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Madrid, 10 de Diciembre de 2012
La presente cumbre se celebra tras la huelga general del 14N y en medio de un
clima de conflicto social permanente ante las agresiones que desde el Gobierno y
ejecutivos autonómicos se están infringiendo a los más diversos derechos sociales
y colectivos.
La Cumbre social ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la huelga general del pasado 14 de noviembre, pues considera que, junto a la alta
participación en la huelga -incluyendo una importante presencia de los/as
trabajadores/as autónomos/as- se sumaron millones de ciudadanos y ciudadanas
en forma de huelga de consumo y en las manifestaciones que se celebraron a lo
largo de toda la jornada y en toda la geografía del Estado. El 14N ha sido la mayor
y más contundente “enmienda a la totalidad” a las políticas del Gobierno.
La Cumbre ha valorado igualmente las importantes y generalizadas movilizaciones
que convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos tuvieron lugar el día
14 de noviembre en casi todos los países europeos.
Pese al éxito de la convocatoria, el Gobierno no ha dado síntomas de interpretar el
rechazo que merecen sus políticas y mantiene la lógica de recortes acompañada
de una fuerte ofensiva ideológica y privatizadora, sin admitir ningún cambio en el
proyecto de presupuestos para el año 2013, elaborados bajo la presión de la troika
europea.
La nueva Ley de Tasas Judiciales, así como del contenido del Anteproyecto de
Ley de reforma de la Ley de Justicia Gratuita, suponen un recorte en el acceso al
servicio público de la justicia y un claro retroceso del Estado de Derecho, pues
limita gravemente y en muchos casos deja fuera de las posibilidades reales de
acceso a la justicia, a amplios colectivos sociales en controversias que son
esenciales para su estabilidad básica, pues están vinculadas a las rentas que
garantizan su subsistencia y la de sus familias.
Esta situación afecta de manera muy especial a las mujeres y sus hijos en edad infantil, debido a que su capacidad económica resulta siempre precaria, e incluso evidentemente empobrecida, ocupando el protagonismo de la nueva pobreza. Además forman parte de la ofensiva que el Gobierno del Partido Popular está dirigiendo contra los bienes y servicios básicos, el Estado de Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, ofensiva en la que está teniendo especial protagonismo el Ministerio de Justicia mediante medidas restrictivas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva con la excusa de la reducción del déficit público, lo que ha dado lugar a la oposición de innumerables colectivos sociales y a aquellos directamente
relacionados con la administración de justicia.
Los miles de desahucios que se han producido en los últimos años son una de las
consecuencias más graves de la actual crisis económica y uno de los hechos más
injustos de la burbuja inmobiliaria alentada por el sector financiero. Estas
dramáticas situaciones han querido ser afrontadas por el gobierno a través de un
reciente Real Decreto Ley. Sin embargo hay que decir que esta norma no da
respuesta a los problemas de la mayoría de las personas afectadas y no responde
a las denuncias, protestas y propuestas de cambio que desde hace años vienen
impulsando las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, ni a las diversas
iniciativas legislativas surgidas desde los grupos parlamentarios en el Congreso de
los Diputados o recogidas en el texto de la Iniciativa Legislativa Popular de la que
han sido promotores numerosas organizaciones y colectivos.
Por ello, sigue siendo urgente adoptar medidas transitorias integrales, en tanto no se modifique la legislación en materia de ejecución hipotecaria y esta medida, no puede ser otra que la suspensión temporal de todos los procesos de ejecución en marcha.
Las medidas de privatización del Sistema Nacional de Salud que, tras iniciarse por
el gobierno del PP en el País Valenciano, se van extendiendo por otras
Comunidades Autónomas y muy en especial en Madrid y Castilla La Mancha,
están obteniendo una respuesta masiva de los y las profesionales del sector y el
apoyo de muchísimos/as usuarios/as y del conjunto de la ciudadanía. Estas
medidas unidas a los recortes introducidos en los últimos meses por el Gobierno
en materia de copago farmacéutico y de determinados servicios, la ruptura de la
universalización de la cobertura publica o la fragmentación de la cartera de
servicios para establecer la participación económica de los/as usuarios/as, están
cambiando el modelo de Sistema Nacional de Salud, universal, público y gratuito y
deteriorando la calidad de la atención.
Los efectos de la moratoria en la aplicación de la ley los recortes de prestaciones
en el Sistema de Atención a la Dependencia están afectando ya a cientos de miles
de personas en situación de dependencia y a sus familias. Decenas de miles de
cuidadoras y cuidadores familiares se han tenido que dar de baja en los convenios
de seguridad social, con las negativas consecuencias que ello va a suponer para
tener derecho a pensión. Los recortes en la financiación de la atención a la
dependencia y en servicios sociales están teniendo también consecuencias en el
cierre de centros, programas y servicios públicos y concertados. Miles de
personas con discapacidad y familiares se han manifestado en Madrid para
denunciar el creciente deterioro de las prestaciones y servicios a las que tienen
derecho. Este retroceso en la atención a la dependencia tiene, además, unas
evidentes consecuencias en la autonomía de las mujeres, ya que de forma muy
mayoritaria son las que se siguen encargando de los cuidados de las personas
dependientes.
Los datos sobre población en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España
hechos públicos el día 3 de diciembre por la Comisión Europea, que confirman los
contenidos en la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, indican que se
encuentran en esa situación el 27% de la población de nuestro país, 12’4 millones
de personas, habiéndose incrementado el porcentaje en 4’1 puntos desde el año
2008. Estos datos revelan el fracaso de las políticas económicas de ajuste que se
están siguiendo con la destrucción de empleo que conlleva y las consecuencias de
los recortes sociales.
El Ministro de Educación, tras unas semanas en un segundo plano por las
generalizadas críticas y movilizaciones contra sus propuestas, vuelve a proponer
una serie de medidas, que además de vulnerar los legítimos derechos lingüísticos
de Comunidades Autónomas, suponen la implantación de un modelo educativo
basado en una ideología ultraconservadora y clasista. Esta propuesta de reforma
del sistema educativo, ha recibido el generalizado rechazo de la comunidad
educativa. En un asunto de tanta trascendencia para el país, hoy es más
necesario que nunca el diálogo y el consenso de las fuerzas políticas, sociales y
educativas para alcanzar un Pacto Social por la Educación. Este Pacto debe
contener las medidas que precisa nuestro sistema educativo para reducir nuestra
tasa de fracaso escolar y abandono temprano, los problemas más acuciantes de
nuestra educación. Además, nuestro sistema educativo debe dotarse de los
medios humanos y materiales suficientes para mejorar la atención educativa a
nuestros estudiantes con el fin de reforzar la necesaria cualificación profesional
que contribuya a erradicar nuestra alta tasa de paro juvenil.
Los presupuestos para el año 2013 han incluido una importante reducción de las
partidas para las políticas de igualdad y para los programas de prevención y
atención a las victimas de violencia de genero, que se añaden a las realizadas en
los presupuestos del año actual.
A todo lo anterior se ha sumado la decisión de no revalorización de las pensiones
según la evolución del IPC, que vulnera el Pacto de Toledo y supone un nuevo
incumplimiento de los compromisos electorales del PP. La falta de revalorización
se suma a la implantación del copago para los pensionistas en el Sistema
Nacional de Salud. Tampoco resulta admisible la modificación de los criterios de
utilización del Fondo de Reserva, que arriesga su viabilidad futura. Esta medida va
a perjudicar a más de 8 millones de pensionistas y tendrá efectos negativos en el
retraimiento del consumo de este colectivo social y por tanto en la actividad
económica y en el empleo. Tampoco se puede olvidar que las pensiones son en el
caso de muchas familias el único o el más estable ingreso y son, por tanto, un
instrumento de solidaridad familiar ante la crisis y el paro. Esta no revalorización
afecta de manera muy especial a las mujeres cuyas pensiones son claramente
inferiores.
Este nuevo incumplimiento electoral del Gobierno, es un nuevo motivo para exigir
la celebración de un referéndum, como viene pidiendo la Cumbre Social y por ello
nos comprometemos a impulsar en las próximas semanas la campaña de
explicación de esta exigencia y la recogida de firmas; para reforzar esta iniciativa
se realizara próximamente un debate especifico en el seno de la Cumbre.
La Cumbre social valora muy positivamente y apoya las diversas movilizaciones
sectoriales que se están produciendo en toda España, así como las que están
convocadas para los próximos días y semanas.
Por último, la V Cumbre Social acuerda la convocatoria de manifestaciones en
toda España el día 17 de diciembre en respuesta a la no revalorización de las
pensiones y a las demás medidas antisociales que sigue aprobando el Gobierno,
tasas judiciales, propuestas de privatización en la sanidad, recortes educativos…
La Cumbre Social seguirá impulsando amplias movilizaciones sociales en
respuesta a los recortes sociales y apoyando las que se realicen por los diversos
sectores. Asimismo se sumará a las movilizaciones que a finales del mes de
marzo tiene previsto convocar la Confederación Europea de Sindicatos en toda
Europa.
