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Defensa de la Sanidad Pública pide parar el euro por receta en Madrid

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El Plural

El 1 de enero entró en vigencia la medida impulsada por el Gobierno de Ignacio González
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) presentará hoy una reclamación a la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado para pedir que se dé marcha atrás a la aplicación de la tasa de un euro por receta, que se aplica ya en la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero.

La Comunidad carece de competencias
La asociación basa su solicitud en la “ausencia de competencias” de la Comunidad para poder establecer una tasa sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con varias leyes. El mismo escrito ya fue registrado el pasado 31 de diciembre en la sede del Ministerio de Sanidad.

Defensa de la Sanidad Pública alega los artículos 14, 139.1 y 149.1 de la Constitución Española; los artículos 3.2 y 10.14 de la Ley General de Sanidad; los artículos 4, 5, 16 y 30 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; y el Real Decreto 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, informa Europa Press.

La asociación se ha referido también al dictamen del Consejo de Estado de 21 de junio de 2012, que a su criterio apreciaba signos de “inconstitucionalidad de esta tasa que se aplica en Cataluña, así como la resolución del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 acordando interponer recurso contra esta misma tasa en Cataluña”.

Una tasa ilegal
La ADSP de Madrid entiende que esta tasa, “aparte de ser ilegal por invadir competencias exclusivas del estado, impide que el acceso a las prestaciones sanitarias, en este caso las farmacéuticas, se realicen en condiciones de igualdad efectiva, y supone una discriminación a los ciudadanos a los que se dispensa recetas de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social en Madrid”.

La asociación ha indicado que los organismos a los que ha recurrido “deberían de realizar de inmediato las acciones oportunas para paralizar la aplicación de esta tasa en Madrid, al menos hasta que se produzca la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional”.

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