El Gobierno reconoce que las inscripciones eclesiásticas pueden ser inconstitucionales pero no las anulará y dejará que particulares y ayuntamientos litiguen con la Iglesia en los tribunales. Las asociaciones patrimonialistas sostienen que el Estado no puede eludir su responsabilidad en la recuperación de cientos de bienes de dominio público. ··· Ver noticia ···
Diez ejemplos que prueban que las inmatriculaciones de la Iglesia son una cuestión de Estado
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