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Fuente: Observatorio eclesial
El gobierno de Daniel Ortega canceló de manera arbitraria, el 23 de agosto, la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús. Todos sus bienes pasan al Estado. Una semana antes confiscó la trascendente Universidad Centroamericana (UCA), de los jesuitas, acusada de terrorismo.
Lo mismo ha pasado con todos los centros educativos y colegios de la compañía.
Ortega traicionó de manera pueril y obscena los ideales
de la revolución sandinista que derrocó a los Somoza,
revolución que contó con cientos de simpatizantes de la
teología de la liberación. Llamada por muchos una revolución cristiana.
Abundantes cuadros técnicos y operativos surgieron de la UCA, ahora sometida.
La radicalización de la dictadura orteguista empezó en
2018, ante las crecientes protestas por el comportamiento arbitrario del gobierno contra la prensa y acciones abusivas para reprimir toda oposición. Se desató una masacre a la población.
La represión del gobierno dejó al menos 350 muertos,
centenares de presos, decenas de miles de exiliados y
millonarias pérdidas económicas en uno de los países
más pobres de América. La justificación fue: un intento
de golpe de Estado financiado por Norteamérica.
José Daniel Ortega nació en La Libertad el 11 de noviembre de 1945. Se convirtió en dirigente revolucionario del sandinismo que derrocó la dictadura de los Somoza en 1979. Ex guerrillero y político, se fue convirtiendo en un adicto al poder, traicionando los valores revolucionarios de su original movimiento.
Ejerció su primer mandato presidencial entre 1985 y
1990. Luego triunfó en las elecciones del 5 de noviembre de 2006 y desde entonces ha sido relegido en tres ocasiones: en 2011,
2016 y 2021. Más de 22 años en el poder han deformado su alma revolucionaria para convertirlo en tirano. Con una pareja, Rosa-
rio Murillo, a quien muchos sostienen que es la que en
verdad toma las decisiones políticas.
Ortega opresor se convirtió en actor que abusa de su
autoridad y es inclemente ante cualquiera que se aso-
me como opositor. Desde 2018, la familia Ortega se ha
orientado hacia una dictadura de gobierno autoritario y
tiránico.
Todas las instituciones ejecutivas, legislativas y judicia-
les son controladas por el matrimonio Ortega-Murillo,
que impide cualquier intervención democrática y social.
Más que dictador revolucionario, Ortega se ha converti-
do en dictador absolutista y arbitrario.
Por tanto, ha trasformado a Nicaragua en un régimen
antidemocrático. Su poder no tiene límites jurídicos y
trastoca el carácter político prexistente.
Ortega ha reprimido a la prensa, intelectuales críticos,
sindicatos disidentes, empresarios, activistas ecológi-
cos y a importantes sectores de la Iglesia.
Desde hace años, la relación Iglesia-Estado en Nicara-
gua ha tocado fondo. Justo el año pasado, el obispo de
Matagalpa, Rolando Álvarez, y cinco sacerdotes estu-
vieron cercados por la policía en el palacio episcopal,
después aprendidos y encarcelados.
La tensión con la Iglesia católica tiene varios episodios.
A inicios de 2022 Ortega decretó el cierre de siete ra-
dioemisoras católicas. También prohibió la procesión
tradicional de la Virgen de Fátima en la arquidiócesis de
Managua.
Sorprendió la expulsión del territorio nacional de las re-
ligiosas Misioneras de la Caridad, fundadas por la Ma-
dre Teresa de Calcuta, quienes se refugiaron en Costa
Rica.
abril de 2019, el obispo Silvio José Báez vive exiliado
en Florida. Ha sido una de las voces más críticas contra
Ortega.
¿Qué dirían del maltrato a clérigos, los actores
religiosos, como Ernesto Cardenal y su hermano Fer-
nando, y el sacerdote diplomático Miguel d?Escoto?
Se acusa a la Iglesia de desestabilizar, que promueve
el odio y el encono hacia el gobierno. Ser un agente
poderoso de desequilibrio social que alienta tanto un
levantamiento social como un eventual golpe de Esta-
do. El argumento para confiscar la UCA es que pro-
mueve el terrorismo.
Pero no idealicemos a la Iglesia católica. Como toda
institución tiene posturas e intereses. Hay sectores que
simpatizan con Ortega y lo apoyan. Otros con su silen-
cio cómplice, lo validan.
Será interesante analizar las posturas clericales ante la
confiscación de la UCA y del desconocimiento jurídico
de los jesuitas para precisar un mapa político de la pro-
pia Iglesia católica en Nicaragua.
Muchos reprochan a Ortega que su gobierno cada vez
se parece más a la familia Somoza. Le recriminan ne-
gocios con conflicto de intereses, convenios económi-
cos ventajosos y corrupción en beneficio de sus familia-
res, leales y socios prestanombres. El papa Francisco
lo calificó como un tipo de dictadura grosera.
Sería una simplificación situar las tensiones entre el
episcopado y Managua como conflicto entre institucio-
nes. El encono hacia sectores de Iglesia debe explicar-
se por la crisis de gobernabilidad y la pérdida de legiti-
midad que arrastra Ortega.
Las tensiones con la Iglesia son parte
de la lucha por el poder. Ortega recurre a medidas au-
toritarias extremas no sólo ante la Iglesia, sino contra
sectores de la sociedad.
Ortega ha llegado demasiado lejos con los jesuitas.
Debe tener presente que el Papa es también jesuita. A
diferencia de 1979, en que el papa Juan Pablo II no
veía con buenos ojos a los sandinistas, el pontífice ar-
gentino podría irse con todo contra Ortega. Veremos.
(jornada.com.mx) 30/08/202