En los últimos años se ha incrementado la inmigración de diversas personas hacia España, la mayoría procedentes de países menos desarrollados. Su participación en la vida económica y social de nuestro país, de manera estable, supone considerar a la inmigración ya no como un fenómeno coyuntural, sino como una característica estructural de nuestra sociedad, que se ha transformado de forma rápida y permanente.
Este hecho conlleva desafíos importantes, asociados tanto a la integración de los inmigrantes en la sociedad española como a la integración de ésta, ahora conformada por una ciudadanía diversa en su procedencia y cultura. Cabe indicar que, a pesar de la rapidez e intensidad en la llegada de inmigrantes, la sociedad española ha dado, en general, muestras de madurez. Hay numerosos aspectos positivos a destacar en la incorporación de inmigrantes al empleo y a la vida educativa, social y cultural de nuestro país. Sin embargo, el paso del tiempo, ciertos hechos y discursos, una nueva etapa en el ciclo migratorio y la crisis conllevan un riesgo elevado de marcha atrás en el proceso de integración y de dar pasos en el mismo camino, hecho que ha conducido
a situaciones extremas en otros países europeos.
Y es que la migración supone la existencia de fronteras, tanto exteriores como interiores. Fronteras que se endurecen con discursos que las legitiman, con leyes, normas y políticas que las consagran y con prácticas administrativas que las cristalizan. Son fronteras que cumplen su función: separar en lugar de acercar e integrar.
La actual situación de crisis económica acentúa el riesgo de elevar muros y endurecer fronteras activando el miedo al diferente que compite por un empleo, ahora escaso, y por unos recursos públicos sometidos a restricciones. De esta forma se enfatiza la vertiente utilitarista asociada a la migración: seres humanos que sirven según las circunstancias, sin tener en cuenta su aportación a la sociedad y a la economía así como sus derechos como ciudadanos.
Somos muy conscientes de la difícil situación que sufren muchas familias en nuestro país, pero también sabemos que los inmigrantes constituyen uno de los grupos de población más expuesto a los embates de la crisis debido a su situación laboral, vulnerabilidad y exposición a la marginación y exclusión.
Nos aproximamos a la inmigración desde la perspectiva de los derechos de todo ser humano, consagrados en declaraciones universales suscritas por el Estado español y desde la fraternidad que nos hace hermanos de toda persona, en especial de las que están en una situación de vulnerabilidad.
Reconocimiento y puesta en práctica de la igualdad, los derechos y valores que nuestra Constitución, y los tratados internacionales suscritos por España, proclaman en materia de derechos y libertades de los extranjeros. Tanto en el interior de nuestro país como en sus fronteras exteriores, en el marco de la Unión Europea, se debe tratar a todo ser humano con la dignidad que merece respetando sus derechos y asegurando la igualdad de todas las personas ante la ley, incluyendo aquéllas que están bajo regímenes jurídicos distintos y que no deben tener limitados unos derechos fundamentales que sí son respetados para el resto de la ciudadanía.
Necesidad de asegurar de manera real y efectiva la cobertura social. Es necesario garantizar a toda persona inmigrante o solicitante de asilo, independientemente de su situación administrativa, el acceso a los servicios sociales básicos, especialmente a la salud y a la educación, evitando situaciones de exclusión social y de “destitución” de derechos económicos y sociales.
Promover la integración ciudadana. Se debe promover activamente la integración, fijando las responsabilidades de cada actor para lograr una convivencia positiva y respetuosa con la diversidad de identidades y culturas y con la Ley. Para ello es necesario tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de muchos inmigrantes privados de recursos y de redes de solidaridad cercanas, así como apostar por políticas y programas específicos de apoyo a la integración y a la participación social y política, dotados de recursos suficientes.
Comprometerse a hacer un discurso responsable para evitar la xenofobia y el racismo. Los partidos políticos, y sus candidatos electorales, deben actuar con veracidad, responsabilidad y humanidad durante la campaña electoral. Ello supone, más allá de las propuestas que cada partido defienda, no utilizar la inmigración como arma arrojadiza. Una campaña electoral puede ser, también, una buena oportunidad para superar fronteras, desmontando tópicos, rompiendo imaginarios falsos y defendiendo una sociedad integrada e integradora.
[Sacado del documento de propuestas “Crisis prolongada, solidaridad reforzada” elaborado por el Apostolado Social de la Compañía de Jesús de cara a la próxima legislatura. Puedes ampliar la información y leer las propuestas en el documento aquí.]
Crisis prolongada, solidaridad reforzada [1]
