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Bogotá 30 de julio del 2020
 • Ambiente y Sociedad lamenta profundamente que Colombia ocupe el primer puesto como país más peligroso para la defensa del ambiente, durante 2019 fueron asesinados 64 defensores y defensoras. Condena y alerta el aumento de asesinatos de líderes indígenas por el sólo hecho de reclamar sus tierras.  
• Exige la transformación del modelo económico y una protección efectiva para los defensores y defensoras quienes son absolutamente irremplazables.
• Exige respeto a la vida de quienes cuidan las áreas protegidas, y son asesinados por cumplir con su labor.

• La ratificación del Acuerdo de Escazú es necesaria para encontrar soluciones efectivas a este flagelo.
Colombia “una ola de violencia creciente”, así titula la sección del informe “Defender el Mañana” de Global Witness señalando que es uno de los países más violentos para los defensores de la tierra y el medio ambiente. En efecto, el país aumentó a 64 el número de defensores asesinados en 2019, lo cual equivale el doble del 2018, y es la cifra más alta registrada por Global Witness sobre el país.

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad advierte que “Este número representan vidas truncadas, luchas comunitarias amenazadas y desgastadas. El líder sin su tierra no existe, no es suficiente aislarlos de su territorio, que es su vida…  La ratificación del El Acuerdo de Escazú nos abre una oportunidad histórica para lograr una protección efectiva de los defensores, razón por la cual hacemos un llamado al Congreso de la República para que el trámite de ratificación sea desarrollado con celeridad”.

El análisis global de Global Witness registra en el 2019 una cifra récord de 212 asesinatos a nivel global, convirtiéndose en el año más difícil y violento para quienes defienden bosques, ríos y territorios de la industria destructiva.  De los 21 países que encabezan la lista de asesinatos de defensores ambientales en 2019, 10 son países de América Latina y el Caribe, posicionándose como la región más peligrosa para hacer activismo ambiental por tercer año consecutivo. En todo el mundo, personas comunes y corrientes están siendo amenazadas, criminalizadas y asesinadas por hablar en contra de los abusos de los que son objeto, por proteger sus medios de subsistencia, sus costumbres y sus territorios. Entre las causas detrás de estos conflictos socioambientales se encuentran el avance de las industrias extractivas y agronegocios.

María Alejandra Aguilar, Coordinadora de Justicia Climática de Ambiente y Sociedad-AAS comenta que “En comparación con los datos del 2018 del reporte Enemigos del Estado, los asesinatos en Colombia a defensores del ambiente incrementaron en un 62.5% con la cifra récord de 64 líderes asesinados en 2019, lo que significa que en promedio un defensor de la tierra es asesinado semanalmente en el país. En Colombia la situación es dramática, pues asesinan a un defensor de derechos humanos cada 72 horas, el 90% de los asesinatos se mantiene en la impunidad, no hay responsables por los ataques, no hay justicia para las víctimas y no hay garantías de no repetición. Dentro de las poblaciones más afectadas por la violencia hacia defensores ambientales en Colombia, se destacan los pueblos indígenas, un aproximado de 64 pueblos indígenas se encuentran en riesgo de extinción cultural por causas relacionadas  al desplazamiento sistemático y la defensa de sus territorios y modos de vida. La ONIC denunció que hay un genocidio indígena en curso, en 2019 115 dirigentes indígenas fueron asesinados, uno cada tres días; en Colombia aún no hemos entendido que la realización de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades rurales es la misma realización de los derechos a un ambiente sano, un clima estable y un futuro, pues son ellos en las lineas de acción quienes fundamentan las bases de la democracia ambiental y el desarrollo sostenible”.

El reporte resalta la corresponsabilidad de actores institucionales, y privados en el cumplimiento de sus responsabilidades ya que su defensa representa la raíz de amenazas y muertes, así mismo hace un llamado al sector privado a “implementar políticas de tolerancia cero vinculadas a las amenazas contra personas defensoras y garantizar la plena cooperación con cualquier investigación sobre los ataques.  Finalmente, en el caso de los inversionistas reconoce que éstos deben asegurar que su dinero va en la dirección correcta, y los conmina a establecer sistemas de alerta temprana para prevenir posibles conflictos y evitar las muertes.
Ambiente y Sociedad, nuevamente lamenta los asesinatos de las personas detrás de estas cifras, y reitera lo expresado por el ambientalista Wilches Chaux  “No solo son crímenes contra defensores de la Tierra y de la tierra, sino cientos de jóvenes condenados al conflicto armado”.

Ver informe “Defender el mañana: Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”

Ver y descargar comunicado aquí
Mayor información:
Alicia Gómez-
coordinadora de comunicaciones.
aliciagomez@ambienteysociedad.org.co
+(57)3204821467

«El Acuerdo de Escazú: un paso más cerca de su entrada en vigor»

El 22 de julio el presidente de Colombia Iván Duque presentó al Congreso, con llamado de urgencia, el Proyecto de Ley  para la ratificación del Acuerdo de Escazú. Se espera que el Congreso apruebe por unanimidad esta ley reafirmando el compromiso de Colombia frente al fortalecimiento de la democracia ambiental, los derechos de acceso y la protección de los defensores del medio ambiente. De ser ratificado, Colombia se convertiría en el décimo país, faltando sólo una ratificación para la entrada en vigencia del Acuerdo.