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Ecuador: Correa alerta contra un nuevo frente político fincado en la Iglesia católica

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Rebelión

La Jornada
Quito, 26 de julio. Enfrentado con las televisoras locales, parte de la prensa y con sectores oligárquicos que han dominado tradicionalmente la escena política en Ecuador, el presidente Rafael Correa alertó hoy sobre la formación de un nuevo frente político contra su gobierno, fincado en la Iglesia católica, con el argumento de que la nueva Constitución aprobada el jueves anterior “es abortista y totalitaria”.

“¡Cuidado con la Iglesia que se me está alineando con ciertos grupos y partidos políticos!, cuidado, porque la oligarquía, los pelucones (ricos) también tienen sus curitas”, dijo Correa en el mensaje semanal que difunde la televisión pública, en que sugirió a los ciudadanos que respaldan sus planes de gobierno que denuncien a los sacerdotes que promuevan el no a la Constitución, que será sometida a referendo el 28 de septiembre.

“Si hay curitas conservadores que desde el púlpito dicen esa mentira (sobre el supuesto totalitarismo del gobierno), párense y digan: ‘padre, usted, es un mentiroso, usted no tiene derecho a hacer eso, usted es un actor político, está traicionando su rol de pastor’”, propuso Correa.

“Lean los derechos de la Constitución, el Estado garantizará la vida desde su concepción: qué mayor garantía que eso compañeros, nosotros defendemos la vida. Paradójicamente muchos de los que se rasgaban las vestiduras y se oponían al aborto eran quienes proponían la pena de muerte, y ahí la Iglesia no dijo esta boca es mía. Hay un curita en Los Ceibos, aniñadito, que en todos los sermones me critica, qué pena que no sepa guardar su puesto de curita, con mucha mala fe, con mucha pequeñez de alma nos critica y utilizando el púlpito”, precisó.

El mandatario habló de estos asuntos al referirse a la conclusión de los trabajos de la Asamblea Constituyente que durante ocho meses debatió iniciativas para formular un texto que finalmente fue cerrado con 444 artículos y cuya discusión se repartió en 10 mesas de trabajo, entre ellas, las relativas a los derechos fundamentales, la participación social, la fiscalización, las instituciones del Estado, los recursos naturales y la biodiversidad, el trabajo y la inclusión social, la justicia y la lucha contra la corrupción.

La Constitución fue aprobada con el voto favorable de 94 de los 130 constituyentes, que forman parte del partido Alianza País, al que pertenece Correa, y de otras organizaciones que han secundado su plan para implantar en Ecuador el socialismo del siglo XXI.

Algunos analistas políticos sostienen que la nueva carta fundamental fortalece el poder del presidente y resta poder al Congreso, que había sido factor de inestabilidad política en la última década, en la que tres presidentes fueron depuestos por el Legislativo, dominado por partidos políticos acomodados a intereses económicos.

La nueva Constitución también prohíbe que los medios de comunicación sean concentrados por grupos oligárquicos, situación que ha sido constantemente cuestionada por Correa desde que era candidato presidencial en 2006.

Además ordena la formación de una Corte Constitucional que será integrada por dos magistrados que serán nombrados por acuerdo del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el órgano de Transparencia y Control Social.

Los 32 constituyentes opositores rechazaron la nueva Carta Magna con el argumento de que los correligionarios de Correa hicieron un texto a modo para el mandatario, porque sus artículos permiten al gobierno ejercer mayor control sobre los recursos naturales y la economía, además de autorizar al presidente a relegirse para un segundo periodo de cuatro años.

Uno de los críticos de la nueva base constitucional, el asambleísta Gilmar Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, calificó de “hiperpresidencialista” la nueva carta y señaló que el Banco Central cederá su autonomía al Ejecutivo.

Otra de las quejas sobre la nueva carta se han centrado en el tema de la propiedad privada y el control económico del Estado. Según la constituyente Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, es posible que la carta propicie una oleada de expropiaciones.

“Esta Constitución le pone fin a la partidocracia, le pone fin al neoliberalismo, a las mafias. Entonces a eso le llaman antidemocracia, totalitarismo, dictadura, porque simplemente perdieron esos privilegios”, respondió el mandatario a las críticas de los opositores, durante su mensaje semanal televisado.

Correa rechazó además afirmaciones en el sentido de que el control gubernamental de la economía signifique “atentar contra la propiedad privada o concentrar el poder” político.

Para que la Constitución entre en vigencia y sustituya al documento válido desde 1998, las autoridades electorales convocarán en agosto a la celebración del referendo y en caso de ser aprobada por los ciudadanos, la Asamblea Constituyente lo sancionará.

El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, al hacer una defensa de la nueva Constitución dijo que su contenido pretende satisfacer las expectativas de la población ecuatoriana.

“Creo que básicamente en 80 o 90 por ciento es una Constitución que satisface al país, no al gobierno, y cuando su contenido sea difundido y conocido, como debe ser, al menos en sus líneas generales, nos vamos a dar cuenta que es altamente innovadora, progresista y presenta soluciones originales y eficaces a los grandes problemas que ha tenido el país en los últimos años”, manifestó el funcionario en entrevista con el sitio en Internet Ecuador Inmediato.

El texto completo de la nueva carta fundamental ecuatoriana puede ser consultado íntegro en el sitio de Internet de la Constituyente (www.asambleaconstituyente.gov.ec), pero las fuerzas políticas se disponen a difundirlo para comenzar campañas por el sí y el no.

“Vamos hacia un proceso autonómico, en paz, democrático, que no es la propuesta impuesta del líder que ha tratado de imponer su forma de ver el mundo sobre cualquier interés nacional; vamos hacia un proceso en el cual estamos hablando de economías social y solidaria y vamos reconociendo los derechos de la naturaleza, y planteando una relación mucho más armónica de Estado, mercado, sociedad y naturaleza”, afirmó el asambleísta Norman Wray, del partido Alianza País.

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