La inclusión de la ordenación de mujeres sacerdotes entre los delitos más graves que pueden cometer los miembros de la Iglesia, anunciada el jueves por el Vaticano, ha suscitado la perplejidad del mundo anglosajón y críticas de muchas asociaciones católicas de base y teólogos progresistas.
Aunque el fiscal de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Charles J. Scicluna, intentó aclarar en la conferencia de prensa donde presentó las nuevas normas que el delito de ordenación de una mujer es «una falta grave contra el sacramento y la doctrina de la Iglesia, y por tanto un delito de entidad menor que el abuso sexual o la pornografía», teólogos como Juan José Tamayo creen que su incorporación a la lista negra demuestra que las nuevas normas «son solo una operación cosmética obligada por la presión internacional».
Tamayo cree que las modificaciones «confusas y oportunistas, porque mezclan asuntos que nada tienen que ver, como la pornografía infantil, que ya es un delito en la inmensa mayoría de los códigos penales, y la ordenación sacerdotal de las mujeres, que no es ningún delito sino un derecho legítimo».
Los vaticanistas aparecen divididos sobre la medida, que codifica una instrucción emanada por el ex Santo Oficio el 19 de diciembre de 2007, cuando convirtió el intento de ordenar a mujeres en una ofensa penada con la excomunión.
El jurista y canonista Filippo di Giacomo piensa que el castigo a la ordenación femenina «no es nuevo, y ni siquiera zanja el problema teológico de fondo, sino que se limita a punir un asunto por otro lado muy marginal».
El historiador Giancarlo Zizola, comentarista de La Repubblica, cree que «es horripilante considerar la ordenación de mujeres un delito perpetuo». «Significa alejarse de la sociedad y olvidar el mensaje de Cristo». El portavoz vaticano, Federico Lombardi, asegura que «la controversia no tiene fundamento». «En la lista hay delitos muy dispares entre sí, y eso no quiere decir que sean equivalentes ni igualmente graves», dice.
