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Crisis prolongada, solidaridad reforzada [y 4]: Una política fiscal para la justicia y la equidad.

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Cristianismo y justicia

El debate sobre la fiscalidad se ha convertido en un aspecto clave en el actual contexto de crisis. Ya hace tiempo que se escuchan voces que apuntan a la regresividad fiscal como una circunstancia agravante de las dinámicas de desigualdad social en los países del norte y como un factor clave en el origen de la crisis. Más recientemente, se ha visto la necesidad de avanzar hacia sistemas fiscales más progresivos como alternativa a los recortes sociales que desde hace unos dos años vienen experimentándose en los países europeos. En los últimos meses, esta cuestión ha adquirido un nuevo auge ante el problema de la deuda y del déficit público y la incesante presión de los mercados.

Por todos estos motivos, creemos que el debate sobre nuestro sistema fiscal no sólo es importante para afrontar esta nueva fase de la crisis, sino también para garantizar la cohesión y la justicia social en nuestras democracias.

Los diferentes gobiernos (tanto central como autonómicos) han coincidido en aplicar políticas fiscales que han respondido en la mayoría de los casos a una misma tendencia: la reducción de los impuestos directos que gravan las rentas y el patrimonio y el aumento de los impuestos indirectos. Así, mientras el IVA general pasaba del 16% al 18%, se ha cuestionado el impuesto de patrimonio; el de sucesiones y donaciones desaparecía en la mayoría de comunidades, y se recortaba el de sociedades.

El resultado de estas políticas nos ha llevado en la actualidad a un sistema fiscal donde la redistribución de recursos es básicamente horizontal, es decir, que la mayor parte de las transferencias se realizan entre asalariados de un nivel similar de ingresos. Por el contrario, casi no existe la redistribución vertical, la que implicaría una transferencia de recursos desde una minoritaria ciudadanía más adinerada, los ingresos de la cual no provienen exclusivamente de las rentas salariales.

Además de esta desigualdad en la redistribución, el resultado también ha sido el déficit de recursos. Ha sido la propia UE la que ha culpado a las sucesivas rebajas de impuestos llevadas a cabo desde 1995 de una parte importante de la grave situación actual del déficit de España. Es importante recordar esto en un momento donde el discurso predominante sólo sitúa el problema del lado del gasto olvidándose del apartado de ingresos.

Progresividad

La política fiscal debe ser un instrumento para reforzar la cohesión, la justicia y la equidad social. Esto implica, en sociedades como la nuestra, un papel de redistribución de la riqueza, que sólo se puede lograr adecuadamente con la progresividad en la recaudación.

Sostenibilidad

El sistema fiscal deber ser tal que permita lograr un desarrollo sostenible, lo cual supone incluir elementos de fiscalidad ambiental, recaudando de modo diferente. Al mismo tiempo, hay que evitar medidas improvisadas que puedan tener efectos contraproducentes a medio y largo plazo.

Coordinación

En un mundo tan globalizado e interrelacionado como el nuestro, sólo es realista una política fiscal que considere desde el inicio una fuerte coordinación internacional y que, de manera particular, apueste por la armonización fiscal en la Unión Europea. De lo contrario, medidas fiscales nacionales sólo provocarían la movilidad del capital hacia otras zonas.

Eficiencia

Al mismo tiempo que se defiende una mayor y más justa recaudación, es necesario plantear una mejor gestión de los recursos públicos, aumentando los niveles de eficiencia. Defender con vigor los servicios públicos no significa necesariamente apostar por el aumento del tamaño del Estado y, mucho menos, por una administración ineficiente.

Véase también “Crisis prolongada, solidaridad reforzada [1]“

Véase también “Crisis prolongada, solidaridad reforzada [2]“

Véase también “Crisis prolongada, solidaridad reforzada [3]“

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