Puede afirmarse que en el ámbito local la participación se encauza a través de la representación política por representantes populares elegidos directamente por los ciudadanos, pero no se agota ahí, sino que se fomenta también la participación ciudadana en las funciones administrativas a través de las asociaciones de vecinos y movimientos asociativos, como mecanismo idóneo para controlar las decisiones del poder y ofrecer cauces para orientar las demandas sociales que no siempre resulta posible ejercer con la sola representación electoral.
Textos legales como la ley de referéndum, la ley de bases de régimen local y la ley de iniciativa legislativa popular contribuyen a incorporar técnicas de participación política directa de los ciudadanos en los ámbitos regional y local y para cuestiones de naturaleza político-administrativa.
El Reglamento de Organización y funcionamiento de las Corporaciones Locales, aunque tiene su origen legal, sin embargo las formas y la aplicación concreta se aprueban y modifican por las mismas corporaciones locales, con peligro de enrocarse en la autodefensa y obviar la participación ciudadana. Por desgracia para la participación ciudadana, se suelen introducir artículos que se distancian mucho de una apertura participativa y una tendencia a defenderse de los ciudadanos.
Teniendo presente el concepto genuino de participación, propugnado por la Constitución española, como aparece de modo explícito en los artículos: (9,2; 22.1; 23,1; 29.1; 34; 87.3; 105 y 129.1 que están aún vírgenes en cuanto a su cumplimiento) no existe razón alguna para que las grandes decisiones que afectan a la comunidad sean fraguadas por pequeños grupos, sin que en estas tomas de decisiones tengan algo que decir el movimiento asociativo ni los ciudadanos en general.
De nuestro marco legal constitucional es fácil deducir que existen sobrados medios técnicos para dar acceso a los ciudadanos tanto no sólo a la información como a la participación en la toma de decisiones. Compaginar gobierno y participación sigue siendo una asignatura pendiente.
El ejercicio de la autoridad en las instituciones representativas debe realizarse siempre dentro de los límites del orden moral procurando el bien común. Es entonces cuando los ciudadanos están obligados a obedecer en conciencia. Pero, cuando la autoridad, rebasando su competencia abusa del poder actuando a espaldas de los ciudadanos, y, a veces, en su contra, éstos no sólo pueden actuar lícitamente, sino también tienen obligación moral de defender sus propios derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esa autoridad.
Conforme a la Ley 57/2003, que pretende la modernización del gobierno local, hay que arbitrar mecanismos de control de la Administración por parte de los ciudadanos para evitar la excesiva intervención de los ayuntamientos que tratan de dirigir y dominar casi todo y silenciar todo, como consecuencia de una postura de los dirigentes públicos que parece basarse en que les preocupa todo lo que no controlan. El miedo a perder poder lleva algunos políticos a encerrarse en sí mismos, a echar cerrojos, situarse a la defensiva y a mirar al movimiento asociativo como enemigo
Para consolidar la Democracia sigue siendo necesario y urgente un cierto equilibrio entre participación ciudadana y la capacidad de decisión del gobierno. El exceso de intervención por parte de la Administración puede convertir a los ciudadanos en súbditos, Por ello, sólo una sociedad libre e independiente, a la que la Administración sirva y apoye, será capaz de mejorar el presente y preparar el futuro.
Es necesario y urgente defender que no hace falta una Administración que lo regule todo para dominarlo todo, sino una Administración que reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, iniciativas que surjan de las fuerzas sociales.
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