de violencia registrados en los últimos días en Quito. Es totalmente inaceptable el secuestro de policías y militares, así como el destrozo y saqueo de bienes públicos, el incendio de patrulleros y ataques a ambulancias”. El pueblo no existe para ellos.
 
Y, paradojalmente, considera fundamental que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el Presidente Lenin Moreno y reitera su rechazo a cualquier forma de interrupción de su gobierno. ¿Por qué no sostienen el mismo discurso para con Venezuela?
 
La culpa la tienen los otros, para la derecha. Lenín Moreno responsabilizó a Rafael Correa y Nicolás Maduro de querer dar un golpe de Estado en su país, y la prensa hegemónica quiso imponerlo como imaginario colectivo.
 
Sin ningún pudor, Moreno dijo que “hay individuos externos pagados y organizados para utilizar la movilización de los indígenas con fines de saqueo y desestabilización”, denunció el mandatario. Quizá estos elementos extraños lograron disfrazarse de millones de ciudadanos, de campesinos, trabajadores, estudiantes, indígenas.
 
La derecha incendia la región
 
Hagamos un cuadro de situación de la región: Donald Trump enfrenta un juicio político, Iván Duque viene de hacer el ridículo en Naciones Unidas al presentar un dossier para atacar a Venezuela mientas en su país siguen los asesinatos de líderes sociales, campesinos, indígenas y hasta de candidatos a las elecciones regionales.
 
Y hay que recordar que Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína del mundo, con destino a asegurar el abastecimiento del mercado estadounidense. Jair Bolsonaro viene de haber protagonizado uno de los más vergonzosos discursos en la ONU. La elite política del Perú hace aguas por todos lados, mientras el pueblo en la calle exige que se vayan tos (los políticos, claro) en medio de una corrupción generalizada que incluyó nada menos que a los últimos cinco presidentes.
 
Perú es también sede del vociferante Grupo de Lima, armado por Washington para agredir a Venezuela. Mauricio Macri está en su cuenta regresiva tras con una crisis económico, financiera y social sin precedentes, tras sumir al país en la pobreza, el desempleo y la fuga estrepitosa de capitales.
 
El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, instalado con fraudes electorales por Washington, quedó al descubierto como otro narcopolítico: recibió millones de dólares de quizá el narcotraficante más mediático de los últimos tiempos, el Chapo Guzmán.
 
Mientras, el (¿aún?) presidente ecuatoriano Lenín Moreno, entró en la vorágine de los paquetazos fondomonetaristas y logró que se levantara el pueblo exigiendo su renuncia inmediata. Moreno, quien llegó a la presidencia bajo el ala del expresidente Rafael Correa optó por lo que hacen todos los gobiernos de derecha: la brutal represión y la imposición del estado de excepción, que incluye la censura de prensa, mientras huía a Guayaquil.
 
Trump y los gobiernos aliados-cómplices de la derecha regional, están experimentando –en distintas magnitudes- crisis simultáneas, pero siempre obviando hablar de sus temas internos, de sus problemas, de su desprecio por los pueblos y haciendo lo que siempre: echarle la culpa de su corrupción y malgobierno a los de afuera. Es mucho más fácil y para ello cuentan no solo con el apoyo estadounidense, de la triste Organización de Estados Americanos (OEA) y de los medios cartelizados, trasnacionales y nacionales.
 
En los últimos tiempos, la culpa de todo lo que les sucedía se las endosaban al gobierno venezolano, al que no han logrado derrocar pese a todos sus esfuerzos, amenazas, bloqueos, campañas de desinformación, fake-news… Pero las realidades de sus países, de las que ninguno de estos presidentes habló en la ONU, van explotando, van incendiando la región.
 
Este incendio no lo pueden apagar y quizá apelen a algún tipo de agresión mayor a Venezuela, a través del alicaído Grupo de Lima, la OEA o el belicista Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Una –otra- forma de desviar la atención de los problemas internos de sus países, de las masacres, del irrespeto a los derechos humanos, del hambre y la miseria en que sumieron a sus pueblos.
 
También ha quedado el publicitado combate a las drogas y al narcotráfico, bandera de Washington adoptada por estos gobiernos xenuflexos. Más allá del vergonzoso discurso de Duque en la ONU, el autoproclamo presidente interino de Venezuela, Juna Guaidó, apareció en videos y fotos amparado y protegido por grupos paramilitares y narcotraficantes colombianos. Súmelo a ello el escándalo del narcopresidente hondureño.
 
No es casual que el pedido de juicio político a Trump sobreviniera tras el discurso del mandatario estadounidense en la ONU, donde una vez más restó su responsabilidad en los errores y horrores de sus políticas –y de todos los males del mundo- y se los endosó a aquellos países que considera sus enemigos, como China, Rusia, Irán, Corea del Norte Nicaragua, Venezuela.
 
Los gobiernos neoliberales están incendiando nuevamente la región. ¿Es hora del regreso de gobiernos progresistas?
 
Aram Aharonian
Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y surysurtv.
 

La derecha incendia la región: estallidos sociales, realidad real y realidad virtual


 
https://www.alainet.org/es/articulo/202577

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