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¿Cuál es el modelo de relaciones laborales del macrismo? -- Luis Enrique Ramírez

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Es claro que el PRO no es un partido político que hace años que se prepara para gobernar el país. Parecía un fenómeno local, encerrado en los límites de la Capital Federal, hasta que el agotamiento de la experiencia kirchnerista y, fundamentalmente, sus errores, le abrieron el camino a un triunfo electoral con el que no soñaba poco tiempo atrás.

Esto, y la imperiosa necesidad de superar algunos problemas urgentes en el funcionamiento de la economía, con improvisaciones, marchas y contramarchas, le ha impedido plantear abiertamente, de cara a la sociedad, cual es su modelo de relaciones laborales y cómo piensa bajarlo a la realidad. Ello sumado a su débil representación parlamentaria, que lo obliga a una incesante negociación, y a una dirigencia sindical no adicta, que tímidamente le muestra sus dientes.
No obstante, cada tanto se le filtran algunos comentarios o iniciativas, que desnudan su pensamiento íntimo. Por ello me ha parecido interesante intentar anticipar hacia donde avanzará en este campo el macrismo, si lo dejan.

Creo que no hay ninguna duda que en el código genético del elenco gobernante están profundamente arraigados los principios y valores del neoliberalismo, en algún caso matizados con un fuerte pragmatismo amoral. Por lo tanto, no es aventurado establecer con cierta precisión algunas premisas con las que se maneja.
La primera es la que sostiene que el modelo de relaciones laborales debe ajustarse al proyecto económico o, dicho de otra forma, que el Derecho del Trabajo debe estar condicionado por la economía y subordinado a ella.

La segunda, que se deriva de la anterior, es la que culpa al Derecho del Trabajo por el desempleo y la falta de competitividad de nuestra economía, en un mundo globalizado. Es de manual primero instalar el tema del desempleo y después proponer las medidas para flexibilizar las “rigideces” de nuestro sistema de relaciones laborales. No hay nada nuevo bajo el sol, por cierto.

Si durante algún tiempo y gracias a la jurisprudencia de la Corte Suprema, se consideró que el ser humano que trabaja por cuenta ajena era el centro referencial del sistema, y esto funcionaba como una suerte de valla axiológica a las reformas peyorativas, hoy la cosa cambió y esa valla ha sido eliminada. El eje ahora pasa por mejorar la competitividad y la rentabilidad empresaria, lo que fundamenta las soluciones técnicas que se proponen para superar los problemas económicos. El centro del escenario es ocupado por cuestiones como la mejora de la productividad laboral, amenazada por un supuesto “ausentismo” patológico que pone “palos en la rueda” del desarrollo económico (Macri dixit).

El sueño del macrismo es facilitar la máxima descentralización empresaria posible, para consolidar un modelo de empresa pequeña y, por ende, mucho más adaptable a mercados cambiantes y con bruscas fluctuaciones. Una empresa que sólo produzca lo que la demanda reclama en cada momento. La herramienta es la legalización y consolidación de la tercerización, siempre resistida por los trabajadores y sus sindicatos, que conocen perfectamente bien sus nefastas consecuencias.

Lorenzetti, actual Presidente de la Corte Suprema, hará su aporte y, con la nueva composición del tribunal, dejará de hacer votos en minoría y fijará doctrina diluyendo toda responsabilidad solidaria de la empresa principal. El art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo tendrá el alcance restringido que pretendió darle la dictadura militar, y las ART dejarán de ser responsables por los siniestros laborales, salvo casos excepcionales.

No es para nada casual que el gobierno haya blanqueado que la desocupación real es cercana a los dos dígitos, y que hay graves problemas en el mercado laboral, con los trabajadores “en negro” y los precarizados. También está en el manual: el próximo paso es proponer medidas para “flexibilizar” el ingreso de nuevos trabajadores y “modernizar” las relaciones laborales (léase “contratos basura”). Tampoco serán muy originales cuando propongan ampliar el período “a prueba”, el “banco” de horas suplementarias, y otras lindezas que supimos ver en otras experiencias políticas (dictadura militar, menemismo, la Alianza, etc.).

La negociación colectiva por industria o rama de industria que imperó en nuestro país durante la vigencia de la Ley 14.250 (no como un imperativo legal sino como consecuencia natural del modo de organización de la empresa), es visualizada como incompatible con las nuevas técnicas de producción. La idea es que a una empresa descentralizada le corresponde una negociación descentralizada, o sea por establecimiento e, incluso, por unidades menores.

Por otra parte, está comprobado que a medida que baja el nivel de negociación aumenta el poder empresarial y, en forma inversamente proporcional, disminuye el poder de negociación sindical. De tal forma se logrará disminuir la previsible resistencia de los trabajadores a las consecuencias de la reforma laboral en marcha.

La intención será hacer prevalecer –ante un conflicto de normas- a la de la unidad menor, que es donde se supone que existirá mayor “flexibilidad”. Se rompe así el principio tradicional de nuestro derecho del trabajo, de la aplicación de la norma más favorable para el trabajador.
No debería extrañarnos que muy pronto se hable de terminar con la “ultraactividad” de los convenios colectivos. Una vieja aspiración del poder económico y financiero local, que varias veces estuvo a punto de ser alcanzada.

En este modelo macrista de relaciones laborales que estamos anticipando, el conflicto debe ser neutralizado. Volver al arbitraje obligatorio de la Ley 16.936, burocratizar aún más el procedimiento obligatorio de conciliación de la Ley 14.786, extender el concepto de los “servicios esenciales” y colocar los “servicios mínimos” en porcentajes absurdos, son medidas que seguramente están en carpeta. Al igual que una modificación al sistema del “procedimiento de crisis”, que permita a las empresas hacer los ajustes aún sin la conformidad del sector sindical.

La privatización de la Seguridad Social seguramente es una meta del macrismo, con un alcance que haría sonrojar al más fanático menemista. ¿Volverán las AFJP? Como tienen mala prensa, aparecerán con nuevos ropajes, pero la idea es la misma. Las ART tendrán (ya lo tienen) todo el apoyo posible para mejorar su rentabilidad. ¿Y las obras sociales? Si pudieran meterle mano, lo harían sin dudarlo. Sólo dependerá de la correlación de fuerzas con el movimiento sindical. Hoy parece difícil, pero mañana, no sé.
En poco tiempo veremos si todo esto es sólo un ejercicio de imaginación o una cruel realidad. En este último caso, la dirigencia sindical estará frente a un enorme desafío, ya que le resultará muy difícil seguir utilizando la excusa de resguardar la “gobernabilidad”, para no confrontar con el gobierno.

OJALA SE EQUIVOQUE!

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