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Desigualdad y pobreza: el coste oculto de la evasión y elusión fiscal

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Oxfam, attacmadrid
En nuestro mundo la riqueza no escasea. A lo largo de los últimos 30 años, el tamaño de la economía mundial se ha quintuplicado. De hecho, ha crecido más de un 3% en 2017 respecto al año anterior.
Aun así, la brecha entre ricos y pobres continúa agrandándose: las fortunas de las personas más adineradas aumentan enormemente mientras que la escasa riqueza de las personas más pobres disminuye. Desde 2015, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Actualmente, tan solo ocho hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.

Una de las principales causas de esta desigualdad extrema es el abuso sistemático de un sistema fiscal injusto, que ha alcanzado niveles sin precedentes y obstaculiza la erradicación de la pobreza. Los Gobiernos deben adoptar medidas urgentes contra la opacidad fiscal para ayudar a acabar con la elusión y evasión de impuestos.

Ingenieria fiscal para evadir impuestos

Desde 2014, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha filtrado un gran número de documentos (entre ellos, los conocidos papeles de Panamá) que evidencian cómo la evasión y elusión de impuestos se ha convertido en una práctica normalizada entre las grandes empresas de todo el mundo.

Gracias a un sistema fiscal complejo y poco regulado, empresas multinacionales y personas ricas ocultan sus grandes fortunas y beneficios en paraísos fiscales con el objetivo de reducir su carga fiscal y aumentar su riqueza.

Los paraísos fiscales son la clave de este injusto sistema pues permiten que los ingresos y la riqueza salgan de los países de origen, libres de impuestos y en secreto, y los ocultan lejos de las autoridades tributarias y reguladoras.

¿Quién se beneficia?

Los más favorecidos son los más ricos: las personas adineradas y las grandes multinacionales que se aprovechan de su posición e influencia para lucrarse y usan las estructuras económicas a su favor.

Las personas y empresas más ricas, quienes más impuestos deberían pagar, maximizan sus beneficios pagando el mínimo de impuestos posible, ya sea mediante paraísos fiscales o consiguiendo que los países les ofrezcan exenciones fiscales o tipos impositivos más bajos.

Nueve de cada diez empresas de las 200 más importantes del mundo tienen presencia en al menos un paraíso fiscal. Entre los años 2001 y 2014, la inversión empresarial en estos lugares se cuadriplicó.

En 2015, las 50 mayores empresas estadounidenses ocultaron 1,6 billones de dólares en paraísos fiscales mientras los 20 principales bancos europeos registraron más de un 25% de sus beneficios (25.000 euros aproximadamente) también en paraísos fiscales.

Tal y como han evidenciado los papeles de Panamá, personas ricas de todo el mundo (entre ellas, importantes políticos y famosos) utilizan paraísos fiscales para evadir o eludir el pago de impuestos por sus grandes fortunas.

¿Quién paga el precio?

Cuando ricos o multinacionales acumulan sus fortunas en paraísos fiscales, evitan pagar los impuestos que les corresponden en los países en los que operan y obtienen ingresos. Esto, a su vez, priva a los Gobiernos de fondos vitales para invertir en servicios públicos e infraestructuras como colegios, hospitales y carreteras, y para combatir la desigualdad y la pobreza.

Como resultado, los Gobiernos tienen que recortar estos servicios o compensar la escasez de recursos mediante la subida de impuestos al resto de la ciudadanía. Ambas opciones perjudican sobre todo a las personas más pobres y hacen que aumente la brecha de la desigualdad. Este sistema internacional de elusión y evasión de impuestos está socavando el estado de bienestar incluso en los países ricos.

Pero el impacto es aún más devastador en los países más pobres:

La evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales priva a los países pobres de al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales, dinero suficiente para escolarizar a 124 millones de niños y niñas y evitar la muerte de cerca de ocho millones de madres, bebés, niños y niñas cada año.

Se estima que el uso de paraísos fiscales por parte de los más ricos supone pérdidas por valor de 14.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales para los países africanos, fondos suficientes para financiar servicios sanitarios que podrían salvar la vida de cuatro millones de niños y niñas y, además, contratar a los profesores y profesoras necesarios para escolarizar a todos los niños y niñas del continente.

Cambiemos las reglas del juego

Aunque algunas de las prácticas fiscales son ilegales, muchas multinacionales y personas ricas se aprovechan de la vulnerabilidad de un sistema fiscal internacional obsoleto para no pagar los impuestos que les corresponden sin quebrantar ninguna ley.

Esto exacerba una crisis de desigualdad que ha posibilitado que tan solo 8 personas posean la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial mientras millones de personas viven atrapadas en la extrema pobreza.

Los Gobiernos deben poner fin a la opacidad que permite a las empresas y personas más ricas eludir el pago de los impuestos. Deben trabajar juntos para reformar el sistema fiscal internacional y poner fin a la era de los paraísos fiscales.

Qué puedes hacer

Cuando se trata de pagar impuestos, hay una regla para las grandes empresas y otra para la gente corriente. Y mientras los más poderosos sigan pagando pocos o ninguno, los ciudadanos de a pie se verán obligados a asumir los gastos públicos.

Acabemos con la era de los paraísos fiscales y presionemos para que los líderes mundiales creen un sistema fiscal internacional justo que sirva para erradicar la desigualdad y la pobreza extrema.

Endesa, la principal empresa responsable de las emisiones de CO2 en España
(Pablo Rivas, El Salto, 2-11-2017)
Diez empresas son responsables del 25% de las emisiones contaminantes en España. Emiten el 66,6% del total de gases de efecto invernadero procedentes del sector industrial y energético.

Diez empresas son responsables del 66,6% de emisiones contaminantes procedentes del sector industrial y energético en España. En total, 86,2 millones de toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI). O lo que es lo mismo, el 25% de todos los expulsados a la atmósfera en todo el Estado. En este ‘top ten’ sobresale, un año más, la eléctrica Endesa, propiedad en un 70% de la italiana Enel y dirigida por Borja Prado.
Son los datos que se desprenden del informe Empresas más contaminantes en España: responsabilidad de las grandes empresas energéticas e industriales en el cambio climático, hecho público por el Observatorio de la Sostenibilidad (OS).

El documento analiza las emisiones procedentes de fuentes fijas incluidas en el Registro Nacional de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (Renade) en el año 2016. Estas suponen el 37,6% del total del dióxido de carbono (CO2) emitido a la atmósfera –123,5 millones de toneladas–, procedente básicamente de la industria y el sector energético. El 62,4% restante corresponden a fuentes de emisión de las llamadas “difusas”, entre las que se encuentra el transporte, los servicios, la agricultura o los hogares.
Endesa es la compañía que encabeza el grupo de la decena de empresas más sucias del país. Su actividad produce el 23,2% del total de emisiones incluidas en el Renade, 28,6 millones de toneladas de GEI: el 8,7% del total de emisiones contaminantes del país. Le siguen, con porcentajes por debajo del 10% Gas Natural Fenosa, Repsol y Energías de Portugal (EDP), y con porcentajes por debajo del 5% las compañías Arcelormittal, Cepsa, Iberdrola, Viesgo, Cementos Portland y Cemex.

Según el avance que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) hizo en julio a la UE, las emisiones de gases de efecto invernadero totales en 2016 fueron de 323,8 millones de toneladas, una cifra cercana a las 328,6 millones que había estimado el OS. “Por ello, puede estimarse que estas diez empresas emiten el 25% de todo lo emitido en el país”, apuntan desde el Observatorio. Si la cifra se extiende a las 20 más contaminantes, estas serían responsables del 30% de los GEI que se emiten en España.

Los sectores más contaminantes de entre los incluidos en el Renade son la producción energética, las industrias con grandes procesos de combustión, el tratamiento y transformación de hidrocarburos, la industria del cemento y la transformación química.
Solo la generación energética supone 55 millones de toneladas de GEI: el carbón implica 26 millones, siendo el restante derivado de la generación de ciclos combinados y la extrapensinsular.
En total, las cinco compañías con más responsabilidad –Endesa, Gas Natural Fenosa, Repsol, EDP y Arcelormittal– emitieron el 16% de todas las emisiones de GEI que se lanzaron al aire en 2016 en todo el Estado. Las instalaciones de As Pontes en A Coruña, Compostilla (León), Andorra (Teruel), Carboneras (Almería), todas de Endesa siguen formando parte de las plantas más contaminantes del país.

El análisis del Observatorio de la Sostenibilidad muestra un descenso de las emisiones de los sectores fijos en el periodo 2006-2016. España se encuentra entre los 49 países del mundo que ya han pasado su año “pico” de emisiones, según un informe publicado esta semana por el World Resources Institute (WRI).
En 2007, las emisiones de España ascendieron a 354 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Parte de este descenso se identifica con el descenso en la generación de carbón, que sigue siendo el principal «emisor» de CO2 a mucha distancia del resto. Sin embargo, el Observatorio de la Sostenibilidad advierte de que la sequía puede invertir la tendencia positiva, ya que la falta de agua «hace que se genere más energía a partir de las térmicas».

Según el WRI, haber alcanzado el pico de emisiones en 2010 –tarde en relación con la mayoría de países de la UE– implica que España debe asegurar una reducción del 3% de sus emisiones cada año para limitar el calentamiento global a un aumento de dos grados. 2016 fue el primer año en el que se produjo un descenso porcentual significativo. El año pasado se registraron un 3,1% de emisiones menos que en 2015 según el Observatorio de Sostenibilidad.
Este grupo pide que se establezcan responsabilidades diferenciadas entre empresas para establecer aportaciones equivalente en cuanto a su aportación al calentamiento de la tierra. El Observatorio de la Sostenibilidad recomienda, además, que se terminen las subvenciones a los combustibles fósiles y que se apueste de forma clara por las energías renovables y el autoconsumo.

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