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De la (supuesta) democracia representativa a la (efectiva) democracia participativa -- Nacho Dueñas. Cantautor e historiador

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Enviado a la página web de Redes Cristianas
Tuvo que despertarse un huracán a partir de un bendito 15-M para que nos diéramos cuenta de la terrible mentira en la que se sustentaba toda la arquitectura jurídica del presente sistema. Hasta entonces, muchos de nosotros, que nos teníamos por dignamente informados y relativamente críticos, aceptábamos el montaje de un aparato de poder que, si bien con deficiencias y aspectos considerablemente mejorables, no dejaba de representar un genuino intento de construir una democracia.

Así, es verdad que nos regíamos mediante una constitución aprobada en refrendo, gestionada por unos partidos políticos generadores, con mayor o menor fortuna, de unos espacios de participación popular; las consultas electorales eran limpias, y la prensa, relativamente libre. La policía, no obstante algunos abusos cometidos con cierta frecuencia, se mostraba moderadamente respetuosa con la ciudadanía; y la economía, aún dentro de los cánones del capitalismo, no dejaba de tener una cierta vocación redistributiva, a partir de la puesta en práctica de un keynesianismo socialdemócrata.

En definitiva, hicimos buena la máxima de Winston Churchill de que “la democracia es que llamen a tu casa de madrugada y sea el lechero, y no la policía”. Tuvo que llegar, repito, el 15-M para pensar que es una democracia muy sospechosa aquella en la que el lechero llame de madrugada, y no por la mañana, cuando ya la gente está despierta.

a) El presente régimen es un fraude desde sus orígenes:

Tras la muerte de Franco, la debilidad de la oposición y la relativa fortaleza del establishment dificultó el hecho de dar el primer paso necesario para un Proceso Constituyente, o ruptura institucional (preferentemente pacífica) que derrocase todo el aparato del poder, para que el pueblo, mediante unos mecanismos efectivos de gestión y participación, elaborase un nuevo sistema legal y, en definitiva, una democracia real.

No se trata de un purismo idealista para el embellecimiento moral del novedoso régimen de convivencia a construir, sino de la condición sine qua non de cara a la renovación efectiva de todas las instancias de poder (la judicatura, la prensa, el empresariado, la cúpula militar y policial, la élite financiera, la sindical, el legislativo, el gubernamental…).

Así, una democracia no puede funcionar con la herencia de todo el establishment de una dictadura de 40 años (a excepción de los poderes ejecutivos y legislativos, los únicos en haber sido renovados). Prueba de ello es la descomposición del actual régimen, cuya intensificación ha generado al movimiento del 15-M por reacción.

Por todo esto, ya en los años 60, Antonio García Trevijano, que en absoluto era un revolucionario ni un antisistema, logró convocar a la oposición, en el contexto de la “Platajunta”, en torno a la idea de la ruptura institucional para inaugurar el necesario Proceso Constituyente y dar pie a una verdadera democracia. La traición a este pacto, protagonizada sobre todo por el PSOE y el PCE, sustituyó dicha ruptura por un “consenso” que en realidad fue una claudicación de la izquierda antifranquista ante el deber de implementar la democracia. El actual sistema, meramente electoralista, como veremos a continuación, es la consecuencia de aquel “pacto”.

b) El presente régimen es un fraude desde su construcción:

El poder financiero internacional, agrupado a partir de 1973 en torno a la “Comisión Trilateral”, fomentó que, de cara a un virtual auge de la izquierda en España, se accediese a su “domesticación”, gracias al apoyo económico dispensado desde la socialdemocracia alemana. Es en este contexto cuando el PSOE abandona el marxismo y el PCE acepta la monarquía y la bandera bicolor. Y, lo que es más grave, aceptan unas reglas del juego que en general le fueron impuestas, y cuyo contenido real les imposibilitarían para llevar a cabo las medidas sociales emanadas de sus instancias ideológicas. Nada más inteligente que el progresismo formal gestionando los intereses de los poderes ocultos.

Así, a la muerte de Franco, el PSOE y el PCE renunciaron a la ruptura institucional a cambio de participar en un nuevo aparato que, de apariencia democrática, blindaba al establishment heredado del franquismo (salvo el gobierno y el parlamento, repetimos). De esta manera, las medidas “democratizantes” de Suárez fueron avaladas por las izquierdas mediante la participación de éstas. Por lo tanto, las Cortes franquistas se hicieron el “harakiri”, los partidos fueron legalizados, y se procedió a legislar de cara a la celebración de elecciones libres, y se elaboró y aprobó la Constitución del 78.

Sin embargo, el nacimiento de la Carta Magna, no emanó de ningún Proceso Constituyente, puesto que ello hubiese posibilitado un orden que derrocara a los poderes fácticos ya citados (el ejército, la policía, la judicatura, el empresariado, las finanzas…), algo indispensable de cara a una democracia efectiva, entendida como tal la capacidad de autogobierno por parte del pueblo, y por tanto, de controlar a dichos poderes.

En su lugar, al no haber Proceso Constituyente, no hubo Asamblea Constituyente, sino unas Cortes Generales a las que, con posterioridad a su composición, se les otorgó de modo implícito una facultad constituyente. Además, la Carta Magna fue redactada por 7 señores, sin participación popular alguna. Así, el Parlamento fue una instancia meramente deliberativa; y el pueblo, otra instancia de mero asentimiento a posteriori.

c) El presente régimen es un fraude en su arquitectura jurídica:

Primeramente, la jefatura del Estado es, a espaldas de decisión ciudadana alguna, vitalicia, hereditaria, masculina, y no sujeta a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Y, por lo demás, se trata de una herencia de la dictadura de Franco, como imposición de los poderes fácticos, tal vez como símbolo del blindaje de éstos.

El presidente es elegido por el Parlamento, del cual a su vez emana el poder judicial. La básica separación de poderes que hace más de 2 siglos teorizó Montesquieu como criterio básico de democraticidad, en nuestro país brilla por su ausencia.

Pero más aún: al Parlamento concurren los candidatos integrados en unos partidos políticos. Éstos son agrupaciones de listas cerradas, decisiones verticales, designaciones a dedo, receptoras de ingentes sumas de dinero público y empresarial, así como de espacios mediáticos; omnipresentes, además, de modo jerárquico en multitud de pueblos, autonomías, diputaciones, instancias judiciales, televisiones, consejos de administración, asociaciones de vecinos, empresas públicas, universidades, etc.

Lo inmensamente crematístico de los puestos a ocupar, y el criterio arbitrario de designación al cargo o a la candidatura, nos dan una referencia de la corrupción que esta partitocracia ha podido generar. Estos 30 años de régimen, salpicados de constantes escándalos políticos, ofrecen innumerables ejemplos de lo que estamos afirmando.

Además, el hecho de que apenas se convoquen plebiscitos (que ni siquiera tienen carácter vinculante), o la casi imposibilidad de facto para llevar al Parlamento alguna Iniciativa Legislativa Popular (recogida de firmas para imponer a la cámara el debate y la votación de nuevas leyes), avalan todo esto; por no citar las dificultades económicas y administrativas que suponen la creación de nuevos partidos políticos, así como la Ley D’Hont y el sistema de proporcionalidad, que marginan a las minorías en beneficio de las grandes agrupaciones.

Sólo así se entiende que el PP haya obtenido la mayoría absoluta en las últimas elecciones con únicamente el voto del 30% del electorado, contando con la oposición del movimiento del 15-M que, en las fechas cercanas a los comicios, contaba con el 60% de apoyo en la opinión pública.

d) El presente régimen es un fraude en su aplicación práctica:

La Constitución vigente tiene artículos de gran contenido social pero que hoy en día están inéditos. Con la aplicación de ellos, habría una banca pública por una parte, y unas leyes, por otra, que hubieran imposibilitado la burbuja especulativa y el boom del ladrillo, que son las dos causas de la actual crisis económica.

Por lo demás, la última reforma de la Constitución, verdadero golpe de Estado de facto, al llevarse a cabo al dictado de poderes financieros europeos, y de modo apresurado, sin debate y contra las decenas de miles de cartas que solicitaron un referéndum al respecto, hubiese sido declarada inconstitucional en nombre del principio de soberanía.

Lo mismo hubiese sucedido con los actuales recortes en salud, educación y gasto social, que contravienen la letra y el espíritu de nuestra Carta Magna, si bien con ella en la mano tampoco se hubiese llegado a la situación de crisis que llevó a los políticos a implementar semejantes medidas.

Igualmente, el carácter represor de nuestras fuerzas de seguridad, que practica impunemente la tortura (léanse los informes anuales de Amnistía Internacional); las guerras de expolio, en la que mueren civiles inocentes y niños (Irak, Afganistán, Libia…); o las prácticas gansteriles de nuestras multinacionales (Telefónica, Unión Fenosa, Repsol, Grupo Prisa, BBVA…) no se hubiesen desarrollado de haberse aplicado el contenido de nuestra constitución.

Pero, el hecho de que los poderes fácticos, heredados del franquismo, hayan blindado el actual establisment, para que la ciudadanía continúe bajo su dominio, es lo que ha posibilitado que, tras una apariencia de democracia, nuestro sistema no sea más que un trampantojo que oculta a una élite multipolar que maneja el funcionamiento de los aparatos de poder. Los partidos nominalmente de izquierdas, el PSOE y el PCE, principalmente, les ha hecho el trabajo sucio.

La capacidad, por tanto, de sustituir al tándem PSOE-PP, de reformar el funcionamiento de los partidos, o el modelo de gestión del Parlamento, es un imperativo del espíritu de la Constitución. Pero a la vez es un imposible desde la letra de la Constitución. He aquí el gran fraude de este sistema.

e) Hacia un Proceso Constituyente que construya una verdadera democracia:

El 15-M, entre otras muchas cosas, ha servido para quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta de todo lo expuesto, así como de la constatación de la descomposición de esta supuesta democracia. Probablemente, la consecuencia espontánea de este movimiento social sea el surgimiento de un Proceso Constituyente.

Para ello, a la sombra del 15-M ha surgido la iniciativa denominada Asambleas Ciudadanas Constituyentes, cuya función consiste en abrir en la opinión pública el debate acerca de la necesidad de abrir dicho Proceso Constituyente.

Una vez que una mayoría significativa estuviese por la labor, se procedería a la ruptura institucional, por supuesto pacífica, de modo que la ciudadanía, configurada en “poder constituyente”, en expresión de Rubén Martínez Dalmau, ejerza dicha potestad que legítimamente le corresponde.

Así, consumada la ruptura, el pueblo, en múltiples asambleas y semejantes cauces efectivos de debate y propuesta, protagonizaría la Asamblea Constituyente, para elaborar la nueva Carta Magna, no en función de oligarquía alguna, sino en la de sus propios intereses. Más tarde, los técnicos le darían consistencia y forma jurídica.

Si lo revolucionario de todo esto es el formato participativo de esta Asamblea, no menos revolucionario, suponemos, sería su contenido, cuyas posibles claves consistirían en la intensificación de la participación (listas abiertas, separación real de poderes, descentralización mediante la transformación del Parlamento en una coordinadora de portavoces de las pequeñas asambleas ejecutivas, jefatura de Estado electiva, y no vitalicia ni hereditaria, fomento de los referéndums vinculantes y de las iniciativas legislativas populares, etc.,).

Desde el punto de vista económico, se implementaría el cooperativismo, el autoempleo, la economía alternativa y las pequeñas empresas; se podrían nacionalizar las grandes corporaciones en función del interés general, se implantarían la renta básica y la tasa Tobyn, se gravarían los impuestos de las altas rentas y fortunas, que hoy apenas tributan, para invertir en un efectivo estado del bienestar. Y, no sólo la salud y la educación, sino también las finanzas, serían un servicio y no un negocio, por lo que, para protegerlos de los vaivenes del mercado, se procedería a su nacionalización.

Y entonces, y sólo entonces, el lechero llegará a las 9 de la mañana, y no a las 4 de la madrugada. Tal vez Churchill creía que el sol se movía alrededor de la tierra. Nosotros sabemos que no. Pero no nos basta con saberlo, sino con aplicarlo. En ello estamos.

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