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CPS ante los recortes sociales

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El movimiento de CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO, una vez más, está al lado de los trabajadores y trabajadoras que están sufriendo los recortes y las agresiones de este gobierno que se comporta como el consejo de administración de los intereses del capital.
El Plan de ajuste aprobado por el gobierno socialista mediado el año pasado supone situarse descaradamente de parte de los intereses del capital, sean los de la banca, la especulación financiera o los de las grandes empresas.

El gobierno también ha dejado claro que ni hablar de echar atrás la reforma laboral y que en marzo vendrá la reforma de la negociación colectiva, sin respetar derechos adquiridos. Mientras tanto, miles de trabajadores están siendo despedidos, el paro sigue aumentando, se suceden las privatizaciones e innumerables trabajadores de ayuntamientos y subcontratas acumulan meses sin cobrar.

Es terrible constatar que nuestro país soporta la tasa más alta de desempleo de la Unión Europea: cerca de 5 millones de parados; las personas jóvenes sufren tasas de paro de más del 40%; 1,2 millones de personas desempleadas no perciben ninguna prestación; en 1,3 millones de familias todos sus miembros están sin empleo; más de 4 millones de personas trabajadoras tienen contratos temporales… un panorama verdaderamente desolador.

Con la reforma laboral de Junio de 2010 el despido es más libre y más barato. Todos los trabajadores y trabajadoras, con independencia del contrato que se tenga, pueden ser despedidos aún más fácilmente y las indemnizaciones se quedan en 20 días, de los cuales 8 días serán pagados con dinero público.

El decreto de la reforma laboral niega a los trabajadores y trabajadoras el derecho fundamental a la tutela judicial, es decir, a una mínima justicia social y vulnera el derecho fundamental a la negociación colectiva, al permitir que el empresario, a su voluntad, pueda dejar de cumplir los acuerdos salariales, los acuerdos sobre jornada, turnos, movilidad funcional y geográfica. La brutalidad del ajuste sigue teniendo aturdida, confusa y desmoralizada a una clase obrera que reacciona como puede.

La coartada que utiliza el gobierno para tomar estas medidas, obedeciendo fielmente los dictados de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, es la crisis y la exigencia de los mercados. Pero esta crisis, que es de gran calado y se prolongará en el tiempo, se debe principalmente a la deriva especulativa y a la voracidad del propio sistema por elevar su tasa de ganancia a costa de los trabajadores y en especial de los jóvenes, las mujeres y los pensionistas, que somos quienes pagamos todos los efectos negativos: destrucción masiva de empleo y empobrecimiento creciente de la mayoría social. Ante esta crisis consustancial al capitalismo, lo que hace el gobierno español es inyectar miles de millones de euros de dinero público a una banca que bloquea el crédito, presta una mínima parte de lo recibido y emplea la mayor parte en sanear sus cuentas, sin cambiar ni una sola coma de las normas que siguen permitiendo la especulación generalizada y la acumulación ingente de riesgo.

Por otra parte, para reducir el déficit se le congela la pensión para 2011 a más de 6 millones de pensionistas cuando el 68% de los 8,2 millones de pensionistas tienen una pensión anual que no llega al salario mínimo interprofesional. Además, el gobierno ha acordado reformar las pensiones con el único objetivo de recortarlas: se eleva la edad de jubilación a los 67 años, aumenta en diez años el período para el cálculo de la pensión (de 15 a 25 años) y para cobrar el 100% de la pensión habrá que tener entre 37 y 38,5 años cotizados.

El sistema público de pensiones NO está en riesgo, ni ahora ni dentro de 20 años. Esa información es rigurosamente falsa. La Seguridad Social es la única estructura del Estado que tiene superávit, y está previsto que lo siga manteniendo en los próximos años. No es tanto el problema de la sostenibilidad futura de las pensiones públicas, como la defensa de otros intereses. Lo que persiguen todas las reformas estructurales en marcha o anunciadas es cambiar radicalmente el actual modelo social y desmontar los servicios públicos para dar cabida a su privatización, y por tanto al negocio de las aseguradoras, bancos y otras entidades financieras, en este caso concreto con los planes de pensiones privados.

Vistas las posiciones del gobierno y la patronal, la burocracia sindical -encabezada por la cúpula de CCOO y UGT- frenaron el enfrentamiento directo con el gobierno y la movilización de la clase obrera. La actitud de los dirigentes sindicales ha sido simplemente de acatamiento a todo el “plan anticrisis” de los banqueros, la UE y el FMI, No estamos en contra de los sindicatos, sino de los contenidos pactados y de cómo han llevado las elites sindicales esta negociación. En estas circunstancias el reto y la oportunidad para el llamado sindicalismo de clase alternativo es enorme.

No hay atajos ni desesperaciones para responder a la situación, no hay otro camino que seguir aunando fuerzas para recuperar un referente sindical de clase que crezca y se fortalezca arropando las luchas y trabajando desde la base, para convertir en un clamor de millones la exigencia de huelga general y lograr que en la salida a esta crisis no prevalezcan los intereses del capital sobre los derechos de los trabajadores.

Finalmente, tenemos que decir que no nos extraña el clamoroso silencio de la jerarquía de la Iglesia católica ante este atropello a la clase obrera, puesto que su voz solo se oye en la defensa de la tradicional familia cristiana y en temas de sexualidad. Nosotros nos situamos del lado del mensaje de Jesús, a quien mataron los poderes imperialistas romanos y los poderes religiosos por defender a los marginados y excluidos.

CPS de Madrid

Febrero de 2011

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