El catedrático de economía, Juan Torres López, ha hecho suyas unas durísimas acusaciones del ingeniero Antonio Moreno, despedido de Landis & Gyr Española, sobre la inmovilidad de la Fiscalía a la hora de investigar «lo que podría ser una estafa gigantesca cometida contra todos los españoles». En concreto, se refiere a un supuesto sobrecoste amañado del alquiler de los contadores de electricidad.
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A través de su blog ‘Ganas de escribir’, Juan Torres critica que mientras el Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado se desviven por perseguir a los jornaleros que protestan junto a Sánchez Gordillo, la Fiscalía no actúa con la misma celeridad para perseguir los supuestos fraudes de las grandes firmas eléctricas. Torres denuncia que estas empresas llevan embolsados millones de euros por un «servicio inexistente» y reproduce los documentos del ingeniero Antonio Moreno relacionados con una denuncia presentada en 2004 cuyos hechos supuestamente siguen siendo cometidos.
En dicha denuncia se asegura que «desde el 26.09.84, fecha de entrada en vigor del RD 1725/1984, el BOE y la firma del jefe del Estado están siendo utilizados para encubrir la estafa en los precios de alquiler de los contadores de energía eléctrica (en adelante, la estafa), que afecta directa o indirectamente a la totalidad de los abonados de las compañías eléctricas y a 31.12.03 llevaba reportados a éstas 2.400 millones de euros (400.000 millones de pesetas), cantidad que se habrá incrementado en 90 millones de euros (15.000 millones de pesetas) al finalizar el presente año [2004]». Además, Antonio Moreno asegura que se han llevado a cabo: ocultación de documentos, aportación de falsedades en documento público, prevaricación e incluso amenazas a sus abogados. Todo para amañar supuestamente los precios de forma artificial a los que resultarían de la libre competencia de mercado y no ofrecer el servicio (renovación y mantenimiento de los contadores) que sí se cobra a los usuarios.
Moreno asegura que la Fiscalía «archivó brusca y fraudulentamente las actuaciones en cuanto aparecieron documentos oficiales que probaban la implicación de políticos del PSOE y del PP en los delitos investigados» y coincidiendo con unas noticias aparecidas en un medio de comunicación que relacionaban a Rodrigo Rato, ex ministro de Economía, ex director del FMI y ex presidente de Bankia, «en dos gravísimas irregularidades que beneficiaban (y benefician) en cientos de millones de euros anuales a las compañías eléctricas».
