«Si un padre golpea a un profesor delante de su hijo estará creando, cuando menos, un predelincuente». Una mirada serena y un verbo pausado que esconden una tozudez infatigable a la hora de defender lo que cree justo. Se ha involucrado tanto en su tarea que cuesta discernir dónde acaba la persona y dónde comienza el cargo. El Parlamento de Andalucía le ha renovado su voto de confianza. Su tercer mandato tendrá en el nuevo Estatuto a un compañero de viaje inseparable.
José Chamizo de la Rubia (Los Barrios, 1949) es sacerdote y licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, en Historia Contemporánea, por la Universidad de Granada, y tiene la diplomatura en Biblioteconomía por la Ciudad del Vaticano. Ostenta, desde 1996, el cargo de Defensor del Pueblo de Andaluz.
-No es usual el consenso entre los grupos parlamentarios andaluces, pero su nombramiento ha vuelto a ser una excepción.
-Es lamentable que no haya consenso para muchos otros temas, pero yo estoy agradecido a todos los grupos políticos, porque en mi caso lo ha habido. Yo creo que en el futuro tendrá que existir consenso en muchos más temas, porque la ciudadanía en general lo que quiere es que los partidos políticos se pongan de acuerdo en aspectos que le afectan en su vida diaria. Ya es hora de ir haciendo otro tipo de política.
-La presidenta del Parlamento resaltó, durante su toma de posesión como Defensor del Pueblo, su rebeldía y, a la vez, su comprensión hacia las imperfección y limitación de recursos del sistema. ¿Cómo se conjugan esas dos actitudes?
-Eso se conjuga a golpe de insistencia y de paciencia; es decir, yo no cedo en aquello que no me gusta, aunque probablemente habré cambiado en las formas, porque estoy en una institución, pero lo que sí puedo asegurar es que si no estoy de acuerdo en algo insisto hasta llegar a una situación óptima, no para mí, sino para el ciudadano concreto que se ha dirigido a la institución.
-El Estatuto de Autonomía marcará su tercer mandato como Defensor del Pueblo. ¿Qué pueden esperar los andaluces del nuevo articulado?
-Al Defensor del Pueblo, como institución, le afecta todo el Estatuto, pero especialmente el título de derechos sociales. Creo que los andaluces pueden esperar que todos estos derechos se cumplan, no de golpe, porque sería absurdo pensarlo, pero se irán convirtiendo en una realidad. ¿Por qué derechos habría que empezar? Una vez consolidados los de educación y salud, con sus problemas aún por resolver, yo creo que habría que empezar por la renta básica, lo que se ha llamado el salario social.
Cuando una persona no tiene nada en Andalucía, al menos que sepa que cuenta con esta renta básica. Pero ésta no puede ser una prestación económica exclusivamente, sino que tiene que ir con un itinerario, con un acompañamiento social, porque no se trata sólo de dar una prestación, sino que tenemos que hacer algo más para que esa persona salga de esa situación. Y luego queda un tema pendiente, sobre el que llegan más quejas a la oficina, que es el de la vivienda.
-Dentro de los nuevos derechos que recoge el Estatuto se encuentra el que cada andaluz pueda vivir dignamente el proceso de su muerte. ¿Sería el caso de Inmaculada Echevarría, la mujer granadina que ha luchado por ser desconectada del respirador artificial?
-En este caso entiendo que hay una voluntad clara de la paciente, entiendo que son nueve años de sufrimiento y que no hay más nada que hacer. Evidentemente, esta mujer tiene el derecho a no recibir el tratamiento terapéutico y hay, sobre todo, una resolución del Consejo Consultivo. Es un tema muy complicado en el que puede haber, y de hecho las hay, opiniones en contra, que son muy respetables, con las que yo no entro en confrontación, porque además las comprendo. Pero esta no es una situación muy frecuente. Lo que sí hago es reflexionar sobre el dolor humano y sobre la decisión tan fuerte que la propia paciente quiere tomar.
-¿Está el debate de la eutanasia en la sociedad andaluza?
-No. Aquí tenemos todavía mucho respeto a lo que es la vida, incluso en situaciones dramáticas.
-Un tercer mandato le permite mirar hacia atrás con cierta perspectiva. ¿Dónde ha ganado terreno el Defensor del Pueblo Andaluz?
-Se ha ganado en ser referente para determinados colectivos. Se ha ganado hasta ahora, porque sé que cualquier cosa que se haga mal puede acabar con diez años de trabajo y en eso soy muy realista. También hemos ganado en eficacia, a pesar de que a algunas personas las dejamos tremendamente insatisfechas, porque hay actuaciones que no nos corresponden a nosotros, pero eso el ciudadano no lo entiende, porque lo que quiere es que se resuelvan sus problemas. En cuanto a lo que nos queda por hacer, a pesar de que somos una institución muy conocida, tenemos que ser más conocidos, sobre todo entre aquellos que más la necesitan. También resta hacer seguimiento a leyes tan importantes como la de Dependencia o reforzar más aún mi papel como defensor del menor.
-¿Saben los andaluces reclamar sus derechos?
-Sí. El andaluz tipo medio lo sabe hacer perfectamente. Hay una cosa que tienen los andaluces y es que, aunque no les resuelvas el problema, por el simple hecho de haber sido bien atendido, te dan las gracias.
-La creencia era que los andaluces sólo nos quejábamos en los bares.
-Eso está cambiando y el sentido de la reclamación va entrando en nuestro pueblo. Yo no creo que la gente se queje en los bares y luego no haga nada.
-Hablando de alcaldes, hay alguno que parece que le pone trabas a su trabajo.
-Con los alcaldes tengo un sentido, entre comillas, casi de piedad administrativa. En los pueblos pequeños, por ejemplo, no tienen medios para hacer lo que les pedimos. Luego están las grandes ciudades, donde muchos de los temas que propone el Defensor nunca llegan al alcalde, por eso hemos pedido que haya una persona que haga de puente entre el ayuntamiento y nuestra institución.
-Hemos pasado de denunciar a mayores que maltrataban a niños y adolescentes a denunciar que los menores maltratan a sus mayores.
-Esto lo denunciábamos ya en 2000-2001 como un problema emergente y hoy se ha convertido en un problema social de primera índole. Casi siempre se trata de personas de clase media, que normalmente son buenos padres, y que la situación les viene por esas jornadas tan largas de trabajo que tienen tantos ellos como ellas. El adolescente siente una especie de crisis emocional, porque se siente abandonado.
Hay un acto violento por parte del menor, pero hay una trama ahí de responsabilidades, que no de culpabilidades. La mayoría de los padres, sobre todo las madres, no denuncian. Así como sí denuncian a un hombre maltratador, tienen muchas dificultades para denunciar a sus hijos. Algunas veces sí se han denunciado y hay sentencias en firme de condena. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar en el ámbito familiar y en el ámbito social sobre qué está pasando, porque esto no es normal.
-En esta misma línea podemos decir que los profesores y maestros se han convertido en importantes usuarios de su institución.
-Sí, pero curiosamente han disminuido en número, aunque ha aumentado la agresividad de las situaciones. Ya están dando resultados algunas estrategias que están realizando los propios profesores, como la de los mediadores y otras directrices marcadas por la Consejería. Estamos controlando un poco la situación, pero la situación persiste. Y para mí, la situación más grave en estos casos es cuando un padre golpea a un profesor. Y es que cuando un padre pega a un profesor delante de su hijo está preparando, cuando menos, un menor predelincuente.
-La sociedad andaluza crece y mejora muy deprisa, pero hay colectivos y personas que no pueden seguir ese ritmo.
-La sociedad andaluza es muy dual, esquizoide. Te encuentras gente que en preparación no se ha quedado atrás, pero en puestos de trabajo sí. Me refiero a los jóvenes que están trabajando en medios de comunicación, en bancos, en despachos de abogados y en otros muchos empleos, pero algunos no cobran ni 600 euros. Y esa es una forma de quedarse atrás. Hay gente que dice que los jóvenes no se van de sus casas, pero cómo se van a ir.
Hay otros colectivos que, por su dependencia o por historias sentimentales, no sólo se están quedando atrás, sino que viven la exclusión más radical que es vivir en la calle, y este número se está incrementado. Además de ayudar a que toda la sociedad integrada siga avanzando, hay que tener una mirada y un compromiso mucho más fuerte con todos los colectivos que se quedan atrás. Y no me refiero sólo a los sin techo, me refiero también a los inmigrantes; a los discapacitados, a pesar de todo lo que se ha hecho; a los enfermos mentales; a mujeres solas con cargas familiares y a los ancianos que no tienen familia.
-¿Cómo afronta su institución un conflicto como el posible cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real?
-Me he reunido con las mujeres en Cádiz, me han llegado quejas, pero nosotros estamos por ahora pendientes de los pasos de los sindicatos y las administraciones, haciendo un seguimiento a todo y pidiendo, por favor, que se le dé una solución. Es grave para la provincia de Cádiz, pero también están ocurriendo situaciones de este tipo en otras provincias andaluzas.
¿Es un problema puntual?
El tema de la deslocalización de empresas hay que plantearselo muy en serio. Yo ya no sé que caminos o alternativas hay, y no sé si cuando se ponen así hay que expropiar o nacionalizar. Sí, yo ya barajo concepto radicales, porque aquí hay que dar un frenazo. Esto es como una tomadura de pelo: cojo las subvenciones, te mantengo un tiempo los puestos de trabajo y ya, aunque siga ganado dinero, voy a ganar más dinero a otros países, por eso cierro y me marcho.
Me preocupa mucho el tejido industrial de Andalucía, porque esta es la tendencia de todas las empresas. El día que menos te lo esperas cierran y se van. Tenemos que plantearnos de forma moderna esto de expropiar y nacionalizar, que no me parece ninguna tontería; desde luego no como se está haciendo en algunos países de América Latina, pero alguna medida muy radical tenemos que poner en marcha, porque, si no, esto va a continuar.