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Dinero de culto y otros $ -- Paul Buchet

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Crónica digital

Después de los problemas doctrinales y de los problemas morales que esta viviendo la Iglesia, serán los problemas financieros a los que deberá enfrentarse la institución eclesial.
Desde hace tres años el Vaticano termina sus balances en rojo pero las iglesias locales, en todos los países, también, se preparan para mermas importantes en su financiamiento. Las situaciones económicas de las iglesias son muy diferentes según las legislaciones de cada país; el financiamiento del culto, la mantención del clero, la administración, los servicios diocesanos y la acción social de la Iglesia se manejan de maneras muy diversas.

La Iglesia Norte americana y la inglesa viven de donaciones particulares atesoradas en el curso de la historia y pueden vivir sin ninguna intervención estatal. A lo contrario, en Italia, España, Alemania, Argentina y en otros países, el Estado subvenciona el funcionamiento de la(s) Iglesia(s). Para esto, unos calculan del 0,5 al 0,8% sobre el impuesto a la renta de las personas físicas, otros establecen un impuesto especifico que el fisco mismo recauda y destina a las instituciones eclesiales en
proporción y según la declaración religiosa (o non) de cada contribuyente.

En todos los países y cualquier sea el financiamiento existente, la política actual cuestiona estos financiamientos de las religiones hasta piensa necesario limitar sus exenciones de impuestos. La Iglesia mundial va conocer una crisis económica y conviene conocer su repercusión en el país.
La Iglesia chilena, a lo contrario de muchos países latino americanos, vive un aparente “autofinanciamiento”. El Estado no financia el culto. La verdad es que la Iglesia vive mayormente de un financiamiento externo hasta el día de hoy.

Pero se ve obligada desde algunas décadas, a promover la recaudación del 1% o dinero de culto
por la clara insuficiencia de sus recursos internos que disminuyen ya sea por la baja numérica de la cristiandad y la crisis económica. Esta innovación es inspirada de la Iglesia de Francia que desde 1905 ha perdido todo financiamiento fiscal del culto a causa de un fuerte espíritu republicano (“le denier du culte”).

Las Iglesias de USA. o de Inglaterra pueden vivir en autofinanciamiento porque su capitalización les permite funcionar lujosamente hasta el día de hoy por las donaciones tradicionales (activos fijos, propiedades rentables y sobre todo las acciones)
Pero aún así, las disminuciones de estas donaciones y la carestía de la mantención de sus estructuras y de su funcionamiento desequilibran sus presupuestos.

Muchas diócesis chilenas no contaron con las donaciones y las inversiones rentables como para asegurar su financiamiento de la misma manera. Las propiedades y los fundos que las iglesias diocesanas lograron poseer no permitieron solventar sus gastos mínimos. La dependencia económica de la Iglesia chilena se inició a través de las congregaciones y de la generosidad misionera de las Iglesias pudientes. Ayer, se subvencionaron la edificación de los templos, las estructuras parroquiales, los establecimientos de educación, después se promovieron los servicios diocesanos, la
acción social y promocional, hoy en día, este financiamiento se restringe al funcionamiento de los seminarios y de los proyectos pastorales.

Vistiendo ropa ajena, la Iglesia chilena da todavía la imagen de ser poderosa y rica.
El nivel de vida del clero, sus vehículos, los medios de los servicios diocesanos crean una imagen engañosa de la Iglesia ; Caritas Chile es el ejemplo típico de la gestión de una caridad importada.
No se puede cuantificar mucho estos financiamientos externos y su real proporción respecto a las tentativas de autofinanciamiento. Los obispos, el clero y las congregaciones que gestionan estas importaciones financieras mantienen una tradicional discreción en la materia, ya sea por afán de poder o simple rivalidad entre sí para conseguir estos beneficios externos.

Los ricos católicos chilenos no han tenido en el pasado la generosidad de los católicos del hemisferio norte, sus donaciones fueron escuetas. La política del Vaticano de nombrar la mayor parte de los obispos tomando en cuenta su solvencia económica familiar, sus amistades y contactos logró solamente un episcopado elitista y unos aportes económicos particularmente esporádicos y selectivos.

Algunas Iglesias diocesanas (como la de Concepción) lograron capitalizar para asegurarse un funcionamiento mínimo, poseen edificios arrendados y acciones pero son las excepciones. Hay que reconocer que en los últimos años, algunos obispados vivieron muy por encima de sus medios y si no fuera por el salvavidas que les tendieron discretamente y milagrosamente habrán tenido que vender bienes para pagar sus deudas.

A este nivel de nuestra reflexión, y antes de reflexionar a los gastos eclesiales existentes y a las posibilidades de financiamiento directo de la población a su Iglesia, vale la pena detenernos a pensar a esta situación particular del obligado autofinanciamiento de nuestra iglesia nacional.
La primera reflexión que debemos hacer gira en torno al desinterés del Estado para financiar la religión. La Iglesia y el Estado por muy separados que se declararon en 1925, interactuaron históricamente, pero reforzando sus distancias estrictas en lo económico (con la pequeña excepción del sueldo de los capellanes militares y últimamente de los cursos de religión en los colegios).

¿Cuáles fueron las razones de esta actitud? ¿A caso fue por soberbia republicana, reclusión de la religión en la esfera individual, desconfianza de la gestión eclesiástica, altanería de los jerarcas de la Iglesia?

La política de la economía de libre mercado que vienen sosteniendo los últimos gobiernos mantiene un Estado que privilegia por encima de todo la productividad y la rentabilidad. En todos los ámbitos, que sea en la educación, el deporte, el arte y en la entretención, todo se promueve como actividad comercial. Entonces muchos podrán decir ¿Por qué la religiosidad no debería regularse, ella también, por el mercado? ¡Que sus promotores y sus consumidores velen por la mantención de su rubro!

Plantear las cosas de esta manera nos lleva a lo absurdo. A lo opuesto esta la concepción del rol del Estado que debe procurar el Bien Común y esto incluye fomentar las instancias e instituciones valóricas y religiosas que persiguen este fin. Las iglesias deberían junto con las organizaciones sociales y las ONG que buscan reconstruir la sociedad civil en esta selva del libre mercado, exigir el respaldo estatal para asegurar un financiamiento mínimo para su sostén

Los valores humanos y la fe no pueden jamás tranzarse en la bolsa, ni pueden ser objeto de una publicidad comercial, deben ser promovidos institucionalmente por los ciudadanos. El primer rol de los parlamentarios no es de planifican ni auditar la economía del país sino de velar por la convivencia ciudadana y la orientación del futuro de la sociedad nacional. Esta “prosperidad humana” debe anteponerse al crecimiento económico. Es lamentable que no se escuche voces en este sentido antes de hablar del 1%.

Otra reflexión a la que nos obliga esta situación del autofinanciamiento de la Iglesia, es la necesidad de una buena gestión del dinero en la Iglesia. Conocemos las advertencias de Cristo acerca de la perversión del dinero. Las iglesias mismas conocen las distorsiones y divisiones históricas que ha provocado: la simonía, la comercialización de las indulgencias, las cofradías, las mandas a los santos…
El manejo autoritario del dinero en la Iglesia es su pecado repetido. El Vaticano y los Obispos mantienen firmemente los cordones de la bolsa y no parecen querer soltarlos.

Pero las comunidades cristianas no pueden seguir enfeudadas a unos señores y monseñores. En este sentido es providencial que disminuyan los aportes externos para la Iglesia chilena. Unos gastos absolutamente aberrantes como de las nunciaturas, la gestión episcopal autoritaria de todos los bienes y finanzas de las diócesis se prestan para muchos malos manejos. Es necesario que se democratice la función financiera, los nombramientos y las practicas económicas en la Iglesia empezando por establecer una transparencia y unas rendiciones de cuentas públicas de las finanzas de las parroquias, diócesis y organizaciones religiosas nacionales. Deben desaparecer organizaciones
opulentas y elitistas como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo que segregan los fieles más que congregarlos.

Antes de hablar concretamente de la recaudación del 1%, debemos detenernos a pensar a los gastos que se deben solventar en la Iglesia.
No coloquemos en primer lugar ni la mantención del clero ni tampoco la administración de la curia diocesana que son problemas institucionales. Lo primero es lo primero: las vivencias comunitarias de la cristiandad. La “Koinonia”, la solidaridad de los fieles es lo que constituye la “Iglesia” es esto el testimonio que la sociedad espera de ella. Desgraciadamente, la gestión económica está en mano del clero y los comités o consejos económicos existentes sirven sólo para conseguir u organizar beneficios. El financiamiento de la Iglesia debe surgir de sus bases y debe en primer lugar fomentar
las vivencias comunitarias en la Iglesia. La Iglesia es “Pueblo de Dios” antes de ser institución eclesiástica.

Muchas campañas del 1% publicitan la necesidad de la mantención del clero y del culto. Es cierto que pocos son los párrocos o vicarios que son remunerados por su propia parroquia (que tampoco los escogen a ellos). La mayor parte de los sacerdotes reciben un ingreso fijo de su obispado, recibiendo su vivienda y sus medios de movilización de la misma manera. Según sus posibilidades, tienen a de más otros ingresos como el “casual” un aporte cuando celebran misa a alguna intención particular
y su “derecho de estola” les permite recibir una donación tarifada por la administración de un sacramento (bautismos, casamientos, misa de funerales…).

Varios eclesiásticos ejercen en complemento alguna actividad remunerada (clases, capillanía, asesoría…). Algunos viven simplemente, otros benefician de la generosidad de algunos “padrinos”. Existen grandes desigualdades. En las nuevas generaciones de clérigos aparenta un vicio evidente de arribismo y de comodidad que desgraciadamente tiene su raíz en una formación en los seminarios que los sobrevaloran y sobreprotegen por la falta de vocaciones.

Otra necesidad de financiamiento de la Iglesia es la administración de los servicios diocesanos. Estos se han amplificados en las últimas décadas y es difícil de decir si fue por responder a necesidades reales o si fue por afán de un centralismo exagerado o simplemente un afán de prestigio. Con apoyo de financiamiento externo, se ha multiplicado el personal contratado para llenar cargos, para crear departamentos, servicios y fundaciones.

Las oficinas diocesanas mantienen un personal desproporcionado por las labores que se realizan y por la precariedad de los proyectos financiados externamente. Desgraciadamente las asesorías administrativas y contables que podrían revelarlo son mediocres y su ejercidas por personas mal escogidas, acomodadas en sus funciones y que viven lejos de la realidad de la economía eclesial.

Se han conocidos casos de importantes desfalcos operados por administrativos diocesanos pero estos se cubrieron para evitar escándalos para la feligresía.
La creación de los diáconos permanentes que primitivamente debía servir para la gestión económica en las comunidades ha sido desviada hacía funciones sacramentales de suplencia del clero y los que se ocupan de las tareas administrativas, no lo hacen siempre como voluntariado o con espíritu de servicio sino como cargo de confianza prestigiado y muy bien remunerado.

En este panorama, esta promovido la campaña del dinero de culto.
Pero aclaremos que no es el único sistema de cooperación popular a las actividades eclesiales. Las colectas y las alcancías son tradicionales en la Iglesia. Si uno toma por ejemplo el dinero reunidos por las mandas a San Sebastian en Yumbel, uno puede darse cuenta que este aporte financiero de estas erogaciones no es poco significativo.

La importancia dada al culto de los santos y a los santuarios disfraza a penas su interés financiero pero lo más grave es que fomenta una religiosidad individual interesada que aleja más que lo que acerca de la fe auténticamente cristiana.
Las colectas del domingo en la iglesia que primitivamente podían significar un compartir económico comunitario han perdido mucho de su sentido.
Las campañas del 1% deben aclarar que es una obligación católica primordial y distinta de las otras donaciones de caridad. Los fieles son a menudo más convencidos del desprendimiento evangélico por caridad que por este pago de una cuota de pertenencia a la institución católica. Se debe reconocer que la distinción entre una y otra solidaridad distorsiona el concepto de la “contribución a la Iglesia”.

Inicialmente, se entendió esta campaña como una recaudación de las parroquias para organizar su autofinanciamiento. Unos voluntarios recaudaban en su barrio este 1% y se entendía que el comité económico de la parroquia repartía este dinero según las necesidades local: el párroco, el templo, la caridad… y también una parte acordada era enviado al Obispado por esta conciencia de colaborar a mantener la administración diocesana y su obispo.

Poco a poco, se viene uniformándose un sistema distinto: una lista de erogantes del 1% confeccionada por las parroquias (o por cualquier otro medio), unos recaudadores (con comisión de un 10%) cobran este dinero del culto que es enviado al servicio correspondiente del Obispado que centraliza estos aportes y que posteriormente devuelve a las parroquias el porcentaje pactado entre el Obispo y su clero.

Esta fórmula busca asegurar el financiamiento de la institucionalidad católica y mantener una pertenencia individual a ella pero resta su sentido comunitario y cristiano.
Es muy lamentable que se consagre así esta dicotomía. De hecho en los obispados el departamento del 1% es muy distinto del departamento de Caritas o de acción social. Unas organizaciones como la del Hogar de Cristo se marginaron de la vivencia eclesial y operan como verdadera empresa de caridad con sus propios socios y sus propias realizaciones y compiten con el 1%. A este nivel de contradicciones, uno puede preguntarse donde esta la caridad específicamente cristiana.

Se confunden la caridad cristiana y la solidaridad humana y se habla de generosidad cuando se debería hablar de estricta justicia. La pobreza, la enfermedad, la invalidez y la educación deben ser enfrentadas como sociedad, como país. Que el espíritu cristiano impulse a los cristianos a suplir a la acción ineficaz de los legisladores y que muestran a los ejecutivos de gobierno lo que no logran realizar, esta bien, pero que no se confunda las realizaciones sociales con la caridad cristiana.

Entregar un techo a quien no lo tiene es una obra de justicia, un trabajo de sociedad, una reivindicación política donde los cristianos y otros tienen mucho que hacer pero la vida eclesial debe
crear una solidaridad cristiana mucho más especifica que manifiesta un compartir y una
solidaridad ejemplar y a su vez una caridad testimonial hacia a fuera.

Muchas acciones sociales de la Iglesia se limitan a gestionar aportes internacionales y los organismos de Iglesia se lucen de una solidaridad que no tienen, se prestan para ejecutar programas del gobierno de turno cuando su rol más preciso sería de inquietar a las comunidades cristianas mismas para vivir un compartir, una solidaridad propia.

La campaña de la contribución a la Iglesia, su justificación y la dinámica que utiliza merecen así una revisión seria. Volvamos a leer: “Los apóstoles les dicen a Jesús:
“Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse de comer”. Él le contestó:
“Denles ustedes de comer” Le dicen: “¿Vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice: ¿Cuantos panes tienen?…. (Marcos 6, 37).
Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaron que Jesús quería decirle:” Compra lo que nos hace falta para la fiesta” o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. (Juan 13, 29).

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