El 9 de julio de 2005, más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina hicieron un llamamiento a la sociedad civil internacional para que se sumara a la todavía débil campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel. La justificación para lanzar la campaña estaba clara: Israel ya había incumplido más de 70 resoluciones de la ONU, seguía construyendo un muro declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia, proseguía con la construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este, continuaba robando el agua de los palestinos, despojándolos de sus tierras, expulsándolos de sus casas, empujándolos al exilio, encarcelándolos sin cargos, asfixiándolos económicamente y asesinando a varios cientos de civiles por año, todo ello sin una respuesta por parte de Gobiernos y “comunidad internacional”.
Cinco años después, con la masacre de Gaza y el ataque a la flotilla de ayuda humanitaria de por medio, y mientras organismos internacionales y Gobiernos siguen sin actuar ante los crímenes israelíes, el apoyo a la campaña de BDS crece a grandes pasos impulsada por organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. De hecho, las acciones se han multiplicado tras el ataque a la flotilla, que amenaza con quedar también impune. Israel, que rechaza una investigación internacional, ha creado una “comisión de investigación” que no convence a nadie y cuya propia composición (tres israelíes y dos extranjeros sin derecho a voto, que no podrán interrogar a los soldados que participaron en el asalto) “hace sospechar que está pensada más como una herramienta de relaciones públicas que para examinar realmente los hechos”, según el propio diario israelí Haaretz.
Campaña de boicot
“Mientras el Estado de Israel continúe vulnerando sistemáticamente los derechos humanos con la impunidad que le otorga la inacción de los organismos internacionales, será la sociedad internacional quien, a través del boicot a su comercio y a sus instituciones académicas, culturales y deportivas, presionará para el fin de la impunidad y de la vulneración de los derechos humanos”, mantienen desde la Plataforma Aturem la Guerra y Boicot Preventiu.
Y uno de los países en que el boicot ha tomado más fuerza es Sudáfrica, donde el fin del Apartheid en 1991 fue posible gracias a la lucha interna y a una intensa y larga campaña global de BDS contra el régimen de Pretoria. Allí, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos ha lanzado una campaña para exigir al Gobierno el boicot de los productos israelíes y el cese de relaciones con Tel Aviv. La Unión Sudafricana de Trabajadores Municipales se ha comprometido a trabajar para que todos los municipios del país corten sus lazos con Israel y se sumen a la campaña de BDS. Y el Sindicato de Trabajadores del Transporte y Afines de Sudáfrica ha decidido, igual que hizo en 2009 tras el ataque a Gaza, llamar a todos sus afiliados a no permitir que ningún barco israelí atraque o descargue sus mercancías en puertos sudafricanos. Una medida que también aplican desde el 15 de junio y durante dos semanas el Sindicato de Estibadores de Suecia y, en Noruega, el Sindicato de Transportistas y el de Trabajadores Portuarios. En este último país, según una encuesta realizada tras el ataque a la flotilla, el 43% de los noruegos aplica o tiene la intención de aplicar el boicot a los productos israelíes, y su ministra de Educación ha pedido a todos los países que sigan el ejemplo de Noruega y no comercien armas con Israel.
La respuesta del Estado sionista ante un movimiento que se centra cada vez más en buscar el fin del apartheid en toda la Palestina histórica (Israel y Territorios Ocupados en 1967), y cuyas dimensiones y posibles consecuencias inquietan a sus dirigentes, no se ha hecho esperar. El 9 de junio, 25 parlamentarios presentaron un proyecto de ley ante el parlamento israelí que, de aprobarse, supondrá la prohibición de cualquier acto de boicot. Según esta ley, los ciudadanos israelíes no podrán iniciar, alentar o ayudar al boicot contra el Estado de Israel y cualquiera que viole la orden estará obligado a pagar “compensaciones” a los “perjudicados”. Esta norma afectará también a la Autoridad Palestina, que el 26 de abril se sumó al boicot prohibiendo en Cisjordania el comercio de productos de las colonias israelíes y a la que el Estado sionista castigaría congelando parte del dinero que está obligado a transferirle. En cuanto a los ciudadanos no israelíes que promuevan el boicot, se les podrá prohibir la entrada a Israel durante al menos diez años.
Boicot cultural y académico
Pero el boicot prosigue, y se hace más fuerte también a nivel cultural, académico y deportivo, siguiendo el camino emprendido por la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel, nacida en 2004.
En los últimos meses, antes y después del ataque a la flotilla, Elvis Costello, Carlos Santana, The Pixies, The Klaxons o Gorillaz anulaban sus conciertos en el país, y los israelíes temen que otros artistas sigan el ejemplo. “La mejor estrategia para acabar con la cada vez más sangrienta ocupación es que Israel se convierta en el blanco de un movimiento global como el que puso fin al Apartheid en Sudáfrica”, ha dicho la escritora canadiense, y judía, Naomi Klein, quien también respalda la campaña, como los intelectuales israelíes Ilan Pappé, Haim Bresheeth o Uri Davis y el músico israelí Gilad Atzmon. Mientras, el boicot prospera también en las universidades, donde organizaciones de profesores y estudiantes continúan sumándose a la campaña, siguiendo el ejemplo, entre otros, del sindicato británico University and College Union.
Y mientras cada vez más personas dejan de comprar productos cuyo código de barras empiece por 729, casi cualquier evento con participación israelí en el mundo es recibido por grupos de boicot, cuyo trabajo de presión a Gobiernos y empresas ha logrado éxitos como que el Fondo de Pensiones de Noruega y el Danske Bank desinviertan de empresas israelíes involucradas en violaciones de derechos.
